El director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar, lamentó que Paraguay no cuenta con una norma para proteger los datos digitales. Foto: Archivo.
Periodistas y diputado, víctimas de ingeniería para suplantación de identidad
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El director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar, manifestó que los comunicadores Clari Arias, Jorge Torres y el diputado por el Partido Hagamos, Carlos Rejala, fueron víctimas de una ingeniería social y suplantación de identidad, tras el ataque de desconocidos que buscaron acceder a informaciones mediante el uso de sus números de teléfonos personales.
“Lo que pasó con Jorge Torres, Clari Arias y al diputado Carlos Rejala no tiene la pinta de una clonación porque eso es una replica que implica tener el original, sino más bien esto sería un ataque de ingeniería social y suplantación de identidad, que es el nombre correcto”, mencionó mediante una comunicación con Universo 970 AM.
Gaspar apuntó a la fragilidad en cuanto a la recuperación de los números de celulares, hecho del que posiblemente fueron víctimas los periodistas y el legislador; es decir, que extraños hayan solicitado a una telefonía que les habiliten sus respectivas líneas en un nuevo chip y llegar de esa manera a la suplantación de identidad.
“La ingeniería social es el proceso que hizo que llegue hasta Torres, el pedido del código de WhatsApp que es el proceso para quedarse con sus datos. La suplantación de identidad fue el hecho de ir hasta un local y decir soy Jorge Torres, quiero cambiar de chip y que la prestadora de servicio le haya permitido eso. Nosotros ya hemos mencionado a las telefónicas que ese proceso de recuperación del chip es frágil, irrisorio y tendría que tener más medidas de seguridad que incluso la misma presentación de la cédula tendría que ser presencial o con herramientas de certificación digital, cosa que no tenemos”, mencionó.
Señaló también que actualmente el país no cuenta con una normativa que proteja a las personas en cuanto a la seguridad de sus datos digitales y abogó por la importancia. Agregó que actualmente están trabajando en una propuesta para presentar al Congreso próximamente, para ello las personas pueden acceder a la página web datospersonales.org.py y brindar sus sugerencias.
“Nosotros le dejamos de dar importancia hace muchos años y creímos que no nos iba a pasar, pero sucede. La ciber delincuencia, o la delincuencia digital es la que más nos ataca. Hay leyes como la 1682 el hábeas data, en el código penal hay una serie de leyes sueltas, pero no hay una ley de protección de datos integral que venimos peleando junto con otras instituciones en algo que se llama coalición de datos”, dijo.
Agregó que la ingeniería social es el ataque que más se lleva a cabo porque depende del desconocimiento o la vulnerabilidad del factor humano que sigue siendo la parte más delgada. “Al no haber una ley de protección de datos personales hay muchas cosas que faltan en la legislación y nos dejan desprotegidos”, sentenció.
Ejemplos de vulnerabilidad
Gaspar colocó como ejemplo la entrega de los subsidios brindados por el Gobierno donde la ciudadanía debe proveer todos sus datos personales al sistema de billetera Zimple, el cual no cuenta con una “sola línea donde hable sobre que hacen con los datos de las personas que reciben”.
También puntualizó el sistema del IPS, en el que las personas deben proveer sus datos mediante un sistema de biometría, la huella digital. “Para poder consultar se debe realizar ese proceso, en ninguno de los contratos dice qué hacen o como se tratan los datos personales”, dijo. Instó también a los trabajadores de prensa a usar otras aplicaciones digitales como el Telegram, sosteniendo que la herramienta es menos vulnerable que el WhatsApp, el Facebook o el Instagram, que forman parte de una misma empresa.
Diputado Gamarra exige respuestas claras para afectados por situación financiera
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El diputado Rodrigo Gamarra instó a que las instituciones financieras correspondientes den respuestas claras y detalladas a los ahorristas tras el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la resolución de ueno bank. El parlamentario indicó que esta situación está afectando a miles de paraguayos que necesitan respuestas.
“Hoy es un día realmente triste y grave para nuestro país. Miles de paraguayos que confiaron sus ahorros a una institución financiera hoy viven con la angustia de no saber cuándo podrán disponer de su propio dinero. Detrás de cada cuenta hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio de familias enteras”, expresó a La Nación/Nación Media.
El legislador comentó que “tanto el banco como el Banco Central del Paraguay deben brindar información detallada, precisa y permanente sobre cada paso que deben seguir los ahorristas. Hoy no es un día para comunicados técnicos ni escuetos. La gente necesita respuestas claras, fechas concretas, pasos para recuperar y certezas sobre su dinero, especialmente sobre los montos que superan la garantía legal”.
Por otra parte, mencionó que después de esto se debe trabajar para recuperar la credibilidad y la confianza en el sistema financiero del país. “Y hay una pregunta que hoy muchos paraguayos se hacen con toda razón: ¿en qué bancos podemos confiar si ocurren situaciones como esta? La confianza en nuestro sistema financiero está en juego y recuperarla requiere mucho más que explicaciones”, apuntó.
También instó a aclarar todo lo ocurrido con el banco en cuestión y conocer la verdad, entre ellos “cuánto dinero se retiró en los últimos días, qué efecto tuvo la exposición mediática y si estamos ante una situación reciente o un problema que venía de larga data”, y fundamentalmente esclarecer la responsabilidad del Banco Central del Paraguay en todo este proceso.
“¿Qué sabía, desde cuándo lo sabía, qué controles realizó y qué medidas adoptó para evitar llegar a esta situación? El organismo encargado de supervisar nuestro sistema financiero también debe rendir cuentas y explicar si existieron fallas u omisiones en su labor de control. Es un día negro para nuestro sistema financiero. Lo que está ocurriendo es realmente grave y dañino. Nadie debería tener que vivir con la incertidumbre de saber si podrá recuperar el dinero que tanto le costó ganar. La gente merece respuestas, transparencia y, sobre todo, soluciones concretas”, sentenció.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex. Foto: Ralphie Zotti
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.
La impunidad en los asesinatos de periodistas sube al 86 %, según alerta la Unesco
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La impunidad en los asesinatos de periodistas aumenta por primera vez desde 2012, alertó la Unesco en un informe publicado el lunes, con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Este año, “la tasa global de impunidad por los asesinatos de periodistas ha aumentado un punto porcentual hasta alcanzar el 86 %”, señala el reporte, lo que supone que seis de cada siete autores escapan a la justicia.
Este índice, que abarca los homicidios cuyas investigaciones no han concluido o siguen en curso, venía disminuyendo desde 2012, pasando entonces del nivel récord del 95 % al 85 % en 2024. “Las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con los asesinatos de periodistas en zonas de guerra siguen siendo particularmente insuficientes”, destacó ante la prensa Mariya Gabriel, subdirectora general de Comunicación e Información de la Unesco.
Si bien esta agencia de Naciones Unidas “no es un tribunal de justicia”, la responsable precisó que ejerce “presión para que se haga justicia”. El informe, que sale a la luz cada dos años, contabilizó el asesinato de 189 periodistas, trabajadores de los medios y creadores de contenido que realizaban actividades periodísticas en 2024 y 2025, entre ellos 14 mujeres.
Se trata del bienio más mortífero para los periodistas de la última década. Dos tercios de ellos (67 %) fueron asesinados en zonas de conflicto, como los Territorios Palestinos, Yemen o Ucrania. “Esto marca un cambio importante en el panorama mundial de los riesgos para los periodistas”, expresó Gabriel.
La Unesco también destaca el uso cada vez mayor de “vehículos aéreos no tripulados o drones”, responsables del 26 % de los homicidios en 2024 y 2025. Además, insiste en que los periodistas siguen siendo asesinados en sus casas o vistiendo un chaleco que identifica su profesión.
“El Estado de Palestina volvió a registrar el mayor número de casos” en 2025, “con al menos 32 homicidios”, subraya el informe. En total, 1.641 periodistas fueron asesinados en el mundo desde 2006, fecha en la que la Unesco comenzó su registro. Esto representa, en promedio, una muerte cada cuatro días.
Algunas de las cifras presentadas en este informe difieren de las publicadas por el Comité para la Protección de los Periodistas o Reporteros sin Fronteras. La Unesco argumentó estas diferencias por “las circunstancias de un deceso que a veces son difíciles de evaluar debido a la constante evolución de los conflictos”.
El diputado Carlos Godoy plantea aplicar un 5 % de IVA a fármaco para la diabetes
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El diputado Carlos Godoy explicó los alcances del debate sobre la aplicación de un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para uno de los productos más conocidos y tal vez utilizados en la actualidad: la tirzepatida. El legislador indicó que se está trabajando sobre la posibilidad de gravarlo y establecer el porcentaje del impuesto.
“Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto de modificación de la Ley 5372 del 2014, que no solamente habla de la exoneración, sino que habla también de las responsabilidades y la obligación que tiene el Estado en cuanto a proveer este tipo de medicamentos que son para el tratamiento de la diabetes”, indicó este jueves en el programa “Arriba Hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que existe una laguna legal, y que, teniendo en cuenta que se trata de un nuevo medicamento en el mercado, no se encuentra dentro de las tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud Pública ni del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Según mi parecer, este producto tendría que pagar 5 %, no porque yo quiera, sino porque la ley así lo dice, justamente por esa laguna legal que existe en el artículo 21 y en el artículo 17. También con la consulta vinculante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Mi interpretación es que, si esos productos no están dentro de las tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud y no están dentro de la consulta vinculante de la DNIT, no pueden acogerse a ese beneficio”, mencionó.