• Por Mariano Mercado Rotela
  • Director de Comunicaciones de la ANR

El nuevo acuerdo de Itaipú entre Paraguay y Brasil ha generado el aplauso incluso de los secto­res y generadores de opinión que han sido más críticos con el gobierno de Santiago Peña, y en general con todos los gobiernos colorados, demos­trando que este es un logro importante.

Analizando el mensaje del Gobierno y las expresiones de diversos voceros de la opo­sición, ambas fuentes recono­cen la importancia del acuerdo de Itaipú y la necesidad de una revisión del Anexo C, para el futuro de la binacional.

Mientras el Gobierno resalta los beneficios económicos y sociales del acuerdo, las orga­nizaciones de la sociedad civil plantean interrogan­tes sobre la transparencia, la gestión de fondos y la par­ticipación ciudadana. Al res­pecto ya se expresó el minis­tro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien no descarta la posibilidad de introducir los recursos de la binacio­nal al PNG, advirtiendo en el mismo punto, que no se debe idealizar esta herramienta, y que todo el equipo técnico del Gobierno está trabajando en mecanismos para una gestión eficiente y transpa­rente de los recursos obte­nidos, tras el nuevo acuerdo. Recordemos que fue durante el gobierno de Horacio Car­tes, luego de varias décadas, que se expuso en acceso a la información pública los datos sobre contratos y suel­dos de las binacionales, algo que no se animó a hacer la oposición cuando estuvo en ejercicio del poder en el periodo 2008-2013.

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La crítica destaca la falta de socialización oficial del acuerdo antes de su firma y presentación. Yo me pre­gunto: ¿Itamarati expone su hoja de ruta, su plan de nego­ciación y la estrategia antes de ser ejecutada? Incluso cuando se generan incursio­nes diplomáticas exitosas, muchas de las internas, las recetas aplicadas nunca son expuestas por lógicas razo­nes. Pero, sin embargo, un sector local se empeña en exi­gir que se genere un debate público estratégico que pon­drían en riesgo todo el pro­ceso de negociación.

El acuerdo es un logro histó­rico que beneficia a Paraguay y Brasil, generando impor­tantes ingresos adicionales para inversiones sociales y desarrollo. Resalta la fijación de una tarifa favorable para Paraguay y la posibilidad de venta directa de energía paraguaya al mercado bra­sileño.

Desde los sectores asocia­dos a la oposición se plan­tean preguntas críticas sobre quién decidirá y cómo se invertirán los nuevos fon­dos generados por el acuerdo. Parece que se olvidan que fue un gobierno colorado el que sentó las bases para la crea­ción de programas exitosos como Tekoporã o Tenonderã. Esa mirada social puesta en práctica no nació de una ONG o de un movimiento social, partió de la mirada técnica y política altamente capaci­tada de gobiernos de la ANR.

El debate público es sano, siempre y cuando quienes buscan aportar al desarro­llo del país dejen de lado sus sesgos ideológicos, que no les permite reconocer las victorias cuando no son propias. Concentrarse en lo ganado y la transparen­cia es el camino para seguir construyendo el futuro que el Paraguay necesita.

Mientras el Gobierno resalta los beneficios económicos y sociales del acuerdo, las organizaciones de la sociedad civil plantean interrogantes sobre la transparencia, la gestión de fondos y la participación ciudadana.


Esa mirada social puesta en práctica no nació de una ONG o de un movimiento social, partió de la mirada técnica y política altamente capacitada de gobiernos de la ANR.

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