La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”. La expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
Este neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”. Ambos consideraron que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra” llevada adelante en los tribunales. El primer estudio político sobre el término fue realizado por Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del año 2001 para el Harvard’s Carr Center. En ese trabajo, Dunlap definió el “lawfare” como “el uso de la ley como un arma de guerra”.
“Lawfare” significaría entonces la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra. Elegido un sector, por ejemplo, político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos.
Para que el concepto posea vigencia práctica se requieren tres protagonistas: el oficialista que detenta el poder, el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último, quienes conducen el emprendimiento bélico y ofrecen el alejamiento judicial de las normas como proyectiles (algunos miembros del sistema judicial). Aunque no hay una definición exacta del término en el Diccionario Inglés de Oxford, se puede resumir que “lawfare” refiere a la judicialización de la política en América Latina: distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, proceden juntos en contra de cierto espacio político, usualmente opositor, para atosigarlo.
Esto es lo que están planteando desde el Poder Ejecutivo (Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez), sus aliados pseudo opositores (efrainismo, PDP y algunos más) y los grupos de medios alineados al Gobierno (Grupo Zuccolillo y Grupo Vierci). La nueva trilogía, una versión con apenas una mano de pintura de aquel recordado: gobierno, partido y Fuerzas Armadas, de la dictadura estronista. O al menos es lo que van a intentar hacer en siguientes episodios de estas operaciones político mediáticas. Eso es lo que se viene, una presión como nunca antes sobre los organismos judiciales, específicamente la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
El gobierno se sabe perdidoso en las internas de diciembre y va a jugar todas sus cartas para embarrar la cancha a tal punto de sacar la batalla del ámbito puramente político y llevarlo a lo judicial, donde durante estos años ha sabido colocar a una mayoría de ministros de Corte, en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento. Por eso para el Ejecutivo es tan vital la pata de la Fiscalía, es la única que le falta para tener el control absoluto de todo el arco judicial. Son los que por un lado pueden salvarlos de los gigantescos casos de corrupción y por el otro, llevar a cabo la guerra judicial contra sus enemigos. El lawfare en Paraguay.
Eso es lo que se viene, una presión como nunca antes sobre los organismos judiciales, específicamente la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
El gobierno se sabe perdidoso en las internas de diciembre y va a jugar todas sus cartas para embarrar la cancha.