- Víctor Pavón (*)
Se propuso recientemente un proyecto de ley que crea un nuevo fuero agrario y ambiental. El documento establece la derogación de todas las disposiciones que otorgan competencia al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y al Juzgado Penal ordinario.
De ese modo, en cada circunscripción judicial se crearán tribunales, juzgados y defensorías en los conflictos relacionados a la propiedad privada, los cultivos, la actividad forestal, el agua, el medioambiente y comunidades indígenas.
En estos temas se confiere poder y jurisdicción con tribunales propios. También se crea la figura de los “Defensores públicos agrarios y ambientales” que actuarán de oficio en los conflictos suscitados en el sector rural.
Los proyectistas consideran la especialización de la ley y que lo agrario y ambiental requiere de específica atención estatal y para ello se hace necesaria una jurisdicción especial. El proyecto de ley, finalmente, discurre sobre un sustrato intelectual: La dialéctica confrontativa entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
En las organizaciones ambientalistas e indígenas quedó instalada la tensión y la permanente contraposición entre el negocio en el agro con las personas del campo. Se pregona erróneamente en seminarios, conferencias y publicaciones que el medioambiente es destruido por el avance del sector agropecuario, en especial el empresarial y que los campesinos e indígenas son víctimas de la tecnología y del cultivo de la soja.
A los defensores del medio ambiente y de los indígenas, sin embargo, les tiene sin cuidado el ambiente y los pueblos originarios. Tampoco les interesa aceptar que el crecimiento económico en el sector rural acompañado de la sostenibilidad ambiental es realizable. Si lo hicieran sus intereses estarían en juego. En los hechos, en el campo se invierte, se crean empleos, aumenta la producción y la productividad cuidando el medio ambiente.
Los productores rurales necesitan resguardar la naturaleza, los bosques, ríos y arroyos. Para seguir invirtiendo el eco sistema les resulta importante, puesto que los recursos son activos que les permiten generar ganancias presentes y futuras.
La rentabilidad de un fundo administrado por una familia o agroempresa requiere del buen uso de la tierra y del medio ambiente. La sostenibilidad ambiental es necesaria, como un concepto que satisface a todos donde lo económico- social y ambiental conviven armoniosamente.
El nuevo fuero agrario y ambiental, sin embargo, con tribunales especiales en la confrontación entre crecimiento económico y medio ambiente, se convertirá de aprobarse como ley en quebrantos de conflictos para las familias haciendo reducir la producción, la inversión y el empleo en el sector rural.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.