“Seprelad señaló que no son pasibles de control”, dicen
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El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR - Presidente Hayes) recordó que la propia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya observó que las empresas tabacaleras y las instituciones deportivas no son susceptibles de control.
“Este ya es un proyecto de ley que el año pasado ya fue rechazado. La misma Seprelad dice que esos organismos no son pasibles de ser controlados. Nosotros hicimos nomás lo que dice la institución”, comentó el parlamentario colorado en una entrevista con comunicadores de un medio radial de la capital del país.
Agregó que, ahora, oficialistas y opositores pretenden que la Cámara de Diputados vuelva a tratar el mismo proyecto, pero a menos de un año de su rechazo, y subrayó que insisten en esto simplemente por intereses políticos, cuando la propia Seprelad se manifestó ya al respecto.
“En su oportunidad enviamos nota a la Seprelad y dijeron que no, con los controles que tienen es suficiente. Por una cuestión política quieren incluir nuevamente y tratar en menos de un año de su rechazo”, insistió Núñez.
“Entendemos que van a seguir presentando proyectos de leyes parecidos. Que no sorprenda que también incluyan a las expendedoras de combustibles y a las empanadas”, ya apelando al sarcasmo.
El proyecto en cuestión pretende modificar “los artículos 13º, 25º y 28º de la Ley N° 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, según indicaron desde Diputados.
Dicha iniciativa fue presentada por un grupo de diputados y tiene la intención de extender el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a las empresas tabacaleras y a los clubes deportivos.
Pero la sesión se levantó por falta de quórum, y Núñez sostiene que habrá todavía otras iniciativas similares dado el contexto de internas partidarias de diciembre, previas a las elecciones generales del 2023. “Y es lo que preocupa a ellos. Santiago Peña en las mediciones gana las internas y las elecciones generales, pongan el candidato que pongan”, finalizó Núñez.
Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
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El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado,conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
IPS adquirirá un sistema para el control de gastos y medicamentos
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El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa aplicando medidas para mejorar el control de gastos, así como de medicamentos. Señalaron que la previsional no invierte en sistemas informáticos desde hace 20 años, y hoy están en proceso de incorporar un software que les permitirá monitorear la ejecución de recursos e insumos.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no están ayudando y nos va a dar un soporte informático para tratar de evitar la fuga en cuanto a nuestros ingresos y medicamentos. El IPS no invierte hace más de 20 años en sistemas informáticos, que es la forma de controlar y ver optimizar los recursos y esa va a ser la primera medida”, expresó el doctor Jorge Brítez, presidente de la institución, a la 650 AM.
El IPS y el MEF tuvieron una reunión, en la cual el titular de dicha cartera le sugirió incorporar un sistema y se comprometió a dotarles de dicho soporte. La adquisición de este software, se da en el marco de la convocatoria a licitaciones de medicamentos, y un trabajo para mejorar los ingresos de la previsional.
“La semana pasada aprobamos una licitación por vía de la excepción para cubrir los medicamentos que nos faltan hasta diciembre. La licitación grande, que va a ser por 24 meses, la estamos mirando con lupa porque así como tenemos que mejorar la recaudación diaria, también tenemos que optimizar el gasto, es la única forma que vamos a poder salir adelante”, detalló.
Asimismo, indicó que en los próximos días, se concretará una alianza con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de modo que pueda haber un intercambio de información entre ambas instituciones, y puedan acceder a ciertos datos de los aportantes, con el objetivo de mejorar la recaudación del IPS.
Los senadores participaron del encuentro, facilitado por iniciativa de varias comisiones de la Cámara Alta, donde también se sumaron otras autoridades y miembros de la sociedad civil. Foto: Gentileza
Tras una audiencia pública realizada ayer para estudiar el contenido del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería, senadores coincidieron en la necesidad de apostar por un mayor control de esta actividad, facilitando un marco legal verdaderamente determinante que permita su regulación.
“Lo que hay que hacer es un marco regulatorio que sancione con mucha fuerza el robo de energía y decomiso total de la infraestructura de las empresas ilegales. Sería un trágico error castigar a las empresas legales”, remarcó el senador Enrique Buzarquis al respecto.
El parlamentario solicitó a las comisiones suspender el tratamiento del proyecto en análisis y trabajar en otra propuesta legislativa que pueda garantizar la utilización de la energía eléctrica y que sea beneficioso para el Paraguay.
Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.