En el marco del estudio del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el caso del metrobús fue presentado en medio de una caldeada sesión que se desenvuelve en su cuarta jornada. Supuestos daños patrimoniales, afectaciones a los pobladores de la zona en la cual se desarrolló la obra y efectos negativos en términos socioeconómicos constituyen los principales argumentos para sustentar el punto dentro del libelo acusatorio contra la titular del Ministerio Público.

“Este punto está refutado jurídica y técnicamente. En primer lugar, todo el diseño del proyecto se hizo bajo la administración de Fernando Lugo y en el 2012 se desarrolló una reunión para determinar las zonas afectadas por la megaobra y cada municipio tenía la responsabilidad de liberar esas áreas”, declaró el diputado colorado Derlis Maidana.

Si bien coincidió en las afectaciones para los pobladores de la zona, manifestó que el resguardo de cada lugareño dependía de los diversos intendentes de las ciudades abarcadas. Indicó que tanto San Lorenzo como Fernando de la Mora cumplieron con sus partes, pero en Asunción, debido a la desidia, no se pudo liberar la zona durante la intendencia de Mario Ferreiro.

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Por otra parte, Maidana aclaró que la obra es plurianual, por lo cual lleva financiamiento del presupuesto general por varios años, teniendo en cuenta que constituía un proyecto que cambiaría la vida de todos los ciudadanos que se encuentran en las inmediaciones.

“Cuando asumió Wiens, el avance del proyecto metrobús era del 18%, dijo que auditoría las obras, pero entre octubre y noviembre del 2018 anuncia la cancelación del proyecto. Por ende, el perjuicio socioeconómico que se alega fue debido a la cancelación unilateral encabezada por el ministro Arnoldo Wiens”, sentenció.

En cuanto al planteamiento de un supuesto daño patrimonial, el parlamentario recordó que se reembolsaron los seguros establecidos para el megaproyecto, llegando a un total de G. 40.000 millones, aproximadamente. “¿Dónde está el perjuicio patrimonial?”, cuestionó Maidana.

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En cuanto a las expresiones en torno a las pruebas, el diputado destacó que únicamente se utiliza la denuncia del parlamentario Salyn Buzarquis, en la que se observa que toda su denuncia se basa en artículos periodísticos de las fechas en las que se desarrolló el proyecto del metrobús.

“No hay una argumentación real ni pruebas en concreto. Si tanto se quiere acusar a los fiscales del caso, les recuerdo a los colegas que se trataba de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no escucho que se ha planteado algún tipo de sanción a esos magistrados”, aseveró.

Del mismo modo, también refirió que se hace alusión a la falta de imputaciones sobre personas cuestionadas en la elaboración del proyecto del metrobús. Sobre ese cuestionamiento, recordó que la Fiscalía ahora cuenta con una causa abierta de 18 tomos, por lo cual resulta poco fundamentado cuestionar al Ministerio Público sobre el tema.

“Por supuesto que salieron muchas personas perjudicadas, pero fue porque el Gobierno decidió unilateralmente dar por terminadas las obras, no por otras cuestiones, esto reiterando el desembolso de la póliza de seguros”, volvió a recordar.