Patricia Ferreira, dueña de Imedic SA, se presentó este jueves para la audiencia de declaración indagatoria ante los fiscales intervinientes de la Unidad Especializada Anticorrupción en el caso del intento de estafa al Estado en la compra de insumos y equipos médicos.

La imputada compareció en compañía del abogado Alfredo Enrique Kronawetter, quien le recomendó abstenerse de declarar hasta tener conocimiento de todas las actuaciones enmarcadas dentro de la carpeta fiscal.

“Mi defendida fue convocada en razón de que nos enteramos de manera parcial sobre los hechos que hoy son objeto de imputación. En ese contexto, la Constitución Nacional garantiza a toda persona que va prestar declaración, a tener conocimiento previo de lo que tiene que defenderse”, explicó el abogado Kronawetter, en conversación con periodistas.

El profesional en leyes añadió que la comparecencia fue para demostrar la actitud de su defendida de colaborar. “Sobre todo con algunos fiscales que decían que había resistencia por parte de nuestra defendida de ponerse a disposición”, expresó.

En ese sentido, el defensor legal destacó que la conducta que tuvo este jueves la Fiscalía “es la que jurídicamente corresponde”. “Hay una imputación, se convoca a una indagatoria, se pide copia de todas las actuaciones y en la brevedad nos van a fijar fecha para venir a declarar. Agradezco a la unidad del fiscal Osmar Legal por darnos el tratamiento que corresponde”, reiteró.

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Antecedentes

La jueza penal de Garantías Lici Teresita Sánchez benefició ayer miércoles con el arresto domiciliario a Patricia Ferreira, dueña de Imedic SA; y a Nidia Godoy, directora de la firma, ambas imputadas en el marco del intento de estafa al Estado en la compra de insumos médicos.

La magistrada tomó la decisión de no enviar a ambas personas a prisión luego de la presentación de una fianza de US$ 1,5 millones en concepto de un inmueble, presentado por el abogado Jorge Kronawetter.

Los fiscales contra Delitos Económicos, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, imputaron a Justo Rubén Ferreira, Patricia Beatriz Ferreira y otras 5 personas por la comisión de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Esto es por el caso de los insumos médicos chinos que intentaron comercializar al Estado en plena pandemia del COVID-19 y por los cuales habían recibido la suma de G. 17.000 millones de anticipo. Se solicitó prisión preventiva para todos los procesados.

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