La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia, integrada por los ministros Luis María Bení­tez Riera, Alicia Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco, deberán expedirse sobre si el Tribunal de Apelación pri­mera o segunda sala, tiene competencia para resolver los planteamientos formula­dos por los acusados por estafa y otros, Rafael Valdez, presi­dente del Cuerpo de Bombe­ros Voluntarios del Paraguay (CBVP), y Mario Luis Gini, tesorero de la entidad, en el marco de la investigación por una estafa de G. 967 millones.

El Tribunal de Apelación, segunda sala, integrado por Delio Vera, Bibiana Benítez y José Fernández, impugnó la inhibición de los camaristas de la primera sala, conformada por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos. El expediente judi­cial se encuentra en manos de los altos magistrados desde el 24 de octubre, pero hasta la fecha no se tiene resolución alguna según el sistema del Poder Judicial. Una vez que la Corte resuelva la competencia de los camaristas, éstos debe­rán estudiar los incidentes pre­sentados en el expediente.

Debido a los incidentes pen­dientes de resolución, aún no pudo desarrollarse la audien­cia preliminar para ambos acusados en el presente caso. Actualmente, el juez Miguel Tadeo Fernández interina a su colega Rubén Ayala Brun.

El fiscal Ángel Ramírez había formulado la acusación con­tra Valdez y Gini por estafa, tras encontrar elementos que comprometen a ambos proce­sados en el hecho investigado. Asimismo, el representante del Ministerio Público soli­citó el sobreseimiento defini­tivo de 9 miembros del direc­torio del CBVP.

El 19 de setiembre del 2016, La Nación publicó la primera de una serie de notas sobre "Bomberos en llamas", en las que se demuestra que el direc­torio del CBVP compró equi­pos de rescate "fantasmas" por valor de G. 967 millones de la firma "Circumpunto SRL", que pertenece a Daniel Rivas Aquino, miembro del directorio.

A partir de ahí, decenas de bomberos voluntarios se comunicaron con LN para aportar mayores datos, muchos de los cuales sufrie­ron, posteriormente, persecu­ciones por parte del directorio, incluso, algunos fueron san­cionados y dados de baja por el tribunal de Justicia del CBVP, un órgano totalmente depen­diente del actual directorio.