El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, sostuvo que no tiene consistencia ni solidez la denuncia penal planteada por algunos legisladores de la oposición contra el presidente Santiago Peña. Para él, estos legisladores, “presos de la impotencia por no poder llegar al poder por vías democráticas, buscan desprestigiar al presidente y desestabilizar al gobierno actual para, por medio de un atajo, llegar al poder”.
Durante una entrevista en el programa “Tarde de perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Baruja aclaró que su opinión es personal y que la brinda sin ánimos de comprometer al Gobierno. El titular del MUVH recordó que desde hace un buen tiempo este sector viene buscando el desprestigio, no solo de Peña, sino del propio gobierno y del partido de gobierno.
“Vemos una sobreexposición de temas con muchas incongruencias e inconsistencias en los ataques que plantean. Básicamente creo que se busca atacar al único partido que realmente trabaja y que está institucionalmente operando”, expresó.
CHISMES DE PELUQUERÍA
Baruja insistió en que observa mucha inconsistencia e incongruencia en todas las denuncias mediáticas y que ahora se busca sustanciar con una denuncia penal. Coincidiendo en este punto con lo manifestado por el abogado Ricardo Preda, señaló que si bien el área jurídica no es de su competencia, le parece que los elementos que presentan como pruebas son más bien “chismes de peluquería”, más que cuestiones realmente sólidas.
“Hoy aparece este anuncio de una denuncia penal con la intención de erosionar la figura del presidente Peña, inclusive ellos hablan de un posible juicio político por cuestiones absolutamente menores a mi criterio. Por eso decía que es como si fueran chismes de peluquería”, acotó. Respecto a los audios que presentan como evidencias, resaltó que tampoco ve nada anormal en ellos, muy por el contrario, indicó que el mensaje que cualquier ciudadano pudiera darle a sus empleados de confianza, para que realicen gestiones que ya por las ocupaciones que tiene por el cargo, no los puede realizar de forma cotidiana. Mencionó que tal vez el presidente probablemente esté analizando qué acciones tomar con su equipo jurídico.
Agregó que en este caso, es similar la conducta de los opositores “cuando afecta a alguien que es de nuestro movimiento oficialista, nuestro equipo, y cuando es del equipo de ellos, la conducta es absolutamente diferente”, trayendo a colación el silencio de la oposición y de los medios aliados respecto al caso de las cuentas offshore de Mario Abdo y su esposa.
“Plan armado por otra gente”
El senador opositor (ex-PLRA) Eduardo Nakayama no firmó la denuncia penal que sus colegas de la bancada opositora presentaron contra el presidente de la República, Santiago Peña, que según declaraciones de una exempleada de Mburuvichá Roga, y publicadas por el diario Abc Color recibiría “sobres” con dinero.
Nakayama dijo que no se prestará al show ya que considera “un plan armado por otra gente”, según declaraciones realizadas a Radio 1.000. “Nosotros somos senadores de la República, esto hizo un grupo de abogados. ¿Te traen y tenés que firmar pio? (...) eso a mí no me parece”, aseguró a la citada emisora. Su renuencia a firmar el documento llamó la atención de sus colegas de la bancada opositora, ya que siempre votó o acompañó iniciativas en contra del oficialismo colorado.
DENUNCIA PENAL CONTRA EL PRESIDENTE
Legisladores de la oposición anunciaron ayer la presentación de una denuncia penal en la Fiscalía contra el presidente de la República, por el caso de supuestos “sobres” en Mburuvichá Róga. Basados en publicaciones periodísticas sin ningún sustento jurídico y de montaje sobre la existencia de supuestos pagos ilegales, los opositores denuncian al jefe de Estado por varios delitos penales como el enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder.
La iniciativa se lleva adelante pese a que no existe sustento jurídico, ya que no hay evidencia concreta sobre los sobres con dinero en la residencial presidencial, así como pruebas de que haya cometido los demás hechos punibles que se denuncian. El argumento utilizado por los legisladores son publicaciones del diario Abc Color.

