La fiscalía federal de México vinculó ayer martes el asesinato de uno de sus representantes en el estado de Tamaulipas, ocurrido la víspera, con una investigación sobre robo de combustible en la frontera con Estados Unidos. Ernesto Vásquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), fue asesinado el lunes en la ciudad de Reynosa, vecina del condado estadounidense de Hidalgo, en Texas. Fue rematado a balazos mientras se arrastraba por el pavimento luego de que su camioneta quedara en llamas tras un primer asalto en una transitada avenida a plena luz del día.

El ataque, presenciado por numerosos automovilistas, fue captado en videos que se volvieron virales en redes sociales y espacios de noticias. “Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”, dijo el martes la FGR en un comunicado.

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Recordó además que grupos dedicados al robo de combustible sufrieron “un grave descalabro” a finales de julio, cuando fuerzas de seguridad federales decomisaron más de 1,8 millones de litros de gasolina robada en esa ciudad. En marzo el gobierno federal anunció un decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el puerto de Tampico, en el mismo estado de Tamaulipas, que tiene un amplio litoral en el Golfo de México.

Si bien Tamaulipas registra una baja en los índices de violencia, su vecindad con Estados Unidos la hace una pieza clave en las lucrativas rutas de tráfico de drogas, migrantes e hidrocarburos hacia el país vecino. En ese estado operan los cárteles del Golfo y del Noreste, a los que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó a inicios de año como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Fuente: AFP.

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La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

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Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

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La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.

"Un año y medio después sigue pendiente la eliminación de impuestos. Los costos se mantienen muy altos para exportar", relata Rubén Artigues, tercera generación de productores frutihortícolas de San Pedro, 170 km al noroeste de Buenos Aires. “Igual seguimos apoyando” al presidente, aclara. En La Buena Moza, paraje del noroeste de la provincia de Buenos Aires, la cosecha de naranjas para exportar avanza a toda máquina y la soja está lista para embarcar, pero hay impaciencia: los productores piden más reformas al presidente argentino Javier Milei.

La paciencia se mide en la espalda económica de los productores. Algunos, como Artigues, perdieron este año el 30 % de la cosecha de naranja y duraznos por las heladas, otros atesoran soja en silos a la espera de un mejor precio internacional, por ahora deprimido. Con Milei descontaban para este año una mejor ecuación, con menos impuestos y menores tasas para financiarse, pero nada de eso ocurrió.

El gobierno leyó el malestar y anunció la semana pasada una rebaja tributaria marginal a la exportación de carnes y granos, con las elecciones legislativas de octubre a la vista. La soja, principal producto de exportación, pasó de pagar 33 % a 26 % de impuesto. La carne vacuna y aviar del 6,7 % al 5 %.

“Es insuficiente, pero ayuda”, dice Artigues. “Estamos conscientes de que no se pueden sacar los impuestos de un plumazo, pero pedimos un plan”. En 2024, la exportación de la cadena agroindustrial representó el 58 % del total de exportaciones en este país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo.

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“Estábamos en el infierno y ahora subimos al purgatorio”, definió a la AFP Raúl Vítores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, respecto al recorte impositivo. Desde que asumió Milei, las mejoras para el sector llegaron a cuentagotas en un contexto de ahogo financiero del gobierno, que amplió un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y pidió luego una dispensa por incumplir metas de atesoramiento de reservas.

Los productores valoran la eliminación parcial del control de cambios, la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal, meta absoluta del Ejecutivo ultraliberal. Pero recuerdan que en su campaña presidencial en 2023 Milei había definido los impuestos a la exportación como “un robo” y había prometido eliminarlos.

A fines de julio pasado, en la feria anual del sector, el presidente supeditó esa meta al equilibrio fiscal en aras del cual vetó leyes que buscaban mejorar el presupuesto universitario o aumentar jubilaciones y pensiones por discapacidad. “Sabemos que la situación es difícil”, señala Artigues mientras supervisa la clasificación de naranjas que se embalan para exportar a Europa.

“Pero sacar una caja de naranjas desde un puerto argentino nos cuesta un 40 % más que para nuestros competidores de Chile, Uruguay o Sudáfrica. El costo del cartón también se encareció en dólares”, explica. En la finca de Artigues, los cosechadores despliegan escaleras para alcanzar la fruta madura de las copas de los árboles. Los tractores van y vienen cargados con naranjas de la variedad Washington Navel, apreciadas por su color intenso y exquisito dulzor.

“Acá tenemos muchos robos, saquean los naranjos por la noche. Entre la delincuencia y la falta de incentivos el productor se va cansando, muchos abandonan y rentan los campos para soja. Es una pena porque la fruta da mucho empleo, la soja no”, explicó Artigues, que emplea a unas 120 personas. El cultivo de soja es, por definición, extensivo y requiere menos mano de obra por hectárea.

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Los productores agropecuarios respaldan la política de ajuste de Milei, que ha eliminado decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público, pero piden resguardos en áreas sensibles para el sector, como infraestructura e investigación. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, que reúne a los grandes terratenientes, había advertido que “no es viable aumentar la producción si no hay caminos, ferrocarriles o vías navegables para sacarla”.

Desde que asumió, Milei paralizó la obra pública, incluido el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales en un país donde el 90 % del transporte de cargas es por carretera.

“Antes de Milei ha habido mucho despilfarro, populismo, pero es cierto que las rutas son un desastre”, dijo a la AFP el ingeniero agrónomo Federico Ávila, que gestiona más de 2.500 hectáreas en San Pedro con cultivos y ganado. También abogó porque la ‘motosierra’ del presidente “pase con cuidado de bisturí” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Quizás no es la velocidad (de reformas) que quisiéramos pero hay que ver de dónde venimos con 200 % de inflación”, resumió.

Fuente: AFP.

La justicia argentina investiga a un hombre como el presunto asesino serial de al menos cinco personas, a las que atacaba y mataba los viernes, según confirmó a la AFP ayer martes el fiscal general de la provincia de Jujuy. Identificado como Matías Jurado, de 37 años, fue imputado el lunes por “homicidio calificado por ensañamiento” y se le dictó prisión preventiva por cuatro meses mientras se avanza en la investigación.

El hombre, que se declaró inocente, fue imputado por uno de los asesinatos, pero se investiga su relación con otros cuatro homicidios. La investigación dio un salto la semana pasada cuando la fiscalía detectó un patrón entre cinco personas desaparecidas, analizó cámaras de seguridad y allanó el domicilio del hombre, donde encontró “huesos, sangre, pedazos de piel, e incluso una nariz”, informó el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez.

En la casa allanada había un joven de 16 años que se presentó como el sobrino del dueño. Aunque al principio se mostró notablemente asustado y nervioso, luego manifestó: “Yo quiero hablar, yo quiero contar lo que pasa”. El menor dijo que su tío “salía los días viernes a la tarde y regresaba a la noche con distintas personas. Aparentemente les ofrecía trabajo y los invitaba a tomar alguna bebida en su casa”.

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“Yo me iba porque sabía que allí pasaban cosas malas, él los golpeaba mucho, los mataba, cortaba sus partes, las quemaba y las sacaba en bolsas de residuos”, relató el joven, según informó al canal local A24 el fiscal de la causa, Guillermo Beller.

Según Lello Sánchez las víctimas “eran gente que deambulaba por las calles en situación de marginalidad”, la mayoría ancianos. El fiscal aclaró que la investigación se encuentra en una “etapa temprana” ya que “hay que hacer análisis de estos restos supuestamente humanos y extraerles muestras biológicas a los parientes de los desaparecidos para hacer el cotejo” de ADN.

Fuente: AFP.

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