Este viernes, desde el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, confirmaron que desde el mes de mayo hasta la fecha 8 pacientes fallecieron por complicaciones de infecciones respiratorias y más de 90 ingresaron a terapia. Instan a la aplicación de las vacunas contra la influenza y el covid.

Según el doctor Héctor Castro, director del hospital, en esta temporada se reportó un aumento muy importante de infecciones respiratorias y que en un mes pasaron por las salas de internación más de 500 pacientes.

“Estamos viendo un aumento de casos respiratorios desde el 4 de mayo hasta ahora, de forma sostenida. Hemos cerrado con casi 500 casos internados en el Hospital Pediátrico por cuadros respiratorios. De este número, 90 casos en terapia intensiva y 8 fallecidos niños”, apuntó Castro, en entrevista con la 650 AM.

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Afirmó que es muy importante estar alerta y que se extremen los cuidados, ya que recién ahora estamos con el clima frío. “Hasta la fecha de hoy, ya hemos superado las consultas por cuadros respiratorios con relación a mayo, en menos de 15 días”, manifestó.

Indicó que la excreción de los virus que contagian estos cuadros respiratorios, son mucho mayor y por más tiempo en los niños. “Los chicos representan también amplificadores de contagio que finalmente termina en personas vulnerables que desarrollan formas graves y terminan en los hospitales”, refirió.

Manifestó que cuando hay un aumento coincide con temperaturas bajas, humedad alta y ambiente cerrado, eso es lo que perpetúa el contagio. “Los niños en su gran mayoría, no vacunados contra influencia y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que son los que están ocasionando estos casos de internación”, puntualizó.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

• Ámsterdam, Países Bajos. AFP.

La crisis de salud mental en niños y adolescentes en todo el mundo ha alcanzado un punto crítico a causa de la “expansión descontrolada” de las redes sociales, según un informe del grupo defensor de los derechos de los niños KidsRight, publicado este miércoles. Las investigaciones de esta organización con sede en Ámsterdam y de la universidad Erasmus de Rotterdam arrojan que uno de cada siete en la franja comprendida entre los 10 y los 19 años padece algún tipo de problema de salud mental.

“El informe de este año es una señal de alarma que no podemos ignorar más”, declaró en un comunicado Marc Dullaert, fundador y presidente de KidsRights. “La crisis de salud mental entre nuestros niños ha alcanzado un momento crítico, exacerbado por la expansión descontrolada de las redes sociales, que favorecen el uso por encima de la seguridad”, expuso.

El KidsRight Index es un informe anual efectuado por esta fundación, que evalúa el nivel de adhesión de 194 países a los derechos de los niños y en qué medida se esfuerzan en mejorarlos. En su informe 2025, KidsRights identifica una “correlación inquietante” entre el deterioro de la salud mental de los menores y lo que califica de uso “problemático” de las redes sociales, es decir un consumo adictivo de las mismas que llega a perturbar el día a día del usuario.

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Igualmente observó una correlación entre un consumo excesivo de contenidos en internet y tentativas de suicidio. La tasa global de suicidio se sitúa en 6 por cada 100.000 entre los adolescentes de 15 a 19 años, recuerda el documento, citando cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, observó el informe, las restricciones tajantes -como la decisión de Australia de prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes sociales- tampoco son la mejor solución.

“Ese tipo de prohibiciones estrictas pueden infringir los derechos civiles y políticos de los niños”, entre ellos el acceso a la información, indicó el KidsRight Index.

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El texto urgió por ello a un enfoque más global y sutil, que tenga en cuenta el acceso de los menores a contenidos educativos y evite por otro lado su aislamiento.

El informe señala que “los avances tecnológicos de los últimos años han abierto una caja de pandora de desafíos y oportunidades”. Entre las últimas, destacó el acceso a la información, pero en la lista de desafíos enumeró la exposición de los niños al acoso, la violencia psicológica, la explotación sexual, la violencia de género y la desinformación.

El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, firmó la resolución 2.837, por la cual convoca a sus pares a una sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de junio, a las 9:00. Los únicos puntos a ser analizados serán dos proyectos de Ley que modifica algunos artículos del Código Electoral.

El plenario analizará dos iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer término está el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 130 de la ley N° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley N° 2.858/2006”, presentado por varios diputados.

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El objetivo principal de esta propuesta es permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-administrativo, a fin de que los ciudadanos inscriptos hasta una fecha determinada por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.

Asimismo, el proyecto establece un cronograma electoral que incluye la fecha de cierre de inscripciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución.

Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.

Además, se posibilitará el cruce de datos con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de precandidaturas y la determinación, por departamento, del número de bancas correspondientes a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales.

Este lunes, la comisión de Legislación Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, analizó la propuesta y finalmente emitieron dictamen en mayoría por la aprobación sin modificaciones del proyecto. Mientras que un segundo dictamen en minoría fue por el rechazo y se registró además un voto por la aprobación con modificaciones.

Como segundo tema a ser analizado en la extraordinaria está el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la ley N° 834/1996 ´Que establece el código electoral’, modificado por leyes N° 4743/2012 y 6167/2018”, presentado por varios diputados.

La propuesta busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. La propuesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solo en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por 10 años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario.

Sobre este punto, la comisión de Legislación, igualmente ya emitió dos dictámenes; en mayoría aconseja la aprobación con modificaciones, considerando las sugerencias que presentaron las autoridades del TSJE y de sus asesores técnicos. También se dictaminó por el rechazo en minoría.

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