Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia. Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.

Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados. El Departamento de Justicia “reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo”, afirmaron los demandantes.

“Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren”, agregaron. Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso. Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.

Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual. “Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein”, dice la demanda.

Un equipo encargado por el gobierno británico empezó a investigar los archivos relativos al papel del expríncipe Andrés como enviado comercial antes de que sean publicados, en medio de las repercusiones por sus nexos con Jeffrey Epstein, informó el martes un ministro del Reino Unido.

El gobierno británico se comprometió a finales de febrero a publicar los documentos tras un escándalo creciente desencadenado por la divulgación, por parte de las autoridades estadounidenses, de millones de archivos relacionados con el fallecido Epstein, un delincuente sexual condenado.

“Hemos comenzado a buscar en los archivos históricos del departamento y hemos encargado búsquedas paralelas en otros departamentos”, dijo el ministro de Comercio, Chris Bryant.

Epstein, un financiero neoyorquino que se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de delitos sexuales, tenía vínculos con las élites políticas y empresariales.

El expríncipe, ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor, y el exministro y exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson fueron detenidos el mes pasado sospechosos de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con Epstein.

Mountbatten-Windsor, a quien su hermano, el rey Carlos III despojó de sus títulos reales el año pasado, ha sido puesto en libertad por la policía mientras continúa la investigación. Ha negado cualquier conducta indebida.

La policía lo está investigando por acusaciones de que compartió documentos confidenciales con Epstein durante su etapa como emisario de Comercio.

Los documentos sobre el nombramiento de Mountbatten-Windsor como enviado comercial, cargo que ocupó de 2001 a 2011, figuran entre los documentos cuya publicación ha prometido el gobierno.

Virginia Giuffre, quien se suicidó el año pasado, afirmó que fue víctima de trata en tres ocasiones para mantener relaciones sexuales con el miembro de la realeza británica, desde 2001 y dos veces cuando tenía 17 años. Mountbatten-Windsor resolvió en 2022 una demanda civil en Estados Unidos presentada por Giuffre, sin admitir responsabilidad.

Fuente: AFP.

Un jurado de Nuevo México declaró el martes al gigante de las redes sociales Meta como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía. El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, un monto muy inferior al que había solicitado el estado. El caso, juzgado en un tribunal de Santa Fe, es uno de los primeros relacionados con plataformas de redes sociales y la seguridad infantil que llega al veredicto de jurado. Meta dijo que recurrirá la decisión.

“Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos”, declaró un portavoz de la empresa. “Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre lo complejo que es identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino”, añadió. En el juicio se presentaron 40 testigos, incluidos empleados, así como cientos de documentos, informes y correos electrónicos.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda en 2023 contra Meta y contra su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, alegando que la compañía no protegió a los menores de los peligros en línea. “El veredicto del jurado es una victoria histórica para cada niño y cada familia que han pagado el precio por la decisión de Meta de anteponer las ganancias a la seguridad de los menores”, dijo Torrez.

“Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y le mintieron al público sobre lo que sabían”, añadió. En los alegatos finales, la abogada de la fiscalía Linda Singer dijo a los miembros del jurado que los algoritmos de Meta habían dirigido a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes, mientras la empresa ocultaba hallazgos internos sobre los riesgos para los jóvenes.

Está previsto que una segunda fase del proceso comience el 4 de mayo, cuando un juez escuchará el argumento del estado de que se debe ordenar a Meta pagar sanciones adicionales y realizar cambios específicos en sus plataformas y en las operaciones de la empresa.

Un jurado distinto en California deliberaba sobre si Meta y YouTube deben ser considerados responsables por daños causados a menores en sus plataformas, incluso por hacerlas adictivas. Se considera que ese caso es un referente que podría influir en el resultado de miles de demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Un proyecto de investigación presenta aprendizajes sobre cómo las comunidades educativas respondieron a la crisis sanitaria y qué estrategias pueden fortalecer la resiliencia del sistema educativo frente a futuros riesgos.

El estudio, denominado “Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la covid-19”, analizó el funcionamiento de estos comités en 25 instituciones educativas, con el objetivo de comprender cómo se tomaron decisiones y qué mecanismos permitieron sostener la continuidad educativa en un contexto de emergencia.

Entre los principales hallazgos se destaca el papel de la coordinación interinstitucional durante la pandemia. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) brindó acompañamiento a las instituciones a través de guías prácticas y capacitaciones orientadas a la gestión del riesgo en las escuelas.

En este proceso, los supervisores educativos cumplieron un rol fundamental como vínculo entre las autoridades educativas y las comunidades escolares.

Los resultados muestran que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron mayoritariamente colectivas y participativas, lo que contribuyó a fortalecer la autonomía de las comunidades educativas. El proyecto propone recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el sistema educativo

La defensa de Google afirmó el martes que su filial YouTube no buscó hacer intencionalmente esta plataforma adictiva para los niños, en el segundo día de un juicio en Estados Unidos que puede marcar un precedente para cientos de casos contra las gigantes tecnológicas. YouTube “no quiere volver a la gente adicta (a su sitio) más de lo que lo estarían a los buenos libros o al aprendizaje de cosas nuevas”, explicó el abogado Luis Li en su alegato inicial ante los 12 miembros del jurado en un tribunal civil de Los Ángeles.

El lunes, en la apertura de las audiencias, el abogado de la demandante, Mark Lanier, acusó a Google y a Meta, matriz de Facebook e Instagram, de “volver adictos los cerebros de los niños”. “Lo hicieron a propósito”, afirmó. La demanda se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G.M, que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.

Esta dependencia le causó depresión, ansiedad y trastornos de la imagen propia. YouTube no intenta “meterse en tu cerebro y reconfigurarlo”, recalcó Li. Mencionó comunicaciones internas de directivos de YouTube que, según él, mostraban la intención de privilegiar la calidad de los contenidos sobre su viralidad.

Los contenidos se vuelven populares en la plataforma porque los usuarios los recomiendan, agregó, no por acción de la empresa. “No es adicta a YouTube. La pueden escuchar en sus propias palabras (...) ella dijo que no, su doctor lo dijo, su padre lo dijo”, aseguró Li. “No es adicción a las redes sociales cuando no es una red social y no hay adicción”, insistió, cuestionando la definición que a menudo se aplica a YouTube.

TikTok y Snapchat debían inicialmente responder por las mismas acusaciones, pero prefirieron llegar a un acuerdo amistoso con la presunta víctima, por un monto confidencial. Frente a operadores protegidos por la ley estadounidense en cuanto a los contenidos de sus plataformas, los demandantes en este y otros casos cuestionan el diseño de las redes sociales, es decir, el algoritmo y las funciones de personalización que fomentan el visionado compulsivo de contenidos.

Los demandantes acusan a este diseño de ser negligente y nocivo. Retoman así una estrategia llevada a cabo con éxito contra la industria tabacalera en las décadas de 1990 y 2000. El resultado de las audiencias podría sentar un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales.

Fuente: AFP.