Rodríguez habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Senadores en octubre de este año.

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El director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Rodríguez, se entregó el día de ayer a la Policía Nacional, luego de que el Ministerio Público impar­tiera una orden de captura en su contra.

Aldo Javier Rodríguez Gon­zález se presentó volunta­riamente en el transcurso de la tarde en la Comisaría 7.ª Metropolitana, en com­pañía de su abogada Raquel Talavera.

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La presentación del gerente de la Unidad Jurí­dica del Banco Central del Paraguay (BCP) se produce luego de que el Ministe­rio Público emanara una orden de detención en su contra.

La medida fue dispuesta por los fiscales Christian Bení­tez, Silvia González, Verónica Valdez y Laura Giacummo horas antes de que Rodríguez se entregara, en el marco de la investigación abierta por el caso Ueno Bank.

Según la Fiscalía, Rodrí­guez habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Sena­dores en octubre de este año.

Dichas alteraciones habrían omitido información rele­vante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las advertencias relaciona­das con una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas SA, por aproximadamente USD 74,4 millones.

El equipo fiscal sostiene que el director jurídico de la banca matriz habría actuado de manera coordi­nada con otras autoridades del BCP y participado en la elaboración y validación de documentos que presunta­mente contenían informa­ción falsa.

Según la hipótesis fiscal, estas actuaciones habrían dificultado el control del Congreso Nacional sobre la situación de la entidad bancaria que se encuen­tra en un proceso de reso­lución desde el pasado 3 de noviembre tras detec­tarse una insuficiencia en su índice de solvencia. A la vez, retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras Ueno Bank con­tinuaba desarrollando ope­raciones financieras.

La investigación también examina la posible afecta­ción de recursos vincula­dos al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previ­sionales depositados en la entidad. La existencia y el alcance de un eventual per­juicio patrimonial deberán determinarse en el proceso investigativo.

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