La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.

Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.

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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.

“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.

En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.

Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.

Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.

Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.

En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un análisis titulado “El largo camino de las reformas en Paraguay: una historia que vale la pena contar”, en el que desglosa la trayectoria económica del país desde 1989. Según los analistas Arturo Galindo y Gisele Teixeira, el ascenso de Paraguay a la categoría de grado de inversión por parte de Moody’s, Fitch y S&P es la culminación de reformas graduales y consistentes que transformaron un Estado con debilidades.

El informe resalta las cifras del crecimiento económico del 6,6 % en el último año, el desempleo situado en un 3,6 % y una reducción histórica de la pobreza, que pasó del 29 % al 16 % en apenas una década.

El análisis identifica el año 2003 como el momento crítico de la historia económica reciente. En medio de una crisis financiera, la firma de un acuerdo con el FMI impulsó reformas fundamentales como la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y la reestructuración del Banco Nacional de Fomento.

Entre 2010 y 2020, el país consolidó su estabilidad con tres aspectos primordiales:

• uno es la adopción del régimen de metas de inflación en el año 2011
• dos años después se sumó la Aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal
• y por último la Reforma tributaria que elevó la presión fiscal por encima del 11 % del PIB, corrigiendo una debilidad histórica.

Para el BID, la etapa más ambiciosa del proceso de modernización se da en los últimos tres años bajo el actual Gobierno. La unificación de funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2023 y la creación de la DNIT (que integró Tributación y Aduanas) son citadas como reformas que eliminaron duplicidades y mejoraron la eficiencia recaudatoria.

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Destacan la Ley del Servicio Civil (2025), que estableció el mérito como rector de la carrera administrativa, atacando el clientelismo histórico. Por otro lado, la Superintendencia de Jubilaciones (2026), que permitió por primera vez, a Paraguay contar con una supervisión integral de los fondos previsionales.

Finalmente resaltaron la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reconocen como una reforma importante para la seguridad jurídica de la propiedad y la reducción de costos transaccionales.

A pesar de los logros, el BID advierte que aún persisten brechas. En este contexto, resalta la aprobación en 2025 de una nueva Ley de APP, diseñada para atraer inversión extranjera con mayor certeza jurídica, y la actualización del régimen de maquila, que ha permitido diversificar la producción y el empleo formal.

El organismo concluye que la experiencia paraguaya es valiosa no por un “big bang” de reformas, sino por su paciencia y consistencia. Para preservar la credibilidad alcanzada y evitar retrocesos, Paraguay debe seguir fortaleciendo su capacidad de implementar políticas públicas y mejorar su recaudación en un escenario internacional cada vez más volátil.

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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.

Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.

Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.

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Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.

Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.

El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.

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Por: Víctor Pavón

Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

Se cree que los gobiernos pueden gastar más de lo que recaudan. Este es un grave error. Hacerlo solo trae problemas no sólo de orden financiero y económico, sino también problemas sociales que afectan especialmente a las personas cuyos ingresos están supeditados al jornal.

Tal vez un poco de economía familiar pueda hacerlos comprender. Si una familia tiene un ingreso de 10 y empieza a gastar 15 es porque ese 5 de adicional está financiándose por medio de alguna deuda que, de no aumentar los ingresos mencionados, esa deuda no podrá pagarse en tiempo y forma dado que se agregan los correspondientes intereses.

A esta familia le podría ir bien con el préstamo contraído, siempre y cuando inicie una reducción de sus gastos. Pero, y a diferencia con el sector estatal, una familia no puede emitir dinero para pagar sus cuentas y tampoco podrá exigir se le pague impuestos para aumentar su patrimonio.

Sólo el Estado es capaz de hacer estas tres medidas e incluso al mismo tiempo. Contraer endeudamiento, emitir moneda y subir los impuestos. Una familia, no obstante, no podría sostener su nivel de vida con gastos superiores a sus ingresos. Deberá inexorablemente aumentar sus ganancias reduciendo sus gastos.

En el Estado, los gastos no deben ser superiores a los ingresos por la sencilla razón de que los recursos de los que dispone no le pertenecen. El Estado no tiene un lápiz o un papel que sea de su propiedad porque todo lo que tiene fue extraído vía impositiva a los contribuyentes, razón por la cual necesita de la fuerza, de la coerción, porque caso contrario nadie le estaría dando parte de su dinero a aquella organización.

Cuando el Gobierno, cualquiera sea, aumenta el déficit fiscal lo primero que debemos preguntarnos es qué se está haciendo con nuestro dinero y tomando en cuenta los siguientes indicadores. Primero, si el gasto está bien dirigido y eficiente, esto es, si es de calidad. Segundo, si el gasto es correspondido hacia el pagador de impuestos, es decir, si se cumple con el principio de la contra prestación al contribuyente. Y tercero, si el gasto público se fundamenta en el principio de legalidad constitucional.

Este último indicador hace a la República y seguidamente enfatizo sobre el primer y segundo indicador antes citado dado que termina por llevar a la práctica lo que se llama el retorno fiscal. Las personas pagan al Estado e imperativamente, en consecuencia, deben recibir servicios, como en efecto establece y exige nuestra Constitución, empezando por el orden de seguridad y justicia. Reducir el déficit fiscal es cumplir con nuestra ley fundamental y respetar al ciudadano.