La agente fiscal Alicia Sapriza, quien lleva adelante la investigación del caso del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio defendió la imputación y aseguró que se hallaron elementos objetivos que avalan el procesamiento. La funcionaria del Ministerio Público salió al paso de las críticas hacia la actuación de los fiscales intervinientes, quienes tras el allanamiento de la vivienda del ex senador lo acusaron por cohecho pasivo agravado.
“Nosotros encontramos elementos objetivos bastante importantes con todo el análisis que realizamos en base a la extracción telefónica que se hizo del teléfono de Marcos Vinicius”, refirió a la 1080 AM.
Sapriza explicó que todos los datos colectados serán analizados junto con “otros elementos incautados” durante el procedimiento realizado a primeras horas de ayer martes. Garantizó que la pericia es confiable al señalar que se cotejarán todos los documentos obrantes en la carpeta fiscal, así como los añadidos ayer luego del allanamiento practicado. “Consideramos que hay elementos suficientes para sostener la sospecha por la comisión de este hecho punible”, finalizó.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
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Giuzzio se quedó sin defensor y sería otra estrategia dilatoria
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y, por ende, la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
ACUSACIÓN
El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
CUESTIONAMIENTOS
Los cuestionamientos a Giuzzio sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico incluyen el exponencial crecimiento de la narcoexportación en Paraguay a raíz de la liberación en los puertos de los controles de la Senad cuando era su titular.
En mayo de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Giuzzio firmó una resolución con la cual se dejó “el arco libre” a los negocios ilícitos en el país, convirtiéndose Paraguay en un centro de acopio logístico para la comercialización y exportación de grandes cargamentos de drogas con destino a Europa.
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Los 42 elementos de sospecha contra Mario Abdo y su gavilla
La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
La causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospecha irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.
El compendio de pruebas presenta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el Editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodísticas realizadas por cada diario. Las publicaciones son claros indicios de filtración de documentos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titulada “EMPRESAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publicación titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”.
La Fiscalía señala que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carácter confidencial realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación periodística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.
En el expediente resalta la publicación “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTECEDENTES DE CARTES, REVELÓ EL MINISTRO GIUZZIO”. De este artículo, según cita el Ministerio Público, se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vinculado a la revelación de información de carácter confidencial.
Obra asimismo en el acta de imputación una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscalía panameña a nuestro país. En ese sentido, en la misma se confirma que esta institución recibió la comunicación de carácter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano derecha Carmen Pereira.
También se incluyó otra nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de contacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Policía Nacional el responsable era el comisario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, le solicitó la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días después, conforme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a través de medios periodísticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.
Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe técnico de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se constatan las redes sociales del diario Abc Color, de la entonces senadora nacional Desirée Masi, y del actual diputado Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se desprende, según la Fiscalía, que datos confidenciales vinculados a Seprelad fueron filtrados en medios periodísticos y redes sociales.
También figura un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que filtró todos los informes de inteligencia financiera de la Seprelad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicación de Abc titulada “FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES”.
La Fiscalía sustenta su imputación con la declaración testimonial del excomandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias, que reza cuanto sigue: “El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a través de la plataforma por parte del Ministerio Público de Panamá, a través del comisario Luis López. Seguidamente, puso en conocimiento del entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien le ordenó que se comunique con el ministro de la Seprelad Carlos Arregui. Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comunique con el citado ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Carlos Arregui”.
Así también en el acta de imputación figuran las declaraciones testimoniales de los funcionarios de la Seprelad, Derlis Ruiz Báez, Inés Yambay y Rocío Peña, todos asignados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la institución.
El Ministerio Público incluyó en el expediente el informe de evaluación mutua de Gafilat al Paraguay, en el cual se enfatizaba la preocupación del equipo evaluador por la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad a medios de prensa y sitios de internet.
La Fiscalía además agregó a la causa una nota de la Seprelad, mediante la cual la institución informó que no pudo hallar en la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico algún informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, sí encontró un borrador de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que a través de los metadatos del documento, se pudo determinar que su elaboración estuvo a cargo del autor DANIEL FARÍAS y la última modificación fue realizada por R.M. Fernández B. (el exministro René Fernández). La fecha de creación fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la última modificación se realizó ese mismo día a las 21:58.
Entre las evidencias figura también el listado de personas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcionarios. En dicha nómina se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciembre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reunión mantenida el mismo día 20 minutos después entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (funcionario del Ministerio del Interior).
La Fiscalía consta además de dos informes conclusivos remitidos por la Seprelad, uno por el sumario abierto para la averiguación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, y otro por el sumario abierto ante la divulgación indebida de la información relacionada a la solicitud hecha por la Fiscalía de Panamá.
Varios correos electrónicos también obran en el expediente, tal como el remitido por el funcionario Francisco Pereira a Derlis Ruiz el 29 de marzo de 2022, en el que le envía el archivo Word creado por Daniel Farías y editado por René Fernández. El correo del 20 de mayo de 2022 de Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, donde le envía juicios de valor con relación al expresidente Horacio Cartes a ser agregados al informe de inteligencia. El correo del 20 de mayo de 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, en el cual le envía cuadros de facturaciones/salarios de Óscar Boidanich en Tabesa y de Santiago Peña en Banco Basa a ser agregados al informe confidencial.
Figura además un memorándum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicación por medios periodísticos del formulario de la plataforma. Los correos electrónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panamá. Y un compromiso de confidencialidad firmado por Carmen Pereira.
Otras notas incluidas son los decretos de designación de Arnaldo Giuzzio (Ministerio del Interior), René Fernández (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad), así como en carácter de secretaria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como así también la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabación de su audiencia pública ante la Comisión Permanente del Congreso.
Además de la denuncia presentada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Peña del 30 de mayo de 2022.
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Arnaldo Giuzzio chicanea, recusando a jueza
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, imputado por siete delitos por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recusó a la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien días atrás admitió la imputación y a partir del lunes 25 de marzo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Con la recusación presentada por Giuzzio, ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si corresponde confirmar a la jueza Lovera en el caso.
El abogado Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, presentó un recurso de reposición y apelación contra la determinación adoptada por la jueza, quien admitió la imputación contra los exministros de Mario Abdo Benítez y algunos altos funcionarios.
También fueron imputados por el mismo involucramiento el expresidente de la República Mario Abdo Benítez; los exministros Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, además de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
El Ministerio Público imputó a los citados por los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.