No tengo más títulos que el de observador escrupuloso de los acontecimientos. Artesanal, pero metódico, si se acepta la paradoja. Aprendí a vincular algunos hechos con otros similares para insinuar pistas y encaminar indicios que infieren aproximaciones a la verdad. Considero que todos tenemos esa habilidad, pero a la mayoría le falta paciencia. O prefieren, por conveniencia, ignorar hasta las obviedades más simples. Y ocultarlas bajo el silencio. A mí me divierte. Y me fascina, porque soy un convencido de que escribimos la historia del futuro. Algún criterio de veracidad comprobable deberán encontrar quienes mañana leerán el pasado.
La determinación de que la Concertación Nacional utilice el Registro Cívico Permanente (RCP) como padrón para las internas simultáneas del 18 de diciembre fue tomada el 20 de junio de este año. Ese día, el Frente Guasu (FG) y su Ñemongeta por una Patria Nueva decidieron incorporarse a la Concertación después de atendibles cuestionamientos. E, incluso, estos referentes de la izquierda paraguaya se habían retirado de la Mesa de Presidentes de Partidos de la Oposición el 25 de febrero, para “la construcción de una plataforma unitaria” y así “enfrentar la dura situación que actualmente vivimos en el país”. Y en ese ínterin añadieron nuevos reclamos por las desventajas que tenían ante el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por la diferencia en cuanto al caudal de sus respectivos padrones. El uso del registro nacional equilibraría, hipotéticamente, las chances electorales. Es lícito, por lo tanto, colegir que el paso firme que da la organización política liderada por el ex presidente Fernando Lugo fue sobre una promesa segura. Promesa que sería cumplida el 8 de julio. La resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fue de puro formalismo. Ya fue redactada mucho antes.
No hablo con el diario del lunes en mano, sino con el del 24 de junio bajo el brazo. Decía aquel viernes que el ingreso del Frente Guasu a la Concertación “concede rango de certeza a la utilización del padrón nacional. Certeza que solo podría originarse en una previa consulta a los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral: Jorge Bogarín (FG, aunque ahora lo ubican en el casillero ‘independiente’) y César Rossel (PLRA), profundo estudioso de los sistemas de alianzas y concertaciones”. La inclusión de los afiliados a la Asociación Nacional Republicana al padrón que hoy es el padrón de la Concertación nunca priorizó fundamentos jurídicos. Por eso concluíamos nuestro artículo de la citada fecha: “Aquí no se trata de la democracia, ni del pluralismo, ni de la participación irrestricta. Es una simple maniobra política para que el Frente Guasu se adhiera a la Concertación”.
Las evidencias claras y sencillas se justifican a sí mismas. El senador Enrique Salyn Buzarquis, del PLRA, y el presidente de ese partido, Efraín Alegre, nunca ocultaron sus intenciones. Aunque quisieron vestirlas con el traje de la democracia. El padrón nacional era la única herramienta para cohesionar la Concertación. Es por ello que el pasado 8 de julio, horas antes de la resolución predecible del Tribunal Superior de Justicia Electoral, afirmaba que –y con absoluta razón– “el padrón nacional soluciona un problema interno de la Concertación. No es una cuestión de principios. O de valores”. Siempre fue una cuestión política.
Sinceramente, considero que a Efraín Alegre no le interesará movilizar al electorado republicano. Hacerlo hasta podría tener un efecto contrario. Sus adversarios internos dentro del PLRA, Martín Burt y Hugo Fleitas, este último gobernador del departamento de Cordillera, salvo que logren alguna alianza estratégica, tienen escasas chances de triunfar. La que le puede dar una buena batalla es la senadora Esperanza Martínez, del Ñemongeta. El voto duro de la izquierda –la visible y la inmersa– es similar al voto duro del Partido Colorado. Es voto seguro. La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional; el diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida, y la que se presenta como independiente, Soledad Núñez, por de pronto, no logran construir un proyecto electoralmente viable. Hasta es probable que terminen apuntando hacia el Congreso de la Nación.
De acuerdo con las versiones de los especialistas, la utilización del padrón nacional como propio de la Concertación presentaría graves fisuras legales en lo inmediato. Incluso del orden financiero y presupuestario. Aunque la ANR ya aclaró que no apelará ante la Corte Suprema de Justicia. Esto siempre pasa cuando, a las razones jurídicas, se anteponen los intereses políticos. Las soluciones políticas, resumiendo, suelen tener repercusiones políticas. El director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetich, ya realizó algunas urticantes aclaraciones. Se vienen meses de grandes diversiones. Buen provecho.