En una nota fechada ayer jueves 10 de noviembre, el senador del PLRA Blas Llano solicitó elevar al pleno de la Cámara Alta el proyecto de resolución “que encomienda a la Contra­loría General de la República a efectuar auditorías financie­ras y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo de Población y Viviendas del año 2022″.

El legislador argumenta que, como es de conocimiento público, el miércoles 9 de noviembre se llevó a cabo el censo en todo el territorio nacional y para la realización de la trascendental tarea, “el Estado paraguayo suscribió un contrato de préstamo el 8 de julio del 2021 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Fortaleci­miento del Sistema Estadís­tico Nacional de Paraguay, por un monto total de hasta cua­renta y tres millones de dóla­res de los Estados Unidos de América (US$ 43.000.000), a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE)”.

Para Llano, no se pueden pasar por alto “las múltiples denun­cias ciudadanas realizadas a través de las redes sociales, en donde manifiestan en su mayoría que pese a cumplir estrictamente con lo estable­cido en el artículo 2° de la Ley 6987/2022, de permanecer en sus hogares a fin de ser censa­dos, no pudieron formar parte del censo porque los censistas nunca aparecieron”.

“La explicación dada en confe­rencia de prensa por el direc­tor del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, del porqué muchas personas quedaron fuera del censo, simplemente son insatisfac­torias, porque no puede atri­buir el fracaso a la deserción masiva de voluntarios (que según denuncian lo hicieron por falta de viáticos)”, refirió el parlamentario.