El consejero del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, designado por el Poder Ejecutivo para inter­venir la Municipalidad de Asunción, a cargo del inten­dente Óscar Rodríguez, deta­lló las acciones que encarará durante el plazo de 60 días.

“Lo primero que haré como puntapié inicial es examinar el flujo de caja, cuáles son las recaudaciones que se tienen, las disponibilidades con que cuenta el municipio y fijar un calendario de cronograma de ejecución de obras en curso de manera a que pueda explorar cuáles son los recursos presu­puestarios que tiene los ser­vicios en ejecución y cuáles son las proyecciones de las recaudaciones así como los gastos rígidos que se tienen que ir cubriendo”, indicó al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Por su parte, el economista y exviceministro de Adminis­tración Financiera, Ramón Ramírez, designado por el Ejecutivo para intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto, refirió que la instrucción del presidente Santiago Peña fue realizar un trabajo técnico y ajustado a las normas.

“Voy a formar un equipo de trabajo calificado, multidis­ciplinario y nuestro compromiso es realizar el trabajo dentro del plazo establecido en la ley y restaurar la norma­lidad institucional en la bre­vedad posible en Ciudad del Este. La indicación del presi­dente Santiago Peña es hacer un trabajo serio, técnico, ajus­tado a las normas”, señaló a la 1080 AM.

La coordinadora de la Con­traloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el perfil del interven­tor designado por el Ejecu­tivo, el economista y exvice­ministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, como un profesional de des­tacada trayectoria.

El concejal colorado de Ciu­dad de Este Richard Alfonso expresó que tienen mucha fe y confianza en el interven­tor, el economista y exvice­ministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, designado por contar con un excelente perfil técnico.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso esgrimido por polí­ticos opositores, colorados disidentes y medios de comunicación afines, que alegan que es un hecho que la intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, será un mecanismo para castigarlo y sacarlo de la arena electoral. “Hace 7 años yo estoy denunciando los robos que hay en Ciudad del Este y lo que encontrará el interventor será la punta del iceberg de corrupción”, expresó el legislador a los medios de comunicación. “Lo que fue un hecho es que ellos (opositores) quisieron blanquear a Prieto, que los diputados colorados votaron en mayoría por las intervenciones a la Municipalidad de Ciudad del Este y Asunción, esto habla que el sector del Partido Colorado quiere la transparencia”, comentó Núñez.

La Asociación Nacional de Ase­gurados del Instituto de Previ­sión Social (IPS) mantiene una postura en contra con respecto al proyecto de ley de seguro de desempleo, que implica un aumento del 1 % en los aportes de los cotizantes de la previsio­nal, tanto obreros como patro­nales. Afirman que la iniciativa sobrecargará al sector formal, ya que el 70 % de los trabajado­res son informales. Eduardo Aguayo, presidente del gremio de asegurados, se posicionó en contra del proyecto de ley, aten­diendo a que tal iniciativa debe­ría ir acompañada de un plan de generación de empleos. “Si no existe un plan de generación de empleo, entonces solamente terminará siendo un carácter paliativo y se podría concebir como populista”, dijo el diri­gente a la 780 AM.

No obstante, Aguayo concedió que el seguro de desempleo es importante, pero que la falta de empleo es un problema estruc­tural y que el proyecto de ley no contempla un estudio que avale su viabilidad.

“La canti­dad de trabajadores informa­les abarca un 70 % de la pobla­ción económicamente activa. No sabemos cómo podría un número bajo de trabajadores formales poder eventualmente hacerse cargo de trabajadores que pueden perder el empleo”, mencionó.

El pasado martes, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, resol­vió devolver el proyecto de ley a las comisiones para nuevos estudios y dictámenes, enten­diendo que, de la manera en que está planteada, generaría una carga adicional al sector for­mal. La iniciativa no contaba con dictámenes favorables de parte de instituciones como el Ministerio del Trabajo, que subrayó el aumento del porcen­taje de aporte tanto para traba­jadores como para empleado­res, lo que podría desalentar la formalización.

Además, se criticó que el monto del seguro fijado en el proyecto implica un alto porcentaje que no se observa siquiera en los paí­ses de primer mundo, por lo que se recomendó repensar la cifra y llegar a números sostenibles que no desalienten el empleo.

“Dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”. Con este mensaje, el presidente de la República, Santiago Peña, informó a través de sus redes sociales que firmó la promulgación de la Ley conocida como “Letrina Cero” en todas las escuelas y colegios públicos del país.

En compañía de uno de los proyectistas, el senador colorado Silvio Ovelar, el jefe de Estado dio una última revisión a la Ley sancionada por el Congreso que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025 (PGN 2025), correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La presente legislación dispone una ampliación del presupuesto del MEC, por un valor total de G. 48.000.000.000 (recursos del tesoro nacional). Con ello, se llevará adelante la construcción de sanitarios modelos y sexados en todas las instituciones educativas públicas.

Esta normativa busca erradicar definitivamente el uso de letrinas en centros educativos, garantizando condiciones dignas de saneamiento para los estudiantes, apostando de esa forma a su bienestar y un futuro mejor.

La ley promulgada establece además, que el Ministerio de Educación y Ciencias, será el responsable de ejecutar dichos recursos, destinados a la construcción de baños en diferentes instituciones educativas del sector público, dependientes del MEC, dentro del marco de la implementación de “Ley Letrina cero en las escuelas”.

La propuesta legislativa, que ahora ya es una ley vigente, surgió a partir de un censo de la infraestructura escolar que reveló la falta de agua potable y baños en varias escuelas, afectando a miles de estudiantes.

Cabe señalar que de acuerdo a los registros, unos 350 locales escolares cuentan con letrinas como servicio sanitario, actualmente. En estas escuelas reciben educación alrededor de 15 mil estudiantes.

La ejecución de este proyecto va a abarcar a los 17 departamentos del país, comenzando por los departamentos de Presidente Hayes, Canindeyú, Caazapá y Boquerón, que va entre 40 a 78 el número de escuelas públicas que tienen letrina hoy en día. Mientras que en el resto del país, oscilan entre 5 a 20 aproximadamente baños precarios en los diferentes departamentos.

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La Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene una postura en contra con respecto al proyecto de ley de seguro de desempleo, que implica un aumento del 1 % en los aportes de los cotizantes de la previsional, tanto obreros como patronales. Afirman que la iniciativa sobrecargará al sector formal, ya que el 70 % de los trabajadores son informales.

Eduardo Aguayo, presidente del gremio de asegurados, se posicionó en contra del proyecto de ley, atendiendo a que tal iniciativa debería ir acompañada de un plan de generación de empleos.

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“Si no existe un plan de generación de empleo, entonces solamente terminará siendo un carácter paliativo y se podría concebir como populista”, dijo el dirigente a la 780 AM.

No obstante, Aguayo concedió que el seguro de desempleo es importante, pero que la falta de empleo es un problema estructural y que le proyecto de ley no contempla un estudio que avale su viabilidad.

“La cantidad de trabajadores informales abarca un 70 % de la población económicamente activa. No sabemos cómo podría un número bajo de trabajadores formales poder eventualmente hacerse cargo de trabajadores que pueden perder el empleo”, mencionó.

Ayer martes, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, resolvió devolver el proyecto de ley a las comisiones para nuevos estudios y dictámenes, entendiendo que, de la manera en que está planteada, generaría una carga adicional al sector formal.

La iniciativa no contaba con dictámenes favorables de parte de instituciones como el Ministerio del Trabajo, que subrayó el aumento del porcentaje de aporte tanto para trabajadores como para empleadores, lo que podría desalentar la formalización.

Además, se criticó que el monto del seguro fijado en el proyecto implica un alto porcentaje que no se observa siquiera en los países de primer mundo, por lo que se recomendó repensar la cifra y llegar a números sostenibles que no desalienten el empleo.

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