El diputado Alejandro Aguilera destacó que el presidente de Petropar, Eddie Jara logró la rebaja en doce ocasiones del precio del combustible, por lo que consideró que las denuncias en su contra deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales.

El legislador está en contra de la destitución de Jara, cuyo pedido se está gestando desde la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a través de un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a remover al titular de la petrolera estatal.

“Hay denuncias en contra de él, pero si hay denuncias seguramente la Fiscalía va a hacer una investigación y el órgano jurisdiccional, el poder Judicial luego se encarga de decir si es culpable o no. No, nosotros”, señaló Aguilera en conferencia de prensa.

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Dijo que particularmente se guía por la gestión de Jara que arrojó la reducción de los precios de combustibles. Manifestó que tal vez “eso le está enojando” a algunas personas.

Resaltó que está en etapa de investigación lo referente a la declaración jurada del presidente de Petropar.

“La Contraloría ni siquiera ha quitado un dictamen definitivo al respecto. Y si lo quita es un dictamen, no es una sentencia. Eso hay que diferenciar también”, expresó.

Ratificó que el Poder Judicial es la instancia que intervendrá en caso de que la Contraloría General de la República confirme la existencia de hechos punibles y que la Fiscalía corrobore esas irregularidades.

“Si en un juicio oral se le declara culpable, perfecto. Pero quiénes somos nosotros para decir este es culpable o este no. Y dónde está la presunción de inocencia, entonces”, cuestionó.

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La justicia argentina acusó al exfuncionario del presidente Javier Milei que dirigía la agencia para la atención de personas con discapacidad y a otras 18 personas de haber cobrado sobornos y desviado fondos del organismo, según documentos judiciales publicados el lunes.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue disuelta en diciembre tras denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente, Karina Milei.

Según una resolución a la que accedió la AFP, un juez federal acusó al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita entre 2023 y 2025. También dispuso el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas funcionarios de Andis y privados. A todos les embargó los bienes.

“Se acreditó la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos dentro de la Andis y actores privados del sector salud”, indicó la resolución, y agregó que “dicha organización se dedicó a desviar recursos públicos a través de compras direccionadas y sobreprecios”.

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El caso estalló en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que aseguraba que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, recibía un 3 % del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.

Spagnuolo renunció a su cargo días después. El presidente dijo primero que mentía en los audios, aunque luego Spagnuolo arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a otras pruebas.

Los audios no fueron usados como prueba por el fiscal ni por el juez, y no son mencionados en la resolución, que se basa en documentación recabada en allanamientos y declaraciones indagatorias.

Karina Milei no está entre los acusados. Sin embargo, para el juez, las pruebas sugieren que el mecanismo de corrupción en Andis “no se trató de algo encapsulado” y “podría tener otro nivel de complicidades” que debe ser investigado.

“La causa Andis confirma punto por punto lo que denunciamos”, señaló a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, que fue quien denunció penalmente los presuntos hechos de corrupción en agosto.

“El Gobierno nacional, y en particular quienes tienen responsabilidad política sobre el área, deben dar explicaciones urgentes”, añadió Dalbón, que es uno de los abogados de la líder opositora y expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en otras causas. El gobierno disolvió en diciembre la Andis y delegó las funciones de asistencia del organismo al ministerio de Salud.

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.

El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.

• Fuente: AFP

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La defensa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió el martes la nulidad del megajuicio por corrupción en su contra por considerar que el proceso “surgió de un engaño”.

En el juicio iniciado en noviembre, Cristina Kirchner y otros 85 exfuncionarios y empresarios están acusados de formar una trama para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por el marido de la exmandataria, Néstor Kirchner, y luego por ella.

El juicio, que se lleva adelante de manera remota por videollamada a ritmo de dos audiencias semanales, se reanudó el martes tras el receso judicial de verano con una audiencia en la que las defensas hicieron planteos al tribunal.

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El abogado defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, hizo una exposición de una hora y media en la que señaló que existe “una nulidad evidente” en la causa.

Beraldi dijo que la causa “surgió de un engaño” ya que tanto el juez que instruyó la causa como el fiscal fueron elegidos “a dedo”. Además apuntó contra los testimonios de los empresarios que declararon como testigos en carácter de “arrepentidos”.

“Lo que se hizo es convertir a la justicia en un elemento de presión y de chantaje que vulneraba de manera directa una de las garantías más elementales, que es el derecho de defensa en juicio”, apuntó.

La acusación sostiene que empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como supuesta jefa de esta trama, fue “la principal receptora” de los pagos.

Kirchner, referente de la actual oposición peronista (centro-izquierda), suele participar de las audiencias desde su apartamento en Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión domiciliaria tras una condena en otra causa por corrupción.

Sin embargo, la exmandataria no estuvo presente en la audiencia del martes, ya que la instancia actual, que continuará en las próximas jornadas con planteos de otras defensas, no requiere la presencia de los acusados.

Se espera que el proceso dure varios años y están llamados a declarar cientos de testigos. Es “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.

• Fuente: AFP

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El propio presidente de la República, San­tiago Peña, confirmó ayer una nueva baja en el pre­cio del combustible de Petro­par. En este caso, se trata de una reducción de 250 gua­raníes en todos los octana­jes. Los nuevos valores rigen a partir de ayer.

“El combustible es el motor que mueve nuestra produc­ción y el día a día de cada familia. Es por eso que hoy volvemos a anunciar una nueva baja: -250 guaraníes en todos los combustibles de Petropar. Un Paraguay gigante se construye con hechos que impulsan la eco­nomía de todos”, comentó el mandatario a través de su cuenta oficial de X, confir­mando así la noticia.

Esto, según se explicó, fue posible gracias al superávit de 45 millones de dólares con que cerró el año la petrolera y un resultado operativo de G. 57.000 millones, cifras que reflejan una recupera­ción sostenida de la empresa estatal.

Con esta decisión se concreta la décimo tercera reducción de precios durante la actual administración, potenciando así desde el Gobierno mejores costos para toda la ciudada­nía y buscando impactar de manera positiva en el gasto diario de los paraguayos.

Según el comunicado emi­tido por Petropar, esta baja se habría dado como resul­tado del monitoreo permanente del mercado y de una evaluación responsable de los costos, lo que permitió gene­rar las condiciones necesarias para trasladar este beneficio a la población, sin comprome­ter la calidad de los productos.

Ahora el precio de la nafta Oikoite 93 se posiciona en 5.690 guaraníes, el de la nafta Kape 88 a 5.190 guaraníes, Diesel Porã a 6.250 guara­níes, Diesel Mbarete a 8.050 guaraníes y nafta Aratiri 97 a 7.040 guaraníes.

“Petropar impulsa el desarro­llo del país, ofreciendo com­bustibles de excelente calidad al mejor precio, en beneficio de todos los paraguayos”, comentaba parte del docu­mento oficial.

Alberto Acuña, jefe de Gabinete de Petropar, adelantó en entre­vista con el canal GEN que Petropar alcanzó en 2025 un resultado neto patrimonial positivo de USD 45 millones, luego de impues­tos, y un resultado operativo de G. 57.000 millones, cifras que reflejan una recuperación sostenida de la empresa estatal.

“Son números preliminares de cierre de ejercicio, pero muy sólidos. Petropar cerró el 2025 con superávit, incluyendo todas las provisiones realizadas, incluso las relacionadas al caso PDVSA, que siguen en instancias judiciales internacionales”, explicó. Destacó que la estatal alcanzó un market share del 18 % a diciembre, posicionándose como líder en ventas de nafta y diésel a nivel país.

El jefe de Gabinete rechazó versiones que califican las bajas de precios como populistas o ficticias, ya que las decisiones se toman solo cuando las condiciones financieras lo permi­ten. “Estos resultados positivos confirman que las reducciones son sostenibles”, afirmó. También resaltó que, considerando el periodo 2023 – 2026, Petropar acumula un promedio de G. 1.800 menos por litro en comparación con los precios vigentes al inicio de la actual administración.