Río de Janeiro, Brasil. AFP.

El asesinato de oposi­tores durante la dic­tadura militar brasi­leña (1964-85) se ordenaba desde el palacio presidencial y Estados Unidos estaba al tanto, revela un documento de la CIA que causó conmo­ción en el país sudamericano, donde los represores nunca fueron juzgados.

"Memorando del director de la CIA, (William) Colby, al secre­tario de Estado, (Henry) Kis­singer. Asunto: decisión del presidente brasileño Ernesto Geisel de continuar con las eje­cuciones sumarias de subver­sivos peligrosos bajo ciertas condiciones". Ese es el encabe­zamiento del documento que data de abril de 1974, desclasi­ficado en el 2015 y exhumado por el investigador Matías Spektor, de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Geisel (1974-79), penúltimo jefe de Estado de la dictadura, tenía hasta ahora la reputación de haberse enfrentado con la línea más dura del régimen.

El informe relata dos reu­niones, el 30 de abril y el 1 de abril de 1974. En la primera, un militar (el general Milton Tavares de Souza) lo insta a proseguir con la política de eliminación de "peligrosos subversivos", diciendo que "unas 104 personas de esa categoría fueron ejecutadas sumariamente por el Centro de Inteligencia del Ejército (CIE) en el último año".

Geisel, que acababa de asumir, quiso tomarse un día para pen­sarlo y finalmente le dijo al jefe del Servicio Nacional de Infor­maciones (SNI), João Baptista Figueiredo, quién le sucede­ría en el cargo, que esa política "se proseguiría, pero que debía tomarse cuidado para estar seguros de que solamente los subversivos peligrosos serían ejecutados", precisa el informe del jefe de la Central de Inteli­gencia norteamericana (CIA).

"Es el documento más perturbador que he leído en veinte años de investigaciones", escribió en su cuenta de Facebook el descu­bridor de ese documento, el investigador Matias Spektor, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

Una Comisión Nacional de la Verdad (CNV) confirmó en el 2014, luego de tres años de traba­jos, 434 muertes y desapariciones durante la dictadura brasileña. Identificó además a 377 agentes públicos acusados de crímenes contra la humanidad. Pero Brasil nunca juzgó a los represores por una ley de 1979 que amnistió a torturadores y asesinos.