Un sector de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asun­ción (UNA) ha decidido con­tinuar con el paro académico porque exigen que se mantenga el arancel cero en la institución. En algún momento también se ha sumado gente vinculada al Rectorado de la UNA, que sostiene la misma causa de los estudiantes moviliza­dos. Esto a pesar de las disposiciones de la Ley 7264, más conocida como Ley de Hambre Cero, promulgada el viernes 5, en que se garantiza la gratuidad de los ser­vicios que presta la alta casa de estudios, tal como venía ocurriendo con la norma anterior y de acuerdo con el pedido de los universitarios. Pero como a ciertos grupos políticos no siempre los guía la razón, la medida de fuerza en la UNA se está endu­reciendo, perjudicando a los estudian­tes que necesitan concurrir a sus faculta­des para sus actividades académicas. Y lo peor, piden derogar la ley que garantiza la alimentación gratuita a 1.300.000 escola­res del país, en cuyos artículos está la dis­posición del arancel cero para la mencio­nada universidad. Una estupidez difícil de entender en gente que debería manejarse por el razonamiento lógico.

Para desalentar cualquier malentendido y buscar la normalidad, el Poder Ejecutivo dio a conocer un comunicado el domingo 7 en el que se consigna que en dicha ley se prevé y se garantiza el arancel cero del que hablan los estudiantes. Pero, como hay que seguir haciendo ruido sin importar sus consecuencias académicas y sociales, el paro sigue en pie.

El documento oficial señala que “el Gobierno del Paraguay comunica a los estudiantes universitarios y a la ciudada­nía en general, que el Arancel Cero está plenamente garantizado y blindado. Es una conquista de la educación superior que se consolida con la asignación del financia­miento del Tesoro público para su cumpli­miento irrestricto, que otorgará a través de los impuestos las partidas anuales corres­pondientes”.

El documento señala que el Gobierno nacional está comprometido con la educa­ción en todos sus niveles. Por ello asegura: “Seguiremos generando espacios de diá­logo e instrumentos de mejora para una educación superior de acceso más equita­tivo y de calidad para todos nuestros estu­diantes”.

Sería bueno que los estudiantes de la UNA y los medios que cuestionan al Gobierno por establecer la gratuidad de la educación terciaria pública examinen lo que dice la ley para informarse y no hacer el ridículo.

En el artículo 9 de la Ley 7264 promulgada el viernes último, la norma que afecta a las universidades públicas queda así: “Acá­pite: Que establece la gratuidad de cursos de admisión y de grado en todas las uni­versidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Educación Superior, en insti­tutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud”.

En el siguiente párrafo señala de dónde saldrán los recursos monetarios para financiar el arancel cero establecido más arriba: “Del Financiamiento de la gratui­dad: Los créditos presupuestarios nece­sarios para garantizar el cumplimiento de la presente ley serán financiados con Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro. Dichos recursos serán blinda­dos y no podrán ser disminuidos ni repro­gramados”.

La Ley de Hambre Cero en las Escuelas que está en plena vigencia a pesar de los que no la conocen, establece que continúa vigente la gratuidad de los servicios aca­démicos de la UNA y otras dependencias públicas. Con claridad menciona de dónde saldrá el dinero, de Fuente 10 - Recursos del Tesoro, que es la parte de los fondos estatales que provienen de los impuestos con que se paga también el salario de los funcionarios. Añade que ese dinero ten­drá un blindaje que impedirá disminuirlo o reprogramarlo, con lo cual se le da total seguridad.

Por consiguiente, sostener lo contrario no solo es falso, sino una gran mentira, en el sentido de querer hacer creer a los demás lo que no es verdad. Y, como insinúa el minis­tro de Educación y Ciencias, parece demos­trar que detrás de esa campaña existe un interés político bien determinado.

Lo que está claramente establecido en la Ley de Hambre Cero es que no se cobrarán gravámenes por los servicios académicos de la educación terciaria dependiente del Estado paraguayo. Hablar y actuar des­conociendo esa realidad es un grave error que no se puede aceptar.