Lastimosamente, las institucio­nes de control, de inteligencia y seguridad son las grandes apla­zadas durante este gobierno. La agenda política ha desplazado los temas de interés para la ciudadanía y algunos entes de inteligencia han sido mal utiliza­dos. Recuperar la moral y perseguir los objeti­vos de combate a la corrupción deben ser prio­ritarios para este gobierno, al que le queda poco tiempo, y para los posteriores.

Hemos visto que secretarías como las de Anti­corrupción, Antidrogas, Anticontrabando, ministerios de seguridad como Interior, así como instituciones de inteligencia, en el caso de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vienen disparando para todos lados, menos para salvar al país de la real corrupción que lo carcome.

Es imposible que en estos 4 años hayan exis­tido apenas 18 casos relevantes con indicios de hechos punibles. Sin embargo, desde la Secreta­ría Anticorrupción solo pillaron esta cantidad de supuestos hechos de corrupción, cuando hay un mar de denuncias y desfalcos que tienen has­tiada a la ciudadanía.

La Unidad Interinstitucional Anticontrabando es burlada a todas luces por el comercio ilegal producto del contrabando. Desde puestos de venta de combustibles a lo largo de las rutas de nuestro país hasta grandes comerciales, centros de distribución, calles y avenidas están invadi­das por productos de todo tipo que ingresaron en negro a nuestro mercado.

No podemos olvidar, gracias a investigaciones periodísticas, el caso de los 40 grandes camio­nes que ridiculizaron los controles de la Armada Nacional para meter grandes cantidades de pro­ductos de contrabando. Hasta ahora, este caso no ha sido resuelto; peor aún, las altas autori­dades anticontrabando continúan con los defi­cientes resultados al frente de estas sensibles instituciones de verificación.

Recientemente, gracias a la prensa de nuevo, nos enteramos cómo los organismos de seguri­dad han sido vulnerados en temas muy delica­dos como las investigaciones de inteligencia a estructuras del narcotráfico.

Las filtraciones desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como desde el Ministerio del Interior, avisando a los jefes narcos de los operativos que se activaban, no pueden quedar impunes. La Justicia debe llegar a los responsa­bles, estamos arriesgando grandes cooperacio­nes internacionales de inteligencia en el com­bate al crimen organizado.

Las escuchas transcriptas en el informe de inte­ligencia del operativo antinarcótico A Ultranza Py, el más grande del país en los últimos tiem­pos, comprometen seriamente a los organis­mos de seguridad. No se puede seguir dejando al zorro al cuidado del gallinero. Las filtracio­nes direccionadas contra el adversario de turno han perjudicado enormemente con la desinfor­mación y han hecho perder de su misión a las instituciones que deben velar por la seguridad del país.

Lo ocurrido con las filtraciones desde la Sepre­lad hace un tiempo, tratando de instalar eviden­cias contra el enemigo político, es una verda­dera vergüenza. En plena etapa investigativa, la irresponsabilidad del entorno del presidente de la República generó escándalo con facturas viralizadas, cuyos conceptos fueron distorsio­nados por medios de comunicación que en ese momento estaban en plena campaña política a favor de un sector del Partido Colorado.

Esta peste de filtraciones maniobradas que contaminan estas principales instituciones de control debe ser sanada. Quien tome la posta del país tendrá la misión de despolitizar las referi­das entidades antes de que terminen prostitu­yendo completamente los objetivos del Estado.

No obstante, es importante reconocer la pelea que hacen desde la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contra­taciones Públicas, dos organismos de control desde donde se han dado muestras importantes en resguardo de la cosa pública. En honor al tra­bajo de estas instituciones, no podemos seguir tolerando que se politicen organismos que tie­nen en sus manos nuestra seguridad, nuestra economía y otros derechos que nos conciernen.

El presidente de la República todavía tiene tiempo de descabezar las entidades de inteli­gencia, seguridad, anticontrabando y antico­rrupción para evitar que se sigan destrozando, tal como manifiestan algunos críticos sobre la situación que nos toca.

Fortalecer el control a través de instituciones con administraciones serias, objetivas, que se aboquen a perseguir la corrupción, la impuni­dad y no al adversario, es la única vía en el com­bate delictivo. Los acomodados que se aprove­charon de la coyuntura y las alianzas políticas para copar puestos de control deben ser desti­tuidos por vulnerar la misión objetiva.

Mirar para adelante es corregir los errores, acu­dir a servidores públicos leales a los intereses de la sociedad, para que estos recuperen el timón que hemos perdido en la ofensiva contra la ilega­lidad, es una obligación para quienes gobiernen.