El Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-amarillo) suspendió, expulsó y dio de baja a unos 27 voluntarios. Estos se suman a otros bomberos que ya habían corrido la misma suerte después de exigir al directorio nacional cuentas claras sobre el manejo financiero de la entidad.
Los bomberos que fueron dados de baja sin prescripción son Cecilia Mendoza, Ever González, Alvaro Barca, Blas Cuenca, Oscar Velazquez, Cinthia Olmedo, Liz Trinidad Liuzzi y Liz Catalina Liuzzi Aguero. Así expresa la resolución dada a conocer entre los bomberos amarillos y que está firmada por los miembros del Tribunal de Justicia.
En el mismo documento se aplican otros castigos, menos severos. En el artículo 2 por ejemplo, se establece dar de baja pero con prescripción por 24 meses a los siguientes bomberos; Jorge Barreto, Pedro Domínguez y Rodrigo Guimaraes.
En la misma resolución, el Tribunal establece varias suspensiones. Supuestamente, de acuerdo a la “gravedad” de las faltas fueron aplicando las sanciones. Al bombero Luis Ruiz Díaz el Tribunal le suspendió por 24 meses. Después, las suspensiones por 365 días fueron para los siguientes voluntarios; Hidalgo Recalde, Cristhian Dick, Pedro Rodrigo Fleitas, Ricardo Romero, Osvaldo González y Blas Fernández.
A su vez, Lauro Bernal, Orlando Villalba, César Caballero, Protacio Benítez, Mario Barrios, Leticia Rojas y Sebastián Martínez fueron suspendidos por 180 días, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia del CBVP-amarillo.
Persecución
Desde que los bomberos empezaron a cuestionar el manejo administrativo y financiero del directorio del CBVP-amarillo -cuyo presidente hace 12 años es Rafael Valdéz Peralta-, tras la serie de publicaciones de La Nación sobre los posibles casos de corrupción en el directorio, rápidamente se vino una persecución contra los voluntarios que hacían escuchar su voz de protesta. Primero, contra quienes se manifestaron la histórica noche del 20 de setiembre. Después de aquella medida de fuerza de los bomberos amarillos, el Tribunal, integrado por Fernando Vera, Julio Maiz, Luis Manuel Ruiz, Orlando Maciel y Sabrina Ozuna como titulares, ya tenía claro qué medidas tomar.
El 23 de enero de 2017, salió la primera resolución del Tribunal mediante el cual se expulsó a los primeros 10 voluntarios, producto de un sumario que había incluido a casi 30 bomberos en principio. Justamente, los afectados eran los voluntarios que más se hicieron sentir con sus reclamos y el pedido de cuentas claras al directorio, ya sea a través de manifestaciones públicas, a través de denuncias ante las autoridades o simplemente desde sus redes sociales.
El Tribunal de Justicia de los bomberos castiga severamente a los voluntarios que tienen "faltas graves", pero al parecer no se enteró que los miembros del Directorio fueron imputados por presunto fraude financiero y la utilización de documentos con contenido falso.
Intervención de la justicia
El 23 de mayo pasado, el fiscal Angel Ramírez solicitó elevar a juicio oral la acusación por presunta estafa contra Rafael Valdéz, presidente del CBVP-amarillo, y Mario Luis Gini, tesorero de esta institución. Sin embargo, debido a diversas "chicanas" a las que recurrieron los acusados con sus abogados, actualmente el proceso judicial no puede iniciarse, ni siquiera con la declaración de Valdéz y Gini.
Se espera una determinación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que debe expedirse sobre planteamientos que hizo la defensa de los acusados para que se pueda concretar el juicio.
La Nación inició la serie denominada #BomberosEnLlamas en setiembre de 2016. El trabajo periodístico empezó con un reportaje en donde se comprobó que el Directorio Nacional del CBVP-amarillo compró equipos de rescate “fantasma” por valor de G. 967 millones de la firma Circumpunto SRL, una empresa que pertenece a Daniel Aquino Rivas, actual miembro del Directorio.
A partir de esta primera publicación, decenas de bomberos voluntarios se comunicaron con LN para aportar mayores datos y la serie se extendió por un mes, con una nota por día, lo que posteriormente obligó al Ministerio Público a intervenir ante la cantidad de evidencia que se mostraron.