El Consejo de Supervisión de Meta pidió al grupo tecnológico que no reemplace con “notas de la comunidad” su programa de verificación de información realizado por periodistas, tal como plantea la empresa californiana en 16 países hispanohablantes de América Latina. En un comunicado consultado por AFP este sábado, el Consejo de Supervisión argumenta que la verificación por parte de profesionales de la información y las “notas de la comunidad”, creadas y aprobadas por simples usuarios de las redes sociales, son mecanismos complementarios que sirven a “dos propósitos distintos”.

El Consejo insiste en que “las notas de la comunidad” podrían resultar contraproducentes o manipulables en regímenes represivos y en países muy polarizados. Por ello, “urgimos a Meta a no plantear las notas de la comunidad como una sustitución directa de la verificación”, indicó en su comunicado el Consejo de Supervisión de la empresa que agrupa a Facebook, Whatsapp e Instagram.

El miércoles, el gigante tecnológico encabezado por Mark Zuckerberg anunció que comenzó a probar sus Notas de la comunidad en 16 países hispanohablantes de América Latina, como paso hacia la sustitución del actual programa de verificación periodística profesional de contenidos.

El anuncio se produjo en pleno auge de la derecha y la extrema derecha en América Latina, de la mano de candidatos que alcanzaron la presidencia de países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú, se reivindican como admiradores de Donald Trump y tienen como modelo al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Todos ellos cuentan con estrategias ambiciosas y reticulares en redes sociales, donde abunda la desinformación para exaltar su imagen y difundir su mensaje.

El año pasado, días antes de que Trump iniciara su segundo mandato en la Casa Blanca, Meta ya puso fin a dicho programa en Estados Unidos, optando en su lugar por estas Notas de comunidad basadas en un sistema de colaboración masiva, como ya venía haciendo la plataforma X de Elon Musk.

En este caso no son redacciones ni periodistas profesionales quienes chequean informaciones potencialmente engañosas o falsas, sino usuarios de las redes sociales que cumplan con una serie de requisitos, como tener al menos 18 años, una cuenta de por lo menos seis meses de antigüedad y no haber infringido las normas de Meta de forma reiterada.

El Consejo enfatizó que, si bien estas notas “pueden aportar información a debates importantes y estimular la libre expresión”, también pueden causar “daños en el mundo real” en ciertos casos, como el de “regímenes que reprimen los derechos humanos”, contextos polarizados que derivan en “violencia política”, y países con “redes de desinformación a gran escala”.

Daños reales en los que “Meta tiene una responsabilidad a la hora de evitar o remediar”.

“Dichos factores existen ciertamente en algunos de los países en los que Meta dice querer probar” la sustitución de la verificación por periodistas profesionales, enfatiza el Consejo de Supervisión.

Y “la decisión de pasar de la fase de prueba a la implementación debería basarse en un análisis de los riesgos específicos de cada país”.

Los países concernidos por la decisión de Meta son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil, que celebra unas reñidas elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido.

La AFP participa en más de 26 idiomas, entre ellos el español, en un programa de verificación de datos desarrollado por Facebook, que contrata para ese fin a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo.

El anuncio de esta semana fue rápidamente cuestionado por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, según sus siglas en inglés), que afirmó que el programa de Meta “no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas” en las redes sociales. La AFP es miembro de la IFCN.

Fuente: AFP.

Meta anunció el miércoles que comenzó a probar sus Notas de la Comunidad en 16 países hispanohablantes de América Latina, un paso hacia la sustitución del programa de verificación periodística profesional de contenidos que lleva a cabo en la región. El anuncio fue cuestionado de inmediato por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, según sus siglás en inglés), que afirmó que el programa de Meta “no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas” en las redes sociales. La AFP es miembro de la IFCN.

El sistema de colaboración masiva, inspirado en el que utiliza X de Elon Musk, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por redacciones y agencias de verificación de datos, un programa al que Meta puso fin en Estados Unidos el año pasado. Los países concernidos por la decisión son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil, que celebrará elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido. “El lanzamiento completo en un determinado país, que incluye empezar a publicar Notas de la Comunidad y migrar gradualmente el programa de verificación independiente, ocurrirá cuando tengamos confianza en que el producto funciona de forma correcta”, dijo Meta en un comunicado.

Phil Chetwynd, director de información de la AFP, dijo el miércoles que los equipos de verificación de la agencia en la región realizaron durante ocho años “un trabajo excepcional”, que la propia Meta ha elogiado.

Señaló que los dos sistemas no deberían tratarse como alternativas. “Investigaciones fiables sugieren que las Notas de la Comunidad solo pueden ser eficaces cuando los colaboradores pueden apoyarse en periodismo verificado, producido éticamente, y en otras fuentes de alta calidad al redactar sus notas”, afirmó.

“La verificación de datos y las Notas de la Comunidad deben ir de la mano. Lo que importa es la calidad de las notas, no su cantidad”, agregó.

El anuncio ocurre cuando un creciente número de candidatos conservadores y de extrema derecha ha alcanzado la presidencia en los últimos tiempos en América Latina con promesas de desregulación, mano dura y resultados veloces en la lucha contra el narco y el crimen. Tienen como modelo al presidente salvadoreño Nayib Bukele y a Donald Trump, y fueron apoyados por Estados Unidos.

Cuentan con fuertes estrategias en redes sociales, donde pulula la desinformación, para exaltar su imagen y difundir propaganda. En El Salvador se descubrió el uso de “granjas de trolls” para crear simpatizantes ficticios y simular apoyo al gobierno.

Muchos se muestran como gobernantes de acción: el presidente de Ecuador de chaleco antibalas en operaciones policiales, el de Colombia vestido de verde oliva junto a militares y entre bolsas blancas con cadáveres de guerrilleros, o el de Chile en la polvorienta frontera con Bolivia al anunciar una zanja para impedir el cruce de migrantes.

En su mayoría estos gobernantes, incluidos en Europa y Estados Unidos, se oponen a programas de verificación digital en redes sociales, acusándolos de ser sesgados.

Meta lanzó las Notas de la Comunidad en enero de 2025 en Estados Unidos. Se trata de “una forma colaborativa para que las personas que utilizan nuestras plataformas aporten información contextual a publicaciones en Facebook, Instagram y Threads”, según la compañía.

De acuerdo con Meta, las Notas de la Comunidad cuentan con “más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 publicaciones” desde su lanzamiento.

“El programa de Notas de la Comunidad por sí solo simplemente no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas en las plataformas de redes sociales”, dijo en un comunicado Angie Holan, directora de IFCN. La AFP participa en más de 26 idiomas en un programa de verificación de datos desarrollado por Facebook, que contrata para ese fin a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo.

El grupo Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) anunció el miércoles que comenzará a probar las llamadas “notas de la comunidad” en 16 países de América Latina, un sistema que ya se ha implantado en Estados Unidos para sustituir su programa de verificación de datos. Un paso más para dejar atrás la verificación de datos realizada por medios de comunicación asociados y sustituirla por un sistema de moderación basado en los usuarios.

Las notas de contexto son una herramienta de moderación colectiva de contenidos. Aparecen debajo de determinadas publicaciones potencialmente engañosas. Twitter puso en marcha estas notas en 2021 y posteriormente las generalizó en la red social, adquirida en 2022 por Elon Musk y ahora llamada X. En enero de 2025, Meta anunció que pondría fin en Estados Unidos a su programa de verificación de datos, pocos días antes de la investidura de Donald Trump, y que lo sustituiría por estas notas.

Las escriben usuarios voluntarios, que deben inscribirse previamente, con el objetivo de “informar mejor en caso de que una publicación sea potencialmente engañosa o poco clara”, según afirma Meta en su página web.

Una “nota de la comunidad” puede aparecer en una publicación “si un número suficiente de colaboradores la considera útil”. Así, “cualquiera puede solicitar una nota de la comunidad sobre una publicación que vea en Facebook, Instagram o Threads y que pueda beneficiarse de un mayor contexto”.

Por ahora, estas notas solo pueden aparecer en contenidos consultables en línea en Estados Unidos. Para convertirse en colaborador, hay que tener al menos 18 años, una cuenta de Facebook, Instagram o Threads de al menos seis meses de antigüedad y una cuenta que no haya infringido las normas de Meta de forma reiterada.

Facebook cuenta con un programa de verificación de datos en más de 26 idiomas, que remunera a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos la AFP, para utilizar sus “verificaciones de datos” en su plataforma, WhatsApp e Instagram.

Con las notas, “el problema es hacer que la verificación dependa de la multitud”, según Christine Balagué, fundadora de la red de investigación “Good in Tech”, que trabaja sobre la desinformación.

“La multitud puede decir algo acertado, pero también puede haber personas malintencionadas que estén ahí para difundir y propagar desinformación”, señala.

El Consejo de Supervisión creado por Meta, matriz de Facebook, para examinar sus decisiones de moderación, advirtió en marzo que si este sistema se implantara a escala mundial “podría (...) plantear riesgos considerables para los derechos humanos y causar daños concretos”.

Esto resulta especialmente preocupante en “regímenes represivos en materia de derechos humanos, en particular en el contexto de elecciones y situaciones de crisis y conflicto”, añadió.

Estas notas, creadas y aprobadas por simples usuarios de las redes sociales, suelen apoyarse en el periodismo independiente para fundamentar sus afirmaciones. Pero esto resulta difícil, incluso imposible, en regímenes represivos, señaló el Consejo de Supervisión creado por Meta.

En algunas regiones del mundo, “actores malintencionados han demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para coordinar un gran número de cuentas con el fin de difundir información engañosa” y podrían tratar de manipular las “notas de la comunidad” de Meta, señaló el Consejo. “Este riesgo aumentará a medida que la inteligencia artificial facilite la creación y el funcionamiento a gran escala de estas redes”, advirtió.

El hecho de que las plataformas digitales reduzcan sus esfuerzos para combatir la desinformación supone un riesgo adicional para la integridad de los procesos democráticos y la confianza de la ciudadanía, advirtió en marzo la Red Europea de Estándares de Verificación de Datos (EFCSN), de la que AFP es miembro.

Fuente: AFP.

La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.