El ministro del Interior, Euclides Acevedo, mantuvo un encuentro con las autoridades del departamento de Caaguazú, con la finalidad de analizar la posibilidad de utilizar las escuelas y colegios como albergues para los connacionales que retornan al país, especialmente para sus pobladores quienes deben cumplir con la cuarentena obligatoria.
La reunión se realizó en la ciudad de Coronel Oviedo, con la presencia del gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos; el ministro de la Unidad de Gestión del Ejecutivo, Hugo Cáceres; el presidente del Consejo de Intendentes del sitio, Carlos Giménez y la directora de la Quinta Región Sanitaria, la doctora Lorena Ocampos, entre otras autoridades.
Acevedo comentó que el planteamiento surgió de las propias autoridades, debido a que es uno de los departamentos con mayor caso de COVID-19.
“Estoy llevando propuestas, principalmente una inquietud puntual porque hay una cantidad de caaguaceños que están volviendo y van a querer volver aquí a su departamento. Estamos estudiando también las ofertas que hacen las autoridades departamentales, de cómo eventualmente podemos solventar logísticamente a los que vengan de afuera y quieran quedarse aquí”, indicó Acevedo.
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Añadió también que transmitirá la propuesta a los integrantes del Consejo de Defensa Nacional (Codena), con el fin de analizar la factibilidad. “Esta es una oferta puntual y concreta del departamento, es por eso que estamos obligados a tener en cuenta”, dijo.
Observó que hasta el momento son pocos (1 o 2) los albergues habilitados en Caaguazú. “Al final es un problema presupuestario, porque los hoteles salud, que se han autorizado, son para las personas que tienen recursos, pero para aquellos que retornan al país por perder el trabajo ¿de dónde van a sacar el dinero? Entonces hay que darles un albergue que sea público, de los policías, de los militares, de las generosas congregaciones religiosas, pero no solamente Caaguazú, sino de toda la República”, comentó.
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Pensión para adultos mayores: Rojas advierte sobre campaña de manipulación política
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.
“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.
Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.
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Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.
“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.
El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.
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Pensión para adultos mayores no está en riesgo y es ejecutado a “rajatablas”, afirma Rojas
“Nosotros vamos a cumplir con lo que establece la ley a rajatablas, sin discriminaciones ni distinciones. Si se cambia la ley (7322/24) y se mejoran las cosas, bienvenido sea”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, este jueves, al desmentir publicaciones periodísticas en donde se afirma que la ejecución del programa de adultos mayores se encuentra supuestamente en riesgo a raíz de la “economía de guerra”.
“Existe una ley vigente que fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuesta. El compromiso del gobierno es seguir fortaleciendo el programa y llegar hasta los adultos mayores más desprotegidos“, afirmó el secretario de Estado al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, tras su reunión de ayer con el presidente Santiago Peña para exponer avances y siguientes etapas del subsidio para adultos mayores, actualmente en la franja de 69 años.
Las afirmaciones del ministro surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes últimos por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, quienes exigen la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad a la asistencia.
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Rojas acotó: “Salió en un medio periodístico que supuestamente está en riesgo el programa con la mal llamada economía de guerra. La misma está destinada a las instituciones públicas que deben recortar gastos superfluos, el Gobierno ratificó claramente que los programas sociales, las inversiones, medicamentos y obras públicas serán prioridades, pero nunca falta quienes tergiversan“.
Detalló que con la vigencia de la norma 7322/24 que establece la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, el gobierno de Peña ya incluyó en el programa de asistencia estatal a 58.000 nuevos beneficiarios con la eliminación de la figura del censo.
“Cerramos el mes de marzo con 360.283 adultos mayores que reciben la asistencia, se realiza una inversión de USD 41 millones mensuales, el cual representa un poco más de USD 490 millones anuales en el presupuesto, si se llegase a la posibilidad de incluir de manera inmediata a las personas que están pendiente estaremos necesitando un promedio aproximado de USD 130 millones mensuales“, dijo.
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MUVH verificará in situ si el senador Javier Vera cumple con cláusulas de contrato
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), encabezado por Juan Carlos Baruja, comunicó que realizará una verificación in situ a los beneficiarios adjudicados del Edificio Residentas I, localizado en Luque, departamento Central. El proceso surge en medio de los cuestionamientos por la entrega de un departamento al senador Javier “Chaqueñito” Vera.
Ante denuncias públicas recientemente difundidas, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ha dispuesto la realización de verificaciones in situ a los beneficiarios adjudicados del Edificio Residentas I, con el objetivo de constatar el efectivo cumplimiento de las condiciones de uso, ocupación y residencia establecidas en el marco de los programas habitacionales vigentes.
El comunicado agrega que “estas acciones se enmarcan en los mecanismos de control y seguimiento que la institución implementa de manera permanente, a fin de garantizar la correcta asignación de las viviendas y el cumplimiento de los fines sociales para los cuales fueron destinadas“.
La cartera estatal señala también que “el MUVH reafirma su compromiso con la transparencia, la equidad y la correcta administración de los recursos públicos, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a las familias que cumplen con los requisitos establecidos".
Finalmente, en el comunicado dirigido a la opinión pública se sostiene que "en los casos en que se detecten irregularidades, se procederá conforme a la normativa vigente, aplicando las medidas administrativas correspondientes".
Baruja acudió ayer miércoles ante el Congreso Nacional con el fin de exponer sobre la entrega de un departamento a Vera mediante dicho programa. En la ocasión, puntualizó que las 12 adjudicaciones realizadas son absolutamente legales, sustentadas en las normativas del MUVH.
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Economía paraguaya goza de buena salud: el “ajuste de cinturón” es solo para el fisco, aclara ministro
Desde la cartera económica resaltan que fueron claros en destacar que la economía paraguaya goza de buena salud. Sin embargo, tras algunos desarrollos que implicaron una caída en las recaudaciones, solamente el fisco realiza un “ajuste de cinturón”. Se trata del tesoro, la caja que deben manejar desde el ministerio, que, más allá de lanzar un mensaje a la ciudadanía, era enviar un mensaje para el resto del gabinete, que por lo general reclama más fondos para llevar adelante sus programas.
Así señaló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aclaró sobre la situación actual de la economía paraguaya, tras el anuncio de aplicaciones de medidas por parte del Gobierno, denominado “economía de guerra”, cuya frase resonó en el mercado y generó interrogantes.
“Yo traté de ser claro con ese término de economía de guerra, que, a pesar de ser muy genérico, solo es para el fisco. Mostrar la realidad del tesoro, que es de donde salen todos los recursos que van a financiar a los diferentes ministerios”, sostuvo Fernández.
La economía paraguaya, en enero, febrero y marzo (2026), sigue mostrando un gran dinamismo, lo que es normal por el fuerte impulso del sector privado, que viene muy fuerte. “El problema es la caja, y es ahí donde tuvimos dos efectos importantes que nos obligaron a salir con esta declaración de economía de guerra”, añadió el ministro.
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El impacto del dólar en los ingresos
En primer lugar, uno de los impactos fue la caída en ingresos de las binacionales (Yacyretá e Itaipú) por la caída en el valor del dólar, ya que se proyectaba en el PGN que la divisa cotizara a G. 7.800, versus los G. 6.500 de la actualidad. Esto equivale a G. 1.300 menos por cada dólar de ingresos, unos USD 120 millones, recursos que estaban previstos en el presupuesto y que ahora no están y que impactan directamente en el fisco, explicó Fernández Valdovinos.
“Es una situación inusual, porque cuando se previó la cotización fue en marzo del año pasado, y a pesar de que la aprobación fue en diciembre, tras la caída abrupta del tipo de cambio, eso ya no se pudo cambiar. Son cosas que jamás se aciertan, como la tasa de inflación y el crecimiento”, sostuvo.
El ministro continuó diciendo que las recaudaciones estaban previstas con un crecimiento del 8 %, y al final fue de 0 %, lo que son USD 450 millones menos, que sumados al efecto del dólar, son más de USD 600 millones lo que faltan.
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Evitar que afecte a la ciudadanía
El ministro fue claro en enfatizar que esta medida del Gobierno, lo que busca justamente, es evitar que afecte a la ciudadanía. “La historia de América Latina está llena de ejemplos en los cuales las situaciones fiscales no se corrigieron a tiempo y terminaron en una crisis, que finalmente termina afectando a la economía como un todo”, indicó.
En ese sentido, remarcó que en Paraguay no es que la economía le esté afectando al fisco, ya que a la economía le está yendo muy bien. “Estamos tomando medidas preventivas, justamente para que la economía no llegue a Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Eso de recortar inversiones, gastos y que afectaron a la ciudadanía se dio en gobiernos que no tomaron medidas preventivas, en tiempo y forma, para prevenir ir a la UTI. Nosotros queremos evitar eso; por esto aplicamos este plan de ajuste con respecto a lo establecido en el PGN”, explicó.
Ajuste del gasto y estabilidad fiscal
Como parte de la estrategia, el Gobierno mantendrá un proceso de ordenamiento del gasto público y las instituciones del Estado deberán ajustar sus compromisos al margen fiscal disponible, priorizando el cumplimiento de obligaciones y una administración responsable de los recursos.
Según el ministro, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar la estabilidad fiscal y sentar bases para un crecimiento económico sostenible.