La mujer recibió el certi­ficado de ocupación en la zona de Remansito por parte del Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en 2010. Una de las condiciones del Indert para la ocupación del inmueble era dedicarse a la agricultura; sin embargo, a juzgar por las adjudicaciones en licitaciones estatales, que empezaron ese mismo año, Chamorro se dedicaba a otro rubro más lucrativo.

La mujer figura como representante de la firma Solu­medic SA, que provee productos del rubro far­macéutico. Desde el 2010, cuando empezó a proveer al Estado, Chamorro cuenta con más de 90 licitaciones adjudicadas, sumando más de G. 86.000 millones.

La firma representada por Chamorro, Solumedic SA, fue una de las adjudicadas por Petropar para la adqui­sición de agua tónica y “tapa bocas de oro” en la petrolera estatal. Es la misma causa que enfrenta la extitular de la institución Patricia Samu­dio y su esposo, José Costa Perdomo, por la compra irre­gular en época de pandemia.

De acuerdo a la carpeta fis­cal la empresa estatal había adquirido por vía de la excep­ción 3.000 unidades de mas­carillas KN95, 5.000 bote­llas de agua tónica, aparte de otros insumos, por un valor de G. 359.700.000 millones, pero algunos productos nunca llegaron.

Chamorro fue imputada por el caso y aunque devolvió al Estado poco más de G. 300 millones debía ir a juicio oral, al igual que Samudio y su marido, que tras ser declara­dos en rebeldía ayer viernes y emitirse una orden de cap­tura en contra de ambos. Hoy se presentaron ante la Justicia en la causa que los investiga por corrupción durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó que se ha procedido a la demolición de varias fincas ubicadas en la zona de Villa Hayes, conocida como Jardines de Remansito.

Esto corresponde a los terrenos de las personas que han entre­gado su llave al Ministerio de Defensa Nacional, propieta­rio legal del territorio. Hasta mañana, quienes devolvieron las fincas al ministerio, tienen tiempo de retirar sus pertenen­cias de la zona.

“De las 17 fincas a las cuales nos abocamos, seis han entre­gado el 60 % de las tierras que ahora intentamos recuperar.

El resto seguimos litigando judicialmente para que el juez ordene el desalojo de los ocu­pantes, ya que no entregan las tierras de forma voluntaria. En la demanda también solicita­mos que las personas proce­dan a la demolición de todo lo edificado, para que las tierras sean entregadas al Ministerio de Defensa en las condiciones anteriores en las que se encon­traban”, detalló.

Remarcó para la 780 AM, que el proceso de demolición debe correr por cuenta de los ocupantes y para garantizar esto, se ha procedido a decla­rar el embargo sobre los bie­nes de cada uno, hasta cubrir la suma de dinero que repre­sentaría proceder a la demoli­ción y retiro de los escombros en la zona.

Se han identificado a los ocu­pantes de las tierras y los terre­nos sobre los cuales no se ha podido establecer identifica­ción fueron puestos de manera inmediata a consideración del Ministerio de Defensa, recor­dando que es el propietario legal y absoluto del territorio.

“Con respecto a los 11 ocu­pantes restantes, contra ellos existe una prohibición de innovar y seguiremos con el juicio hacia estas personas, hasta que el juez dicte sen­tencia. Estas personas tienen prohibido hacer cualquier cosa que altere o modifique el estado actual de cómo se encuentran los inmuebles en la zona”, declaró el procurador.