Las principales autoridades del Paraguay expresaron su solidaridad con Venezuela tras los devastadores terremotos que afectaron al país.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció con respecto a los devastadores terremotos, los cuales causaron luto en miles de hogares de Venezuela. El parlamentario manifestó que el pueblo paraguayo no está ajeno a esta tragedia.

“Con profundo pesar recibimos las noticias sobre los terremotos que han golpeado a Venezuela. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y acompañamos en nuestras oraciones a las familias afectadas, a quienes han sufrido pérdidas y a todos aquellos que hoy enfrentan momentos de incertidumbre y dolor”, dijo el legislador colorado en una publicación en la red social X.

El presidente de la República, Santiago Peña, también manifestó su pesar y solidaridad con las familias afectadas por los terremotos en el país sudamericano.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, respondió de manera inmediata a las expresiones de su homólogo paraguayo.

“Expreso toda mi solidaridad y la del pueblo paraguayo con el pueblo venezolano en este momento tan difícil, tras el terremoto que ha golpeado a su país. Sé que detrás de esta tragedia hay familias que hoy enfrentan dolor, incertidumbre y grandes pérdidas. A todas ellas les envío un abrazo fraterno y mi deseo de fortaleza para salir adelante”, señaló el jefe de Estado a través de sus redes sociales.

Afirmó, además, que Paraguay está con Venezuela en este momento de inmenso dolor. “Cuentan con nuestra cercanía, nuestras oraciones y nuestra disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. En los momentos más difíciles, la solidaridad entre nuestros pueblos es el camino que nos une”, añadió.

Los líderes campesinos de la comunidad “Ada y Eva”, jurisdicción de San Alfredo, distrito de Naranjal, Alto Paraná, expresaron su satisfacción y apoyo a la actual administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por la masiva entrega de títulos de propiedad que se está cumpliendo con el gobierno del presidente Santiago Peña.

Así lo manifestó Eva González Morel, antigua y conocida líder de los vecinos del citado barrio, que aseguró que después de mucho tiempo, finalmente tienen las posibilidades de acceder al título de propiedad de sus tierras, que llevan esperando por décadas, hoy día bajo la gestión del actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Le puede interesar: Sancionan acuerdo de cooperación consular del Mercosur

“La masiva entrega de dicho documento por parte del Indert al agricultor nos hace ver de manera optimista nuestro futuro, ya que es la herramienta que necesitamos para acceder al crédito. En nuestra comunidad estamos muy felices”, expresó González Morel.

Recordó que su tierra fue expropiada por las leyes 344 y 537/95 y su expediente es el número 13.520/86 en las oficinas del Indert en Alto Paraná. Mientras que en Asunción, se encuentra bajo el expediente 135/98 caratulado Secretaría General Alto Paraná.

Mencionó que desde el año 2006, esas tierras fueron declaradas propiedad del Indert. Indicó que junto con su colega José del Carmen Samudio son los dos principales fundadores de dicha vecindad, asentada en 532 hectáreas de tierras expropiadas por el Indert y fraccionadas para la venta a sus 56 familias ocupantes.

En tanto, señaló que actualmente están asentadas ahí más de 100 familias, mencionando que estas familias terminaron de pagar unos 15 años atrás bajo recibo de dicha entidad estatal.

“Varias visitas a la oficina central del ente en Asunción para agilizar la titulación de la tierra a nombre de sus respectivos ocupantes no arrojaron los resultados aguardados. Es más, en al menos dos ocasiones, se estafó a los ya antiguos ocupantes prometiendo que el título ya se los entregaría, previo pago de sumas millonarias, que, esperanzados, los vecinos aportaron”, comentó.

No obstante, resaltó que hoy, enterada de la política del Poder Ejecutivo de facilitar masivamente los títulos de propiedades rurales, la líder vecinal afirmó que nunca recibió una noticia más alentadora que esta y que, por fin, los agricultores del barrio “Adán y Eva” creen posible el acceso al crédito bancario, logrado mediante su presentación al banco, como garantía de préstamo, con el cual adquirir sus primeros insumos y herramientas de trabajo.

Siga informado con: Gobierno refuerza ayuda alimentaria a comunidades afectadas por inundaciones

El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.

Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.

Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.

A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.

Lea también: Ejecutivo insta a la unidad para el desarrollo de Paraguay al celebrar 34 años de la jura de la CN

Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.

Te puede interesar: Tres inscriptos para ocupar el cargo de contralor general de la República

El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.

Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educa­ción y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sis­tema de educación superior.

En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Minis­terio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsisten­cias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que apro­ximadamente la mitad de esos documentos presen­tan una procedencia desco­nocida, por lo que continúan las investigaciones corres­pondientes.

El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posi­bles falencias administrati­vas, fortalecer los procesos internos y determinar even­tuales responsabilidades en los casos investigados.

Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsa­das buscan consolidar un sis­tema educativo más transpa­rente, confiable y alineado con los estándares de cali­dad requeridos para el desa­rrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educa­ción superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.

Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias imple­mentadas permitieron avan­zar en la depuración del sistema universitario y for­talecer los procesos de acre­ditación.

Como resultado, 1.080 carre­ras fueron cerradas al no reunir las condiciones nece­sarias para continuar fun­cionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acre­ditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y fun­cionamiento de programas académicos.

El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estu­diante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información deta­llada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.

Explicó que este sistema registra datos sobre matrí­culas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, for­taleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema univer­sitario. Según indicó, esta herramienta permitirá pre­venir irregularidades, mejo­rar los procesos de verifica­ción y generar información más detallada para la toma de decisiones.

Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sis­tema universitario con reglas claras, mecanismos de super­visión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.

Destacó el trabajo coordi­nado entre el MEC, el Con­sejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agen­cia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Minis­terio Público.