El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, lamentó el miércoles que Instagram tardara tanto en tomar medidas para detectar a usuarios menores de 13 años, durante su testimonio en un importante juicio sobre adicción a las redes sociales en Los Ángeles. Consultado sobre reclamos internos de la compañía de que no se estaba haciendo lo suficiente para verificar si menores de 13 años estaban usando la plataforma, Zuckerberg afirmó que se habían implementado mejoras.

Pero “podríamos haberlo hecho antes”, añadió. El director de Meta —que posee Facebook, Instagram y WhatsApp— era el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podría sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncia sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado. Zuckerberg se mostró muy reservado al principio, según constató un periodista de la AFP en la sala, pero luego comenzó a animarse: mostró señales de molestia, sacudió la cabeza y agitó las manos al volverse hacia el jurado.

Los 12 miembros del jurado en Los Ángeles escucharon el testimonio mientras el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, presionaba a Zuckerberg sobre la verificación de edad y su filosofía rectora para la toma de decisiones en la enorme empresa de redes sociales que controla.

Zuckerberg también dijo que Apple y Google, empresas detrás de los sistemas operativos de los teléfonos móviles, deberían implementar la verificación de edad a nivel del dispositivo en vez de dejarla en manos de cada aplicación.

“Hacerlo a nivel del teléfono es mucho más claro que hacerlo por separado en cada aplicación”, dijo. “Sería bastante fácil para ellos”.

El juicio durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; son responsables de los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una joven de 20 años residente en California y usuaria activa de redes sociales desde la infancia.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat.

Instagram no permite usuarios menores de 13 años, y Lanier presionó a Zuckerberg sobre el hecho de que Kaley se había registrado fácilmente en la plataforma con dichas normas en lo profundo del acuerdo de usuario, un texto que, según él, no puede esperarse que lea un niño.

A Zuckerberg se le mostró un documento interno en el que se afirmaba que Instagram tenía cuatro millones de usuarios menores de 13 años en 2015, en la época en que la demandante empezó a utilizar la aplicación, y que el 30 % de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos eran usuarios.

El CEO de Meta aseguró que “ahora estamos en el lugar correcto” en lo que respecta a la verificación de edad, y que con el tiempo se irían añadiendo nuevas herramientas y métodos.

Lanier argumentó que, cuando la aplicación de estas normas era más laxa, jóvenes como Kaley también estaban expuestos a los esfuerzos de Meta por aumentar el tiempo de los usuarios en sus aplicaciones.

Zuckerberg admitió que “antes sí teníamos objetivos relacionados con el tiempo”, pero subrayó que el objetivo de la empresa siempre fue “crear servicios útiles que ayuden a las personas a conectarse con la gente que quieren y a conocer el mundo”.

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes, perjudicando así su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

La querella se centra exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense concede a las plataformas inmunidad casi total frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios.

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, llegaron a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio.

El juicio en Los Ángeles transcurre en paralelo a un caso similar de alcance nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría dar lugar a otro litigio en 2026. Meta también afrenta este mes un juicio en el estado de Nuevo México, donde los fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales.

Fuente: AFP.

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó el miércoles la noción de “adicción clínica” a las redes sociales, y habló en cambio de “uso problemático” durante un juicio histórico a Google y Meta, que busca determinar si diseñaron las plataformas con el fin de causar adicción en niños. Meta (matriz de Instagram y Facebook) y YouTube (propiedad de Google) se sientan en el banquillo acusadas de buscar enganchar a los usuarios más jóvenes para el lucro de las compañías.

El fallo de este caso creará jurisprudencia para las decenas de procesos legales que tienen que enfrentar las redes sociales. “Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”, afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

“Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, añadió. Lanier impugnó de inmediato este punto al subrayar que el testigo no tenía un título en medicina ni en psicología. “Nunca he afirmado poder diagnosticar (...) la adicción”, respondió Mosseri durante el intercambio.

El concepto de adicción es la clave en este juicio civil, que se centra en la denuncia de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien afirma haber sufrido daños mentales graves luego de volverse adicta a las redes sociales cuando era niña.

G. M. dijo que empezó a usar YouTube a los seis años y se unió a Instagram a los 11, antes de pasar a Snapchat y TikTok dos o tres años más tarde.

En sus declaraciones iniciales, el abogado de Meta, Paul Schmidt, replicó que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares.

Mosseri, en cabeza de Instagram desde 2018, rechazó ante el jurado la idea de que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios.

“Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para los beneficios”, afirmó.

“Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro”, agregó el neoyorquino.

Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes.

Está previsto que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparezca el 18 de febrero, y un día después lo haga el jefe de YouTube, Neil Mohan. La demandante, presente unos minutos el lunes, testificará en las próximas semanas.

Al ser confrontado con cadenas de correos internos, Mosseri defendió la decisión de Zuckerberg en 2020 de permitir, aunque sin recomendar, los filtros de cirugía estética en Instagram, a pesar de la fuerte oposición de otros directivos, preocupados por sus efectos en las chicas jóvenes. Mientras, otros ejecutivos destacaron en su momento la necesidad de restablecerlos para no perder cuota de mercado, en pleno inicio de una competencia con TikTok.

“Intentamos ser lo más protectores (...) y lo menos censores posible”, justificó Mosseri. El núcleo del juicio no trata del peligro para la salud mental que suponen los videos alojados por las plataformas, cuya responsabilidad sobre los contenidos es limitada según la legislación estadounidense. Son los algoritmos y las funciones de personalización, acusados de fomentar el visionado compulsivo, los que llevan a Meta y a YouTube al banquillo. TikTok y Snapchat, también demandados, firmaron un acuerdo confidencial antes del juicio. Por ahora, se prevé que el juicio vaya hasta el 20 de marzo.

Se espera que otros procesos similares ocurran a lo largo del año en Los Ángeles, mientras que un procedimiento a escala nacional está en instrucción ante una jueza federal en el norte de California. En Nuevo México, un juicio independiente que acusa a Meta de anteponer el beneficio a la protección de los menores frente a los depredadores sexuales comenzó el lunes.

Fuente: AFP.

Con la reciente regla­mentación de la Ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraes­tructura, con impacto directo en la calidad de los servi­cios públicos y en el creci­miento económico y social.

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Minis­terio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la nor­mativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.

La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los pro­cesos vinculados a obras de infraestructura con finan­ciamiento privado, forta­leciendo la participación del sector privado y mejo­rando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas. El decreto es el resultado de un trabajo coor­dinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provis­tos al Estado. Entre los prin­cipales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibili­dad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyec­tos, en coordinación con las demás entidades públicas.

La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anti­cipada de contratos y la pro­tección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idonei­dad temprana de los proyec­tos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimenta­les, reglas para casos de ofe­rente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desem­peño y auditorías interna­cionales.

Desde el ámbito económico, la reglamenta­ción llega en un momento clave. Con un mejor posicio­namiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyec­tos de infraestructura priori­tarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.

Con la reciente reglamentación de la ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraestructura, con impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en el crecimiento económico y social.

El Poder Ejecutivo promulgó el decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la normativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.

La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los procesos vinculados a obras de infraestructura con financiamiento privado, fortaleciendo la participación del sector privado y mejorando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas.

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El decreto es el resultado de un trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provistos al Estado.

Entre los principales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás entidades públicas.

La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idoneidad temprana de los proyectos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimentales, reglas para casos de oferente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desempeño y auditorías internacionales.

Desde el ámbito económico, la reglamentación llega en un momento clave. Con un mejor posicionamiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyectos de infraestructura prioritarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.

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