Mientras la seguridad ciudadana está siendo arrebatada por cri­minales de diferentes niveles de organización –partiendo de indi­vidualidades homicidas–, el Gobierno en pleno está embarcado en un proselitismo desenfrenado y desesperado por instalar candidaturas oficiales tanto para la Presidencia de la República como para la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Y como nunca, el Poder Eje­cutivo se está descarrilando en todos los frentes. Los sicariatos no se limitan ya a las comunidades fronterizas, llegaron al departamento Central y Asunción con índices que serán uno de los mayo­res estigmas de esta administración. No existe política de prevención de la delincuencia. Y eso que la sociedad solo se detiene en los casos que causaron conmoción y que desnudan la absoluta desprotección de la gente. Cualquiera, en cual­quier momento y en cualquier lugar, puede ser víctima. Es aún más complicada la situación por­que existe una sensación evidente de que hemos normalizado los “ajustes de cuentas” entre gru­pos enemigos. Ni siquiera ese cobro de facturas entre criminales debemos tolerar porque sería una peligrosa evasión que estará abriendo las compuertas a una espiral de violencia que nos irá arrastrando cada vez con mayor furia.

Durante estos últimos cuatro años, el Presidente nunca se acordó que tenía la misión y la función de gobernar. Exhibe números en cuanto a kilo­metrajes de rutas que nadie, hasta hoy, pudo comprobar. En varias oportunidades, desde dife­rentes espacios de nuestro diario, hemos suge­rido al Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) que demuestre en números reales los logros de los que se pavonea. Así podre­mos corroborar si las obras fueron exclusiva­mente diseñadas y ejecutadas en este período o también se adjudicaron en toda su extensión aquellas que estaban a punto de concluir. Demás está decir que la calidad de las rutas, de acuerdo a publicaciones que no son nuestras, está muy por debajo de los rangos exigidos, pues a poco de inaugurarse ya se están deteriorando acelerada­mente.

Dentro del sector de la salud pública, su caba­llito emblema, las unidades de Salud de la Fami­lia (USF) no están equipadas o ya se encuentran con graves fallas de infraestructuras. Todo queda registrado y documentado en los medios de comu­nicación. El Instituto de Previsión Social (IPS) está contaminado por la corrupción, haciendo ganar licitaciones leoninas a empresas amigas del vicepresidente de la República y aspirante a la primera magistratura de la nación, Hugo Veláz­quez. Mientras tanto, no cumple con sus servicios más básicos, como la atención rápida y provisión de medicamentos a los asegurados. Al contrario, ofrecen un trato humillante, en casi todos los cen­tros –sobre todo en la central–, a quienes con sus aportes sostienen el funcionamiento de la insti­tución. Los que más sufren, ante una indiferencia que solo puede calificarse como miserable, son los pacientes oncológicos.

La permisividad o complicidad de este gobierno con el trato abusivo, unilateral y discrecional del Brasil en el manejo de la Itaipú Binacional, de la cual somos dueños condóminos en los papeles, está poniendo en riesgo nuestro futuro de sobe­ranía energética, que está directamente relacio­nado con nuestro futuro de desarrollo económico. Durante el último mes, el todavía ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, Euclides Acevedo, se pasó recorriendo los medios, haciendo proselitismo por su propia precandidatura pre­sidencial, en tanto que el ente hidroeléctrico no tiene una tarifa consensuada. Tanta es la indolen­cia gubernamental ante esta crisis de imprede­cibles consecuencias, que el Consejo de Admi­nistración de la Itaipú exhortó a los integrantes del Directorio Ejecutivo a definir para mayo este punto crucial para la empresa binacional.

Y para concluir, veremos hasta dónde este gobierno está inmerso en el contubernio para declarar canilla abierta para la corrupción en Petróleos Paraguayos (Petropar), puesto que el Congreso de la Nación, por mayoría, aprobó que pueda realizar sus compras directas sin parti­cipación de la Dirección Nacional de Contrata­ciones Públicas. Lo sensato –una materia rara– sería que el Ejecutivo vete la ley. El titular de la institución, Denis Lichi, anda más preocupado por su campaña proselitista en la búsqueda de la Gobernación de Cordillera en representación del oficialista Fuerza Republicana. El negocio debe ser grande, que los liberales y senadores José Ledesma, alias Pakova, y Enrique Salyn Buzar­quis defienden este procedimiento, que algu­nos analistas consideran como una licencia para robar a mano llena.

Como podrá apreciarse, la inseguridad que nos acorrala y asfixia tiene varios matices. Aunque la que más atemoriza tiene que ver con asaltos, secuestros y asesinatos, no podemos dejar de observar esta terrible inseguridad institucional que deviene de su propia debilidad interna. La corrupción también tiene las características del crimen organizado.