“Red social”, película sobre la invención de Facebook y los problemas personales y legales que enfrentó su fundador, Mark Zuckerberg, llegó a los cines en 2010 y ahora, 15 años después, su secuela parece estar más cerca que nunca. Aaron Sorkin, guionista de la primera entrega, dirigirá la nueva cinta para Sony Pictures. Esta se inspirará en el escándalo que protagonizó la plataforma en 2021, con la publicación de los conocidos como ‘Facebook Files’.

Si bien “Red social” contó con David Fincher como director, mientras que Sorkin estuvo a cargo del guion (basado en la novela de Ben Mezrich “Multimillonarios por accidente: El nacimiento de Facebook”), en esta ocasión, tal y como ha dado a conocer Deadline, será Sorkin quien esté tras las cámaras, además de escribir.

Según señala el medio estadounidense, el guion para la nueva película explora la historia detrás de los ‘Facebook Files’ de Jeff Horowitz, una serie de artículos publicados en el Wall Street Journal en octubre de 2021. Basados en la filtración de ciertas investigaciones internas, los reportajes expusieron el funcionamiento de la empresa y cómo esta era consciente de los males que podía ocasionar, especialmente entre sus usuarios más jóvenes.

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Cabe decir que los ‘insiders’ han asegurado que el nuevo filme no será una secuela directa de “Red social” y, de hecho, se desconoce si volverá a contar con sus personajes, aunque sería lógico esperar la aparición, como mínimo, de Zuckerberg, a quien diera vida Jesse Eisenberg en la cinta de 2010.

Por otro lado, y aunque el pasado año Sorkin expresara su convencimiento de que Facebook había tenido algo que ver en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, sugiriendo una posible película al respecto, los informantes han recalcado que la nueva cinta no se basará solo en ese evento.

“Red social” fue aclamada por la audiencia y la crítica. La cinta contó con ocho nominaciones a los Óscar, incluyendo una a mejor película y alzándose finalmente con los premios a mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor banda sonora.

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Este miércoles, la organización PRO Desarrollo y la Consultora Mentu presentaron el informe anual sobre economía subterránea en Paraguay. Los datos revelan que, en 2024, la economía paralela en el país representó el 35,1 % del producto interno bruto (PIB), un equivalente a USD 15.000 millones.

El economista y director de Mentu, Hugo Royg, fue quien desglosó el informe. Expuso que pese a algunos avances en formalización y esfuerzos institucionales, la economía subterránea en Paraguay se mantiene elevada y continúa impactando negativamente en el desarrollo, la igualdad y la competitividad del país.

Precisó que este segmento incluye, tanto actividades informales como ilícitas, desde emprendimientos sin registros tributarios hasta redes de contrabando o lavado de dinero. Se trata de un conjunto de dinámicas que escapan al control del Estado, distorsionan los mercados, afectan la calidad del empleo y debilitan la institucionalidad democrática.

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El estudio utiliza el modelo econométrico MIMIC, que vincula la informalidad con factores como la pobreza, el desempleo, el autoempleo, la corrupción y el uso intensivo de efectivo. Los datos muestran que Paraguay cuenta con altos niveles en todos estos indicadores. Uno de ellos refiere que la informalidad laboral se mantiene por encima del 66 %, y el autoempleo alcanza el 42,5 %, “señal de precariedad en el acceso a trabajos formales”.

Así también, la desigualdad de ingresos es abrumadora: el 10 % más pobre de la población accede a un ingreso mensual promedio de apenas G. 392.000, mientras que el decil más alto supera los G. 2.800.000. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores paraguayos son informales, y casi dos tercios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están registradas formalmente.

La presentación revela que, en comparación con otros países de la región, Paraguay se ubica entre los que tienen mayor proporción de economía subterránea. Está por encima de Argentina, Brasil, Chile, México o Uruguay, tanto en porcentaje del PIB como en impacto sobre el desarrollo humano; también advierte que existe una correlación directa entre economía subterránea y crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de acciones coordinadas a nivel regional.

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“Aunque el porcentaje de informalidad disminuye levemente, en términos absolutos el volumen de la economía informal sigue creciendo, porque la economía en su conjunto también lo hace. Es decir, hay más actividad, y dentro de ella, también más informalidad. Esa es una preocupación clave”, dijo al respecto Hugo Royg.

Para finalizar, Hugo Royg expresó que reducir la economía subterránea no es solo una cuestión fiscal, sino que se trata de construir un país más justo, competitivo y resiliente. “El desafío es compartido por el sector público, privado y la sociedad civil”, aseveró.

Este lunes, desde el Ministerio Público emitieron un informen en el que revelan que del 2017 a mayo del 2025 ingresaron un total de 222 casos de intento de feminicidio a nivel país. El 41 % de los presuntos agresores son pareja conviviente de la afectada y 26 % son exparejas de las víctimas.

La Fiscalía realizó un análisis de las causas ingresadas por el hecho punible de Tentativa de feminicidio desde la disposición de la Ley N° 5777/2016, de “Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”. Este arrojó como resultado que en los últimos 10 años 222 mujeres fueron víctimas de intento de feminicidio.

La sicóloga del Observatorio del Ministerio Público, Soledad Barge, explicó que la tentativa de homicidio es la manifestación más cruel y extrema de la violencia contra la mujer.

“Para el feminicida, matar a su pareja se convierte en una forma de mantener su poder y control sobre ésta, ya que la considera de su propiedad, suele acusarla de infidelidad para justificar la crueldad de sus actos de manera a ser comprendido por sus pares”, señaló.

Los datos del Observatorio del Ministerio Público, indican que el 95 % de las causas presentan una víctima, mientras que el 5 % corresponde a dos víctimas. El reporte revela que el mes de agosto es cuando existe una tendencia de incrementarse los hechos ya que aumenta el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas.

“Los meses de mayor frecuencia es de agosto a diciembre en los que se reportaron 48 % de las causas. Los domingos y lunes; miércoles y jueves, encabezan los días de mayor registro de causas”, aclararon en el informe.

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El 41 % de los presuntos agresores, es la pareja que viven con la víctima y el 26 % son exparejas. En su mayorías, las mujeres tienen entre 30 y 59 años (36 %) y casi todas son madres. En tanto que, el 34 % representa a jóvenes de 18 a 29 años y un 3 % corresponde a víctimas menores de 18 años.

También confirmaron que el 4 % de los agresores utilizaron armas blancas como cuchillo, puñal o machete para atacar a sus víctimas. El 18 % de los ataques se realizaron con arma de fuego y el 16 % de los hechos utilizaron sus fuerzas empleando golpes de puños, patadas causando lesiones de gravedad.

Existen varios tipos de violencia, pero los que fueron empleados por estas personas fueron: en un 77 % violencia física, el 18 % de las denuncias fueron por violencia verbal y 5 % de violencia sicológica. De este último, el 30 % recibió amenaza de muerte y el 26 % presentó maltrato verbal, insultos, manipulación y hostigamiento.

El 44 % de las denuncias no cuenta con detalles del tipo de violencia. Dentro de estas denuncias se presentaron otros hechos punibles, el 26 % de las causas registró lesión grave, el 21 % fueron casos de violencia familiar, el resto no se verifica en las denuncias presentadas en las distintas oficinas de atención en el Ministerio Público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.

El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.

Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.

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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.

Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.

Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.

De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.

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