Buscando desvirtuar las graves acusaciones sobre una supuesta entrega de la soberanía por parte de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel) a favor de la Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC), las autoridades de la unidad castrense aseguran que se trata solo de un acuerdo previo para una capacitación técnica. Sin embargo, la institución militar habría condicionado incluso la reactivación de la fábrica de municiones para otorgar la habilitación a la empresa CBC Mercosur y que esta le compre toda su producción.

• Por Jorge Torres Romero

El 10 de setiembre del 2020, el represen­tante legal de la Com­pañía Brasileña de Cartu­chos (CBC) remite una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de insta­lar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su poste­rior reexportación al mercado brasileño.

La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la inten­ción de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendi­miento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía.

La Dimabel pidió a la empresa que le reactive su fábrica, que subcontrate a los milita­res retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones. Hasta ahora la empresa dio su visto bueno en su pretensión de lograr la autorización de la Dimabel para el montaje de la fábrica privada.

Según los datos, la firma CBC Mercosur pretende invertir en principio unos US$ 15 millones en una fábrica de municiones en nuestro país y la Dimabel debe autorizar su instalación; sin embargo, le hicieron firmar un llamativo “acuerdo previo” a la empresa privada para que compre toda la producción de la institución castrense, ade­más de otras exigencias.

En un intento de dar respuesta a todos los cuestionamientos aparecidos en la prensa tras la publicación de los térmi­nos del convenio celebrado el pasado 5 de abril, el coro­nel Justo Araújo, director de Administración y Finanzas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de las Fuer­zas Armadas de la Nación, acu­dió al programa periodístico “La caja negra” y afirmó que todo forma parte de una desin­formación respecto al acuerdo previo de entendimiento para capacitaciones técnicas.

“Este acuerdo nace a partir de la inscripción y habilitación de la empresa CBC Mercosur SA ante el Ministerio de Industria y Comercio para operar bajo el régimen de la maquila. Para­lelamente a esa intención pri­vada, existe un acuerdo pre­vio de cooperación técnica que va a beneficiar a la Dima­bel, en todo lo que refiere a las diez cláusulas que habla este acuerdo de entendimiento”, explicó Araújo.

Negó enfáticamente todo lo que se denunció y aseguró que “esto no es una entrega de la soberanía, es totalmente lo contrario, es adecuar la Dima­bel a los nuevos tiempos. Es apostar a la tecnología y ubi­car a la Dimabel en los princi­pales mercados del mundo en materia de cartuchos. Quere­mos a corto plazo ser líderes en la producción de cartuchos de guerra en toda la región”, insis­tió el militar.

En cuanto a los términos del acuerdo celebrado con la empresa brasileña, indicó que se trata de un acuerdo de inte­rés general y que, conforme se vaya presentando el caso, se verán los aspectos más espe­cíficos. “Puede ser la Ley 1618 o puede ser la Ley 51/02 de la Alianza Público-Privada, pero hoy la Dimabel no necesita de esa ley. Nosotros con nuestros propios recursos, generando nuestros recursos, podemos llegar a ser líderes en la producción de cartuchos, no necesita­mos de capital privado. Nece­sitamos generar recursos, según una directiva general, y la empresa brasileña nos va a entregar una contrapresta­ción. En el acuerdo específico, conforme se da en el marco legal que corresponda ya sea a través de una ley de APP o de otra figura”, enfatizó.

El coronel Araújo remarcó que en ningún momento se habló de permitir que esta empresa entre a la Dimabel. “Lo que está en el convenio es un acuerdo previo para apro­vechar las capacidades y no se va a utilizar el personal activo de las Fuerzas Armadas como refieren las publicaciones. Esta empresa no se va a constituir en nuestras instalaciones, sino que está buscando un terreno próximo al río Para­guay para facilitar su trans­porte, para ahorrar sus costos de acompañamiento para faci­litar la carga y que su logística sea mucho más barata. Ellos no van a pisar el predio de la Dimabel”, aseguró el director financiero de la institución.

En otro momento señaló que la intención es acceder a un sis­tema de trazabilidad, que les permita reducir el tráfico ilí­cito de las municiones. “Que­remos combatir frontalmente al crimen organizado y nece­sitamos de equipos y generar recursos. Un equipo para el sistema de trazabilidad nos cuesta cerca de 5 millones de dólares y con fuentes del Estado no lo vamos a conse­guir”, argumentó.

Respecto a la cuestionada herramienta jurídica a la que recurrieron, se defendió diciendo que están actuando con base en lo establecido en el artículo 3º de la Ley 4036, que dice que la Dimabel será la encargada de reglamen­tar la fabricación de muni­ciones.