El canciller nacional, Rubén Ramírez, respondió a los cuestionamientos del senador Gustavo Leite, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sobre el proceso de ascensos, rotaciones y traslados de funcionarios de carrera en embajadas y consulados, que se realizó desde la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
El senador Leite, como presidente de la comisión asesora, remitió una nota a la Cancillería nacional el pasado 15 de noviembre, apuntando su disconformidad y cuestionando las reuniones realizadas por la Junta de Calificaciones. Este organismo tiene atribuciones para reunirse para tratar estos casos, de acuerdo a lo dispuesto a la ley 6935/22 del Servicio Diplomático y Consular y del Servicio Administrativo Técnico; no obstante, el legislador exigió transparencia en el proceso.
El jefe diplomático garantizó que todos los procesos son llevados por la Junta de Calificaciones y se realizan con total transparencia.
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Senado convoca a negociadores para detallar los alcances del acuerdo histórico con Brasil
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, fueron convocados por la mesa directiva del Senado, encabezado por Silvio “Beto” Ovelar con la finalidad de detallar al Congreso Nacional los alcances del acuerdo histórico concretado recientemente por los gobiernos de Santiago Peña y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La convocatoria impulsada principalmente por los parlamentarios de la oposición se encuentra fijada para este lunes 13 de mayo a las 9:00. Buscarán conocer los aspectos técnicos y políticos que fueron tenidos en cuenta por el equipo negociador. No se descarta que también se busque indagar sobre las estrategias que serán implementadas por el gobierno de Peña para encarar al vecino país en la revisión del Anexo C, del tratado de Itaipú.
El gobierno de Peña anunció, este último jueves, la firma de un histórico acuerdo entre Paraguay y Brasil, mediante la definición del nuevo precio tarifario equivalente a USD 19,28 kW/mes que irá hasta el año 2026.
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Este valor implica que Paraguay recibirá 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año y 3.750 millones en tres años.
Las negociación no solo permitirá a nuestro país obtener mayores rentas, sino que también posibilitará la venta de nuestro excedente eléctrico producido desde la entidad binacional, situación que es considerada como un reivindicación de nuestra soberanía energética. A la vez ambos gobiernos acordaron finiquitar la renegociación del tratado de la binacional antes de que acabe el 2024.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Reiteran captura internacional contra Rodrigo Granda por secuestro de Cecilia Cubas
El juez Mirko Valinotti dispuso reiterar la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el plagio y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas hecho ocurrido en el 2004-2005.
El oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo. Con la remisión del oficio a la dependencia policial se da retorno a lo planteado por los abogados querellantes Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz.
Granda, quien maneja varios alias a fin de eludir a los investigadores, soporta proceso en nuestro país por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
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La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo del 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas oportunidades pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició a la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.
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La Ley de Hambre Cero garantiza la gratuidad de las universidades públicas
Un sector de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha decidido continuar con el paro académico porque exigen que se mantenga el arancel cero en la institución. En algún momento también se ha sumado gente vinculada al Rectorado de la UNA, que sostiene la misma causa de los estudiantes movilizados. Esto a pesar de las disposiciones de la Ley 7264, más conocida como Ley de Hambre Cero, promulgada el viernes 5, en que se garantiza la gratuidad de los servicios que presta la alta casa de estudios, tal como venía ocurriendo con la norma anterior y de acuerdo con el pedido de los universitarios. Pero como a ciertos grupos políticos no siempre los guía la razón, la medida de fuerza en la UNA se está endureciendo, perjudicando a los estudiantes que necesitan concurrir a sus facultades para sus actividades académicas. Y lo peor, piden derogar la ley que garantiza la alimentación gratuita a 1.300.000 escolares del país, en cuyos artículos está la disposición del arancel cero para la mencionada universidad. Una estupidez difícil de entender en gente que debería manejarse por el razonamiento lógico.
Para desalentar cualquier malentendido y buscar la normalidad, el Poder Ejecutivo dio a conocer un comunicado el domingo 7 en el que se consigna que en dicha ley se prevé y se garantiza el arancel cero del que hablan los estudiantes. Pero, como hay que seguir haciendo ruido sin importar sus consecuencias académicas y sociales, el paro sigue en pie.
El documento oficial señala que “el Gobierno del Paraguay comunica a los estudiantes universitarios y a la ciudadanía en general, que el Arancel Cero está plenamente garantizado y blindado. Es una conquista de la educación superior que se consolida con la asignación del financiamiento del Tesoro público para su cumplimiento irrestricto, que otorgará a través de los impuestos las partidas anuales correspondientes”.
El documento señala que el Gobierno nacional está comprometido con la educación en todos sus niveles. Por ello asegura: “Seguiremos generando espacios de diálogo e instrumentos de mejora para una educación superior de acceso más equitativo y de calidad para todos nuestros estudiantes”.
Sería bueno que los estudiantes de la UNA y los medios que cuestionan al Gobierno por establecer la gratuidad de la educación terciaria pública examinen lo que dice la ley para informarse y no hacer el ridículo.
En el artículo 9 de la Ley 7264 promulgada el viernes último, la norma que afecta a las universidades públicas queda así: “Acápite: Que establece la gratuidad de cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud”.
En el siguiente párrafo señala de dónde saldrán los recursos monetarios para financiar el arancel cero establecido más arriba: “Del Financiamiento de la gratuidad: Los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la presente ley serán financiados con Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro. Dichos recursos serán blindados y no podrán ser disminuidos ni reprogramados”.
La Ley de Hambre Cero en las Escuelas que está en plena vigencia a pesar de los que no la conocen, establece que continúa vigente la gratuidad de los servicios académicos de la UNA y otras dependencias públicas. Con claridad menciona de dónde saldrá el dinero, de Fuente 10 - Recursos del Tesoro, que es la parte de los fondos estatales que provienen de los impuestos con que se paga también el salario de los funcionarios. Añade que ese dinero tendrá un blindaje que impedirá disminuirlo o reprogramarlo, con lo cual se le da total seguridad.
Por consiguiente, sostener lo contrario no solo es falso, sino una gran mentira, en el sentido de querer hacer creer a los demás lo que no es verdad. Y, como insinúa el ministro de Educación y Ciencias, parece demostrar que detrás de esa campaña existe un interés político bien determinado.
Lo que está claramente establecido en la Ley de Hambre Cero es que no se cobrarán gravámenes por los servicios académicos de la educación terciaria dependiente del Estado paraguayo. Hablar y actuar desconociendo esa realidad es un grave error que no se puede aceptar.