Ante la falta de respuestas a los pedidos de informes, desde el Congreso plantearon un proyecto de ley que busca sancionar a los que desacaten las solicitudes del Congreso. El senador Hugo Richer informó que la Comisión de Legislación de la Cámara Alta dictaminó a favor de la propuesta que plantea la remisión obligatoria de los pedidos de informes al Congreso por los entes públicos.
Se trata del proyecto de ley “Que sanciona el desacato a un pedido de informe del Poder Legislativo”, el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, que plantea la modificación del artículo 3 de la Ley 5453/2015 que reglamenta el artículo 192 “del pedido de informes” de la Constitución Nacional, que otorga la potestad a los congresistas de solicitar información a los entes públicos y funcionarios.
La idea de la ley es establecer sanciones, según lo explicó Richer, por lo que se introduce la figura del desacato. Señaló que los altos funcionarios que no cumplen con esta obligación cometerán el delito de desacato y se los podrá sancionar.
La propuesta legislativa, señala en su artículo 1, que el que incumpliere con un pedido de informe del Congreso será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de multa.
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La Sala Penal debe destrabar la causa y sancionar a chicaneros
Los abogados encargados de la defensa de Mario Abdo Benítez y su gavilla recurren a diversas maniobras dilatorias para evitar que avance la investigación del caso por filtración de datos confidenciales de la Seprelad. La Corte Suprema de Justicia debe aplicar su propia acordada para sancionar a los abogados que hacen abuso del derecho y actúan de mala fe.
El proceso penal que investiga al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete se encuentra paralizado por las múltiples chicanas presentadas por los abogados de los acusados. El expediente se halla pendiente de una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Diesel, estos dos últimos puestos en la Corte durante el mandato de Abdo Benítez.
Estos ministros de la Corte deben analizar un recurso planteado por el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Carlos Arregui, quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera. Lo llamativo del caso es que se recusó al camarista Riera sin que este siquiera haya aceptado formar parte de este tribunal de apelación para analizar la causa. Otro argumento que motivó la recusación fue que se sorteó la conformación del tribunal a las 17:30, sin que esto sea fundamento alguno para parar por completo el caso.
Con esta nueva presentación, la Sala Penal de la Corte deberá destrabar el caso y confirmar a los magistrados que a su vez deberán estudiar otra recusación que había sido presentada contra la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien admitió el acta de imputación contra los procesados.
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, había recusado a la jueza Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.
Con este accionar los abogados defensores de Abdo y sus exministros demuestran que la presentación de estos recursos tiene exclusivamente un fin dilatorio y no el resguardo del derecho a la defensa.
CASTIGO A CHICANEROS
La presentación abusiva de recursos procesales por parte de abogados defensores que tienen como único fin evitar que las causas judiciales no avancen debe ser sancionada por la Corte.
El ordenamiento legal prevé sanciones bien claras que no se aplican. Para los chicaneros los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal son claros y delimitan bien el accionar que tienen que tener los auxiliares de Justicia para no abusar del derecho.
A esto se suma la Acordada n.º 961/15 que emitió la Corte Suprema y que establece sanciones a los que abusan de los incidentes con el solo objetivo de no dejar que el proceso avance, pero que pocas veces son aplicadas a los litigantes de mala fe.
En estas reglamentaciones se habla de apercibimientos, multas y hasta casación de matrícula a abogados, en caso que reiteradas veces incurran en malas prácticas jurídicas.
La Corte Suprema de Justicia debe aplicar la acordada que castiga a los abogados que abusan de las recusaciones, ya que la misma establece que las acciones planteadas deben tener un cierto sustento y fundamento jurídico sobre la supuesta imparcialidad del juez.
LLUVIA DE CHICANAS
La defensa de cada uno de los imputados presentó hasta el momento más de una docena de incidentes ante el Juzgado Penal de la magistrada recusada Cynthia Lovera. Esta actitud de los abogados defensores denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien solo de dilatar el proceso penal.
En ese sentido, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defensor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicialmente una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.
Estas reposiciones deberán ser estudiadas recién cuando se destrabe el proceso penal, es decir, cuando la Sala Penal de la Corte estudie la recusación contra los camaristas, quienes a su vez deben estudiar la otra recusación que pesa contra la jueza del caso.
Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtraciones para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.
Así también el abogado Kronaweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.
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Dictamen a favor sin tocar fondos de Arancel Cero
El dictamen por la aprobación con modificaciones del proyecto de ley “que universaliza equitativamente la alimentación escolar, modifica y amplía la Ley n.º 5210/2014, De alimentación escolar y control sanitario, y sus posteriores modificaciones”, conocida también como “Hambre cero”, fue emitido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La comisión presidida por la diputada Cristina Villalba se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, a fin de abordar los aspectos y alcances de esta iniciativa.
Tras esta reunión, la comisión asesora emitió su dictamen, con la salvedad de establecer que los fondos del Arancel Cero no serán afectados y se establecerán los recursos del Tesoro para su financiación.
“Lo que agregamos dentro del financiamiento de la gratuidad son los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento del Arancel Cero, que será respaldado con fuente de financiamiento 10 (Recursos del Tesoro); con esto le damos la garantía a todos los estudiantes de la República de que vamos a velar porque siga vigente este Arancel Cero”, indicó la diputada Cristina Villalba.
La misma sostuvo que esta modificación, incluida en la comisión, tiene por objetivo garantizar el presupuesto para mantener el Arancel Cero que afecta a las universidades y a los centros de formación técnica. Así también, resaltó la importancia de este proyecto de ley para el alcance universal de la alimentación escolar.
“Hemos dictaminado a favor de la aprobación de este proyecto de ley porque creemos que es fundamental cuidar la alimentación de los niños de toda la República; este proyecto va a beneficiar a más de 1.200.000 niños; la historia nos va a dar la razón porque nuestros niños bien alimentados van a tener mejor formación”, sentenció.
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Abdistas y opositores recomiendan rechazar el desafuero de Espínola
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trató este martes el pedido de desafuero del diputado Mauricio Espínola remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, ante la imputación por el esquema de filtración de datos privados durante el gobierno anterior. Con la participación de cinco de sus once miembros, la comisión asesora dictaminó por el rechazo con cuatro votos de abdistas y opositores.
Al voto en contra del presidente de Asuntos Constitucionales, Roberto González Segovia de Fuerza Republicana (FR, movimiento abdista) y el secretario de comisión, Daniel Centurión (FR), exviceministro y exasesor político de Mario Abdo Benítez en su administración estatal; además de la vicepresidenta del bloque legislativo, Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), se unió Rodrigo Blanco del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Solo la diputada Rocío Abed de Honor Colorado (HC), conectada en formato virtual, emitió voto a favor del desafuero. Los miembros de esta comisión que estuvieron ausentes son: Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Carlos Núñez Salinas (FR), Derlis Rodríguez Báez (HC), Benjamín Cantero (FR), María Cristina Villalba (HC) y Virina Villanueva (HC).
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El diputado Mauricio Espínola, exsecretario privado de Abdo, fue convocado y participó de la reunión de la comisión, acompañado por su abogada Cecilia Pérez, donde expuso su descargo sobre la imputación que pesa en su contra. “Nuestra visión como comisión constitucional es advertir en estos casos si corresponde o no corresponde el desafuero”, dijo el diputado Roberto González Segovia.
Los documentos de la imputación de Mario Abdo Benítez y Maurio Espínola, además de otros excolaboradores del gobierno de Abdo, hacen mención a los hechos por los cuales se realiza la solicitud de desafuero y son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Rechazar pedidos de desafuero sería blindaje para Abdo y Espínola, señalan
El senador Basilio “Bachi” Núñez, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que se estima que el martes 19 de marzo habría un dictamen respecto al pedido de desafuero para el exmandatario y senador vitalicio, Mario Abdo Benítez. El próximo titular del Congreso manifestó que no se debe impedir el trabajo investigativo de la Fiscalía.
“Rechazar sería blindar y bloquear la posibilidad de la Fiscalía de investigar, si eso se hace, en ambas Cámaras, todos los casos deberíamos blindar entonces y creo que eso no corresponde”, afirmó Núñez quien afirmó que no se debería rechazar un pedido de desafuero para ningún legislador e incluso exmandatarios.
El parlamentario de la bancada oficialista señaló que en caso de que la comisión emita un dictamen el próximo martes, ese mismo día se podría convocar a una sesión extraordinaria para tratar dicho tema, no obstante, aclaró en conversación con varios medios de prensa, que la fecha de tratamiento aún está en análisis.
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Asimismo, Núñez no coincidió con la postura de la bancada opositora, que adelantó que apoyarán el blindaje a Abdo oponiéndose a su desafuero. “Viene de una oposición destartalada a la cual no le doy méritos, la parte demandada ahora demanda a los fiscales, los fiscales están investigando filtraciones y ahora la parte demandada denuncia supuestas filtraciones entre la Fiscalía y un abogado”, sostuvo.
La Fiscalía pidió el desafuero del exmandatario Mario Abdo y de su exsecretario, el actual diputado Mauricio Espínola, para investigar los hechos punibles de asociación criminal, revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible y usurpación de funciones públicas.
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