El juicio oral y público para la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, y para el periodista Juan Carlos Lezcano se inició ayer con las declaraciones de los testigos de la querella. Esta fue entablada por la ex viceministra de Tributación Marta González por difamación, calumnia e injuria tras publicaciones periodísticas.
Los testigos, entre ellos Luis Corvalán, Víctor Gómez, Roberto Castillo, María Liz Caballero y Gustavo Zarza, hablaron sobre las funciones que cumplía cada uno cuando se desarrolló el sistema Marangatu para la Subsecretaría de Estado de Tributación. A su turno, Zarza, quien se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ratificó que en su dictamen “expuesto así los hechos, quedan desvirtuadas las publicaciones periodísticas”.
Se refirió a la publicación del 27 de marzo del 2019. Las informaciones publicadas por Abc hacían referencia a que la ex viceministra tercerizó servicios por vía de la excepción para la actualización del sistema Marangatu para beneficios propios, pues supuestamente ella se desempeñaba como directora de la empresa adjudicada: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
Por su parte, Luis Corvalán, quien era el encargado de la elaboración de los requisitos técnicos, explicó la necesidad de actualizar el mencionado sistema tecnológico de la SET. Así también, Roberto Castillo, quien se desempeñó como funcionario de la SET desde el 2009, detalló que las modificaciones al sistema Marangatu derivaron en una reingeniería completa.
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Filtraciones: desmontan mentiras de Abc que defienden a Marito y gavilla
Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.
- Por Cinthia Mora
La estrategia mediática instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra funcionarios que colaboraron para esclarecer el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.
En todas las publicaciones realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputados sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamientos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los graves hechos mencionados en el acta de imputación.
Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.
La funcionaria fue acusada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partícipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de información de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.
Documentación mediante, se desmonta una de las tantas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alcaraz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema mencionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.
La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e información precisa sobre los partícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC
Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investigación Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se aseguraba que el mismo cobró doble remuneración.
La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministerio Público, como asistente fiscal.
El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fiscalía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.
Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investigación interna sobre las filtraciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus funciones en el marco de lo que la ley establece.
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Nuevo vice apunta a mejorar servicio de transporte público
El Viceministerio de Transporte cuenta con nueva autoridad, Emiliano Fernández, quien asumió al cargo el pasado 22 abril y afirmó que al tomar las riendas de la institución se enfocará en soluciones que tengan un impacto directo en la ciudadanía en el corto plazo, como la frecuencia nocturna e integración de tarifas, así como también apuntará a cambiar el modelo que produce dolor a los usuarios del transporte público, según manifestó.
“Mi obsesión es poder generar ya un alivio a la gente y en menos de un año poder tener medidas que impacten en la ciudadanía, como la integración de tarifas, que ya existe en otros países, es decir, pagar solo una vez el pasaje, también la frecuencia nocturna, esas son acciones que podemos hacer mientras diseñamos la reforma”, expresó Fernández.
El viceministro estuvo como invitado en “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media. En este espacio, señaló que alrededor de 600.000 personas forman parte del universo que utiliza el transporte público en Asunción y en el área metropolitana e indicó que existen falencias en todos los ámbitos que hacen que tomar el bus sea un calvario para la ciudadanía, lo que ha generado una frustración acumulada.
“Esta política pública llamada transporte público, que es obligación del Estado, está fallando a la gente y no está fallando en un solo punto. Cada componente del sistema de transporte público que involucra a la flota, la frecuencia, los itinerarios, subsidios, tarifa técnica, calidad de los transportes, en todo este recorrido, todo falla, hay una falla sistémica, todos los componentes del sistema público está fallando”, aseveró.
NUEVA POLÍTICA
Fernández ya se ha reunido con organizaciones civiles como Colectivo y Opama, con los empresarios, con los representantes del billetaje electrónico y con otros actores más que forman parte del sistema. Ante ellos ya fue expuesta la visión de trabajo y la intención de cambiar en definitiva el sistema de transporte y que sea el Estado el que tenga pleno control sobre el mismo.
“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público serán las nuevas reglas de juego del Estado; el que se sube, se sube, y el que no, tiene el campo del sector privado abierto con muchas cosas para hacer”, sentenció.
El viceministro aseguró que parte del trabajo a realizar será la visita in situ a las paradas de ómnibus, de modo de contrastar si es real lo que se manifiesta en los papeles, así también conocer la realidad de las empresas y la razón por la cual no se cumple con la frecuencia y con la calidad de los buses.
Asimismo, las normas que regulan al transporte público también deben ser evaluadas, dado que las legislaciones ya datan de varias décadas y las sanciones no tienen ningún impacto que obligue al empresario a mejorar su servicio. “Hoy la normativa es obsoleta”, cuestionó.
“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos a cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público serán las nuevas reglas de juego del Estado” - Emiliano Fernández, viceministro de Transporte
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Roa: fiscal acusa y pide juicio oral
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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