La agente fiscal Liliana Alcaraz, designada para la titularidad de la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que entre sus primeras accio­nes dentro de la cartera estatal se encuentra retor­nar la confidencialidad en el manejo de las informacio­nes. De acuerdo a las denun­cias, el gobierno de Mario Abdo Benítez utilizó la ins­titución como garrote polí­tico contra sus adversarios.

“Todo lo que tenga que ver con inteligencia debe ser manejada con una abso­luta confidencialidad y voy a tomar las medidas al res­pecto. Para mí la confidencia­lidad de los funcionarios es un tema sumamente impor­tante, y bueno vamos a some­terlos a un periodo de evalua­ción en los primeros tiempos de mi gestión”, dijo al pro­grama “Así son las cosas” emi­tido por la radio Universo 970 AM/Nación Media.

Un trabajo investigativo realizado por los periodis­tas Jorge Torres y Cinthia Mora para el programa “La caja negra”, emitido por Uni­canal, luego de la “denuncia” del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio en el Con­greso contra el exmandatario Horacio Cartes, coincidente­mente, saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Sepre­lad. Documentos internos confirman que la institución manejada en ese entonces por Carlos Arregui era la que proveía información seleccio­nada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.

Al respecto, la viceministra Carmen Pereira figura como la principal operadora que ordenaba la inclusión de per­sonas en la lista a ser inves­tigadas en total violación a los procedimientos internos de la institución, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni soli­citudes de instituciones como la Fiscalía o la Contraloría General de la República.

Pese a los escándalos por las filtraciones, la Seprelad nunca aplicó un protocolo, ignorando totalmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat).

“La Seprelad es un órgano de inteligencia que recibe los reportes de operacio­nes sospechosas de manera diaria y elabora informes de inteligencia que poste­riormente son remitidos al Ministerio Público, para que el órgano represen­tante de la sociedad actúe en consecuencia si es que amerita el informe corres­pondiente”, indicó.