• Dr. José Duarte Penayo
  • Filósofo
  • Presidente de la ANEAES

Cuando un paraguayo termina solamente la primaria, su probabilidad de caer en la informalidad asciende a 85 %, cifra prácticamente inalterada en los últimos ocho años, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ocupación informal.

Eso supone una vida laboral entera fuera del sistema previsional, sin aguinaldo, sin jubilación, sin las protecciones sociales que un país desarrollado garantiza a quien trabaja.

Sin embargo, cuando completa la secundaria, la probabilidad baja a 70 %, mejora apreciable aunque insuficiente. Aún más, cuando cruza el umbral de la educación superior y acumula entre trece y dieciocho años de estudio, la informalidad cae a 39 %. La universidad recorta el riesgo de informalidad casi a la mitad en una sola etapa formativa,

palanca de movilidad social que ningún otro instrumento de política pública iguala.

Ese mismo dato encierra una nota inquietante. El 39 % se mantuvo prácticamente constante entre 2017 y 2024, lo que implica que alrededor de 300.000 paraguayos con formación universitaria trabajan hoy sin aporte previsional, sin contrato formal, sin las protecciones que su título debería garantizarles. Son profesionales en condiciones semejantes a las de quienes carecen de credencial.

La paradoja exige una pregunta directa: ¿qué pasa con esos títulos, por qué se quedan cortos como llave de entrada al empleo formal? La respuesta, sostenida por la evidencia empírica más reciente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), conduce a una variable medible: la calidad acreditada de las carreras.

Un estudio reciente de la Aneaes, realizado sobre tres grandes empleadores paraguayos (una entidad bancaria con vínculos internacionales, un banco de fomento productivo y una empresa corporativa nacional), revela un patrón que ordena toda la discusión. Entre el 73 y el 85 % de los funcionarios profesionales de esas organizaciones egresaron de carreras acreditadas, con un piso convergente cercano a los dos tercios incluso en empleadores con lógicas de gobernanza muy distintas.

Cuando un gerente de recursos humanos abre cien currículums y selecciona a diez, entre seis y nueve provienen de facultades con sello oficial de calidad. La acreditación opera silenciosamente como el estándar de facto del mercado laboral calificado paraguayo, es decir una norma tácita que ordena las contrataciones cuando el empleador busca reducir su incertidumbre frente a un sistema universitario heterogéneo.

En las profesiones reguladas el efecto se vuelve todavía más contundente. Un egresado de Bioquímica formado en una carrera sin acreditar no puede obtener su matrícula habilitante. Un egresado de Medicina que aspire al examen de la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem), requisito para acceder a una residencia, queda excluido si su carrera carece de acreditación.

La acreditación funciona allí como condición jurídica de acceso a la vida profesional: el joven que invirtió seis años en una facultad sin sello se topa de frente con un muro normativo el día que pretende firmar un contrato laboral. El mensaje conjunto del mercado y del Estado regulador resulta coincidente, es decir la calidad acreditada paga, mientras la formación sin acreditar, barata al inicio, termina saliendo carísima al final.

Conviene nombrar las cosas por su nombre y empezar a perder el miedo a decir la verdad: detrás de buena parte de esos 300.000 títulos informales operan, en gran parte, los piratas de la informalidad educativa, instituciones que trafican diplomas sin respaldo académico verificable y dejan a sus egresados varados en la orilla del empleo precario. Terminar con esta compra-venta fraudulenta de credenciales requiere un duro mensaje del Estado, a través de los órganos competentes.

Esta realidad se vuelve aún más desafiante al añadirle un dato demográfico decisivo. Paraguay vive el último tramo de su bono demográfico, esa ventana histórica en la que la población en edad de trabajar supera con holgura a la dependiente, ventana que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y las Naciones Unidas sitúan en cierre acelerado durante la próxima década y media.

El bono pasa una sola vez en la historia de un país, dura unos cuarenta años y después se va para siempre. Corea del Sur usó el suyo construyendo Samsung; Singapur, levantando un sistema universitario que hoy compite con las grandes ligas mundiales; Chile, consolidando una clase media que sostiene su economía. La decisión paraguaya sobre la educación superior definirá si llegamos al 2040 como país desarrollado o como país que dejó pasar su turno.

El presente exige acciones concretas y una hoja de ruta de rápida implementación. Resulta imprescindible acelerar la cobertura de acreditación de carreras, porque las carreras sin acreditar siguen siendo responsables de la mayoría de los 300.000 títulos sin inserción en el empleo formal.

Conviene además cruzar las bases de la Aneaes con las del Ministerio de Trabajo (MTESS), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el INE, para que cada familia paraguaya sepa cuántos egresados de cada carrera consiguieron empleo formal y en cuánto tiempo. Urge además una profunda reforma de las mallas curriculares, alineadas con las demandas del aparato productivo y de la economía digital.

Por otra parte, los datos sobre una nueva clase media muestran un nuevo Paraguay que hay que comprender. El ingreso real del quintil más pobre aumentó treinta y cinco por ciento entre 2022 y 2025, la clase media trabajadora avanzó dieciséis por ciento real y la desigualdad cayó diecinueve por ciento en apenas tres años.

Por eso, falta decisión y coraje para destrabar el último candado: el de la calidad universitaria con sello oficial. Mientras tanto, el reloj demográfico sigue su marcha indiferente a los plazos políticos, ajeno a los discursos parlamentarios, ciego ante las urgencias coyunturales que nos distraen cada semana.

Cuando se cierre la ventana, los paraguayos que hoy tienen veinte años tendrán cuarenta y cinco, y la pregunta que sus hijos les harán será por qué su generación dejó pasar la ocasión histórica que tuvo entre las manos.

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