Además de las fuertes dudas que plantea el debate de si tiene o no rango constitucional, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) penosamente deja mucho que desear en el combate a la corrupción y en esta situación su nombre es lo más visible en el objetivo que persigue ya que los hechos no respaldan su existencia.

En 10 años de existencia no ha trascendido una sola denuncia basada en una investigación seria, rigurosa que haya sido realizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción que haya hecho tambalear a los Gobiernos, así como lo hizo en varias ocasiones la Contraloría General de la República (CGR). Considerando el rango de acción que se resume en atender denuncias e iniciar investigaciones solo sobre instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, además de la rara metodología de derivar los cuestionamientos y denuncias que reciben a los propios organismos denunciados, torna hasta ridícula su existencia y esto hace que resulte caro para el costo que conlleva el mantenimiento de su estructura.

Nuestro diario viene realizando publicaciones desde hace un año sobre la ineficiencia de la Secretaría Anticorrupción y con ellas se revelaron que esta institución básicamente cumple el rol de pasapapeles, al limitar su tarea en recibir denuncias y derivar a las unidades de Transparencia de las administraciones denunciadas. El trámite que hace la Senac equivale a la gestión de ordenanza y en estos términos se degrada la función de un organismo de control eficaz.

Precisamente, en el 2022 nuestro medio daba a conocer que, en tres años y medio de gestión de la Senac, administrada en ese entonces por René Fernández, recibió 5.305 denuncias de supuestos hechos de corrupción de las que investigaron 2.995 y solo detectaron 18 casos con indicios de hechos punibles que remitieron al Ministerio Público, cuando a diario los medios de comunicación y las redes sociales difunden infinidad de presuntos ilícitos cometidos en la función pública.

El primer gran escándalo de las compras al inicio de la pandemia fue la licitación a puertas cerradas, a las apuradas y amañada de USD 13,5 millones que se cocinó en el Ministerio de Salud con el clan Ferreira. La prensa detectó direccionamiento, sobreprecios, dilaciones para entrega de documentos a la medida de las posibilidades del clan favorito, contexto en el que la Senac brilló por su ausencia. El colmo fue cuando el titular de Anticorrupción René Fernández junto con Arnaldo Giuzzio, como voceros de la comisión de control creada por el Gobierno, salieron a decir a la ciudadanía que no hubo daño patrimonial.

Casos como la fallida compra de vacunas con el mecanismo Covax con un pago adelantado de USD 6,8 millones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la que sigue sin recuperar USD 5,6 millones. La Pasarela de Ñandutí con sobreprecio de G. 3.000 millones, los problemas que pudieran haber en el malogrado proyecto de conectividad con megapresupuesto de USD 62 millones, la compra de comisarías “de oro” en el Ministerio del Interior en los tiempos de Villamayor, los responsables del retraso y abandono en la construcción de aulas durante la pandemia, les gestiones casi mafiosas de desmantelamiento de control en puertos con el auge de la narcoexportación, la adquisición de agua tónica en Petropar para combate al covid, los tapabocas “de oro” en la Dinac son eventos que golpearon a la ciudadanía mientras la Senac estaba casi ausente, sin el protagonismo esperado por la función que se ufana.

Sin embargo, a los contribuyentes les sale cerca de G. 4.000 millones el sostenimiento de una institución sin protagonismo en el combate a la corrupción y el resguardo del bien público.

Es imprescindible que se reorienten los recursos y se financien instituciones productivas para los intereses del Estado. Tanto la Contraloría como la Fiscalía tienen un peso extraordinario que, con mayores fondos, pueden revolucionar en la detección de irregularidades y de los delitos.

Las autoridades deben dejar de crear instituciones, fortalecer las existentes y extinguir las que no son eficientes.

Se torna imperante la optimización de los recursos públicos y esta necesidad hace impostergable estrategias administrativas adaptadas a la economía de la gente y no al bolsillo de los oportunistas.