Desde el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metodología (INTN) denuncian que se estaría registrando una serie de despidos injustificados contra funcionarios contratados pertenecientes al área técnica, administrativa, aparte de licenciados. A decir de estas diversas denuncias que derivaron a La Nación/Nación Media, tras los despidos, en la mencionada institución contrataron a nuevos funcionarios que serían afines a la línea política del oficialismo.
“Entre G. 3 millones y G. 4 millones pagan a estos nuevos funcionarios, que entraron sin título universitario que avale el sueldo percibido. La persecución que se sufre ya es desesperante y se anuncian más desvinculaciones próximamente; quienes son contratados son los más perseguidos y son despedidos por cuestiones mínimas, simples excusas para dejarlos de lado”, sentenció una fuente que prefirió dejar sus datos en el anonimato.
Las denuncias estiman que tanto la directora general del INTN, Patricia Echeverría, como su equipo responden a la línea política del oficialismo, por lo cual realizan diversas diligencias para perseguir, amenazar y sumariar a diversos funcionarios que no se encuentran afines a sus intereses. Desde la institución elaboran distintas acusaciones contra los trabajadores para desvincularlos, según la denuncia de los funcionarios que prefieren el anonimato por temor a represalias.
Una de las estrategias utilizadas, de acuerdo a las denuncias, consiste en trasladar a los colaboradores de determinados sectores a otros que no se encuentran relacionados con sus funciones, hasta generar hartazgo y la posterior renuncia de la persona afectada. En el caso de que la persona hostigada no renuncie, se presentan excusas mínimas, como haber excedido el tiempo otorgado para el horario de almuerzo, entre otras cuestiones.
Del mismo modo, se dejó entrever la priorización de los directivos en torno a las inversiones para presuntos viajes de capacitación, asegurando que estos actos no constituyen más que despilfarros en beneficios de las autoridades de la institución.
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Dedicó 64 años a la docencia y fue despedida con mucho cariño por su alumnos
En el Día del Maestro, estudiantes de la escuela y colegio San Francisco de Asís y toda la comunidad educativa de la ciudad de Ypané, despidieron a la profesora Eusebia Samaniego. Hoy, la docente pasa a disfrutar de un merecido descanso luego de que dedicó toda su vida a la docencia.
La querida profe Eusebia empezó a enseñar a los 18 años y lo hizo durante 64 años, tiempo en que con mucha sabiduría y entrega pudo ver florecer a sus queridos estudiantes. Fue fundadora de dos instituciones educativas más importantes de su querida ciudad de Ypané y hoy deja un legado muy grande a sus hijos.
“Hoy 64 años después, la profe Eusebia decidió retirarse con una emotiva celebración hecha por los niños y niñas, de la institución que vio crecer. Deja un legado extraordinario a sus alumnos y amada ciudad a los que entregó su vida”, explicó Gerardo Fariña, en entrevista con La Nación/Nación Media.
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La maestra fue fundadora del emblemático colegio Nacional Miguel Ángel Torales y la directora más antigua de la escuela profesor Manuel Antonio Enciso, donde estuvo por 32 años. Todos recuerdan la paciencia, el amor y la entrega de la profesora, quien educó a cientos de ypanenses.
“Tras su jubilación, lejos de retirarse, decidió emprender un desafío aún mayor, que fue fundar su propia escuela y colegio privado denominado San Francisco de Asís. La misma es el motivo de orgullo de toda la comunidad”, resaltó Fariña.
Agregó que hoy deja todo en manos de sus 4 hijos que con mucho orgullo siguen los pasos de su madre y también se convirtieron en maestros. “Hoy sus hijos siguen sus pasos en la difícil tarea educativa y toman el compromiso de emular a su madre en esta tarea tan importante”, puntualizó.
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
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Así armaron la historia ficticia y publicaron en medios oficialistas
Relato cronológico de la mentira de Abdo: tergiversación, conjeturas y filtración y cómo su equipo fraguó el contenido del informe confidencial, según Fiscalía; además, cómo Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos.
El acta de imputación de la Fiscalía revela cómo en el gobierno de Mario Abdo Benítez las autoridades y funcionarios de instituciones de inteligencia fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines proselitistas.
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Dichos funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación, lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación. Asimismo, este informe de inteligencia filtrado a los medios de prensa habría sido presentado por Arregui en calidad de denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante el Ministerio Público.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
BASE PARA LA FILTRACIÓN DE DATOS
(Página 12) Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio. En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que el archivo elaborado presuntamente por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa y, por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
OTRA FILTRACIÓN CONFIDENCIAL
(Página 7) En el acta de imputación se expone además que el equipo de Abdo Benítez filtró a la prensa un pedido de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).
En el mes de enero del 2022, Arregui y Giuzzio habrían filtrado a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco de un expediente sobre Horacio Cartes.
Asimismo, en la elaboración de la contestación del pedido realizado se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado a cabo con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá.
ÚNICO PROPÓSITO
La filtración, efectuada por Arregui y Giuzzio con el único objetivo de desacreditar políticamente al exmandatario, se concretó cuando el diario Última Hora publicó que la “FISCALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTIGANDO A HORACIO CARTES, REVELA GIUZZIO” y cuando el diario Abc Color emitió la publicación periodística titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”. Este último medio incluso incluyó en su artículo el formulario de pedido realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica.
También llamó la atención que, por más que la Seprelad tenía acceso a la plataforma para bajar el formulario de solicitud peticionado por la Fiscalía panameña, Arregui solicitó al punto de contacto de la Policía Nacional, comisario principal Luis López, la entrega física del pedido de informe de carácter confidencial de la Fiscalía de la República de Panamá. Y que el 14 de enero del 2022, día en que el entonces ministro Arnaldo Giuzzio habría filtrado a los medios de prensa la solicitud del Ministerio Público panameño; Arregui y Carmen Pereira se comunicaron con el comisario Luis López a fin de recabar información con respecto a si la Policía Nacional contestó o no a la fiscal extranjera, sin explicar el motivo para querer conocer dicha información. Según los investigadores, aparentemente ambos habrían buscado atribuir al punto de contacto de la Policía la filtración hecha por el propio gobierno de Abdo.
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Tras denuncia por acoso, Senepa abre sumario contra funcionario
Esta semana, una joven de 20 años que se desempeña como funcionaria del Secretaría Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) denunció que era acosada constantemente por otro funcionario y que incluso se quiso propasar con ella. El Ministerio de Salud tomó conocimiento del caso y abrió sumario contra esta persona.
Este martes desde la cartera sanitaria en un comunicado explicaron que a raíz de esta denuncia decidieron tomar cartas en el asunto y evitar que este tipo de casos no se vuelva a repetir. “El Senepa inició el proceso administrativo para la apertura de un sumario al responsable de la zona 18 Capital”, expresaron.
Apuntaron que también realizaron una intervención en la oficina donde esta persona desempeñaba funciones y que permanecerá así mientras dure el proceso de investigación del caso. “Se han implementado medidas de protección, para salvaguardar la integridad de la denunciante”, refirió.
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Reiteraron el compromiso de brindar un ambiente de trabajo seguro, donde la integridad de sus colaboradores es la prioridad. “El proceso administrativo en curso busca, no solo abordar esta situación específica, sino también reforzar las políticas internas de la institución para evitar casos similares”, puntualizaron.
La denuncia fue realizada por la funcionaria en la comisaría 7ª de Asunción luego de que en un viaje laboral el hombre intentó ingresar a la habitación de la funcionaria. Los agentes de la citada comisaría comunicaron sobre el caso al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.
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