El abogado y constitucionalista Marcelo Duarte cuestionó la utilización del dinero público por parte de la senadora oficialista Lilian Samaniego para el financiamiento de una consultora especialista en hacer cabildeos en los Estados Unidos para mantener una serie de reuniones con altas autoridades del país norteamericano en carácter personal, sin representación legislativa.
En una entrevista realizada en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, manifestó: “Yo conozco perfectamente el sistema de lobby en los Estados Unidos, sé que es una actividad regulada, lícita, pero invocar la representación del Gobierno paraguayo sin un título habilitante es absolutamente ilegal, ilícito”.
Por medio de un formulario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, denominado FARA, que es una información pública, se pudo comprobar que Samaniego en su reciente visita al país del Norte en julio pasado en realidad consiguió reunirse con autoridades norteamericanas gracias a las gestiones de una firma consultora dedicada a hacer lobby.
De este modo se confirma que el oficialismo tuvo intervención directa y estuvo operando ante autoridades de los Estados Unidos para influir sobre la imagen del ex presidente de la República Horacio Cartes y unas semanas después el gobierno de ese país mediante su embajada ante el Paraguay anunció que deniega el ingreso al país norteamericano al líder del movimiento Honor Colorado.
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Denuncian que cerca de 900 casas de cambio operan sin control en Paraguay
El presidente de la Asociación de Casas de Cambio de Paraguay (ACCPY), Emil Mendoza, habló acerca del allanamiento que se realizó a una supuesta casa de cambios que operaba ilegal, pero normalmente en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Al respecto, precisó que actualmente 900 casas se encuentran trabajando en las calles, sin control.
“Hay 900 instituciones que se dedican a estas operaciones de cambios clandestinos y mueven el dinero producto del contrabando y narcotráfico. Son solo 25 las casas de cambio autorizadas para trabajar por el Banco Central del Paraguay (BCP)”, dijo Emil Mendoza a la 1000 AM.
El titular de la ACCPY indicó que estos lugares prestan el servicio de forma irregular, lo hace solo a personas que realizan contrabando de mercaderías y que esta práctica ilícita se viene denunciado ya desde hace mucho tiempo. “No se cuenta con acompañamiento suficiente de las autoridades locales ante las denuncias que venimos haciendo”, lamentó.
Asimismo, recordó el comunicado emitido por el gremio, en el que instaron a toda la comunidad financiera y al público en general a verificar la autorización de las firmas que operan en el mercado. El documento debe ser expedido por el BCP y puesto a disposición del consumidor en los respectivos salones de operaciones de las empresas.
También mencionaron que las operaciones realizadas por personas no autorizadas y hechos como los que trascendieron en la capital del Amambay afectan la imagen y reputación de entidades autorizadas por la banca matriz para realizar operaciones dentro del sistema cambiario nacional.
El pasado viernes 22 de setiembre la Policía Nacional allanó la casa de cambio que operaba de forma ilegal en PJC, en prosecución a la investigación del homicidio de Charles González Coronel, hijo del presunto narcotraficante Clemencio “Gringo” González, quien fue atacado a tiros, presuntamente al retirarse de una casa de cambios ubicada en un local comercial, el día anterior.
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El Gobierno quiere formalizar la economía para eliminar la ilegalidad
El contrabando es un delito que nunca pasa de moda, y como noticia siempre está entre las informaciones más resaltantes, porque cada tanto hay un nuevo capítulo en la vida del país. A raíz de los estrictos controles que se están desarrollando con las nuevas autoridades del gobierno que asumió el 15 de agosto, sectores que estaban muy cómodos con el sistema cómplice anterior que les dejaba hacer negocios ilícitos sin inconvenientes salieron a protestar, criticando al Gobierno y cerrando ilícitamente algunas rutas. No se pusieron a aplaudir que se quieran cumplir las leyes, sino a gritar porque quieren continuar con el reino de la ilegalidad. Como actúan los delincuentes cuando se les obliga a cumplir con las disposiciones legales.
En esta ocasión los protagonistas principales fueron los comerciantes de la localidad de Nanawa, que viven de la venta de mercaderías provenientes de la Argentina sin observar las disposiciones legales. Se enojaron por los controles que realiza el Gobierno a los que van a adquirir artículos ingresados de contrabando, sin la emisión de facturas ni el cumplimiento de las obligaciones legales. A raíz de ello, a pesar de los bajísimos precios, muy pocos compradores quisieron concurrir al lugar porque tenían que presentar los papeles de rigor. Y mermó considerablemente el comercio en esa localidad y cercanías, para malestar de los fronterizos.
Entonces salieron a protestar cerrando la ruta Transchaco en las cercanías del puente Remanso, impidiendo el tránsito que tiene que ser libre para todos, dificultando el trabajo de otras personas que necesitan movilizarse para trabajar. Para los que delinquen acatar la ley es lo menos importante.
Los comerciantes sospechosos de estar vinculados al contrabando han protestado por el régimen de pacotilla, que es la norma que rige para ingresar mercaderías de los vecinos países, con un límite equivalente a 300 dólares por persona (G. 2.130.000 al cambio de 7.100 por dólar), pagando el importe de algunos tributos.
A raíz de las protestas de los cómplices del contrabando de Nanawa, salieron a apoyar al Gobierno las entidades empresariales de las más diversas extracciones. Más de 50 gremios que agrupan a las industrias y servicios expresaron su apoyo a las medidas gubernamentales contra las prácticas que riñen contra la ley. Es que no resulta admisible que los comercios que se dedican a la venta de productos ingresados ilegalmente continúen con esa irregularidad sin observar las normas. La aplicación de la ley no se puede negociar ni ser objeto de especulaciones de ninguna laya, bajo ningún tipo de circunstancias. Si el gobierno anterior lo permitió es porque no le interesaba que se observen las imposiciones legales que corresponden.
Por eso la sociedad paraguaya tiene que apoyar por todos los medios la formalización que el Estado está planteando como solución para el problema de Nanawa, que ocurre en muchos otros lugares del país. Exigir que, por las buenas o por las malas, se aplique la ley es una responsabilidad del Gobierno y un compromiso de la ciudadanía.
Entre las propuestas que se manejan está instalar una oficina de la Subdirección de Aduanas en Nanawa, para facilitar la realización de los trámites de despachos a los comerciantes de la zona. La observancia de las normas implica el pago del IVA y de los aranceles aduaneros por cada producto importado. Luego, al vender sus productos a los compradores locales, deben expedirles las facturas correspondientes, como están obligados a hacer todos los negocios del país. Eso es lo que implica la formalización, salir de la ilegalidad y actuar de acuerdo con las leyes.
Los comerciantes de Nanawa, y de toda la nación, deben negociar de manera pacífica y entrar en el circuito legal, fuera del contrabando y cualquier tipo de manejo delictual. Haciendo lo que estipulan las leyes, van a seguir vendiendo muy bien porque tienen precios competitivos, y estarán mejor, porque no seguirán al margen de las disposiciones legales. Pero no se pueden oponer a las autoridades legítimas y a la observancia de las obligaciones legales que tienen, aunque algunos añoren al gobierno que se fue que les permitía actuar sin problemas en la ilegalidad, como señalaron algunos. Eso ya forma parte del pasado, que está cada vez más lejos.
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Propaganda electoral en redes, activa pese a ilegalidad
Recién desde el 16 de noviembre y hasta el 15 de diciembre rige la autorización, de acuerdo al cronograma electoral para las internas.
A pesar de que la autorización para realizar las propagandas electorales recién corre a partir del 16 de noviembre y va hasta el 15 de diciembre, de acuerdo al cronograma electoral para las internas partidarias del 18 de diciembre de este año, en las redes sociales es una constante encontrar las propagandas extemporáneas. Esto expone que existe una laguna normativa para el control y las sanciones ante el incumplimiento de los plazos electorales.
En este sentido, el juez electoral de Central, Modesto Núñez, señaló que la publicidad de los precandidatos y de los partidos y movimientos políticos requiere de una legislación que debe ser trabajada y aplicada para las elecciones. Esto no solo para los casos electorales, sino en general.
“En Paraguay tenemos muy poca regulación en el sistema electrónico no solo en el tema de propaganda electoral, sino que en todos los ámbitos, casi nula regulación, no tenemos un ente de control de esas plataformas, no hay un ente que se encargue de eso, lo mismo pasa con la propaganda electoral, no tenemos ninguna regulación y el control se hace muy difícil, prácticamente eso está liberado”, explicó en entrevista para La Nación/Nación Media.
Asimismo, el juez electoral afirmó que estas propagandas son fuera de tiempo e ilegales; sin embargo, no pueden ser controladas por la falta de legislación. “Necesitamos una reforma legal al respecto para regular eso y tener un organismo que pueda controlar. Yo puedo decir hoy que la propaganda electoral, aunque sea por redes sociales, es extemporánea porque todavía no estamos en tiempo”, señaló.
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“No se puede sostener la ilegalidad y el contrabando como mecanismo de bajar precios”, dice la UGP
Ante el escenario de buscar sortear los controles anticontrabando en el este del país, establecidos en el propio código aduanero, por parte de ciertos grupos de comerciantes y de paseros, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, sentó postura y aseveró que tal situación es insostenible.
“No se puede seguir sosteniendo la ilegalidad y el contrabando como mecanismo de bajar los precios, cuando lo que en realidad hace es distorsionar el sistema de los que trabajan en la formalidad”, expresó Cristaldo.
Contrabando siguió latente
Lo dijo durante una entrevista radial por la 650 AM, con relación a la reunión llevada a cabo entre paseros y comerciantes con representantes de Aduanas para negociar el levantamiento de las medidas. El representante del sector productivo mencionó que si bien se sintió una reducción del contrabando con el confinamiento por la pandemia al principio, igualmente siguieron ingresando productos de contrabando, un mal que aqueja al país desde hace años y lo sigue haciendo.
Cristaldo sentenció que no se puede operar en un escenario donde el que está trabajando dentro de la ley y la formalidad no tenga el resguardo de las autoridades, mientras que el que trabaja en la ilegalidad sea premiado, que es lo que pasa hoy, indicó. Al tiempo de denunciar que existen autoridades regionales que hacen apología a ese tipo de actividades de contrabando, tratando de que las instituciones no cumplan su rol, incluso.
Soja
Por otro lado, en lo que respecta a la producción de la soja, Cristaldo avizoró buenos resultados para la campaña actual, pues ya se está terminando la cosecha, que pinta ser una buena y razonable, a más de experimentar un buen repunte del precio, dijo.
En ese sentido, hay que mencionar que los precios de los principales commodities agrícolas como la soja, maíz y el trigo, cerraron el primer trimestre del año con ganancias en la bolsa de Chicago, que al tener en cuenta el contrato más próximo, el de mayo, los precios del último día del mes de marzo fueron de US$ 527/ton para la soja, US$ 222/ton para el maíz y US$ 227/ton para el trigo.
Esto, conforme al reciente informe trimestral del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que proyectó una menor siembra de soja y maíz, a más de registrar un ritmo de demanda mayor al ciclo pasado. Así también, el titular de la UGP recalcó que el campo es la armadura del Paraguay, ya que se siguió trabajando durante todo este tiempo de pandemia, y que gracias a la ganadería y la agricultura no se devastó la economía local, y que si bien aún no se puede precisar cifras oficiales de los números, se obtendrían aproximadamente 9 millones de toneladas, que sería favorecida por los altos precios.