El senador Patrick Kemper (Hagamos), titular de la Comisión de Industria, y proyectista, celebró la media sanción de la Cámara Alta al proyecto de ley que reduce el aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social (IPS) por un periodo de seis meses a partir de la promulgación del Ejecutivo.
La normativa beneficia a empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos.
“Este proyecto de ley busca darles un respiro a los sectores más afectados por la pandemia, para que se pueda seguir manteniendo los puestos laborales formales, y de esta forma apoyar nuestra economía que sigue golpeada por la pandemia. Estamos dándole un apoyo muy necesario a los sectores que producen y que dan empleo a los paraguayos”, sostuvo Kemper.
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Buscan que hurto de energía sea crimen
“No podemos seguir tolerando el hurto del bien de todos los paraguayos”, afirmó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, con relación a la utilización irregular de energía eléctrica por parte de las granjas clandestinas de criptomonedas.
“Lo que estamos planteando desde el Poder Ejecutivo junto con la Administración Nacional de Electricidad es un proyecto de ley para aumentar las penas para el hurto de energía eléctrica, incluso criminalizarlo para que sea una sanción severa y que no vuelva a acontecer”, manifestó en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El robo de energía eléctrica acarrea grandes pérdidas económicas a la Administración Nacional de Electricidad y genera inconvenientes para el suministro del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
Las declaraciones de Bejarano surgen tras participar de una audiencia pública en el Congreso Nacional para analizar los proyectos de ley referentes a la criptominería en Paraguay.
Una de las propuestas presentada en la Cámara Alta se centra en la prohibición temporalmente, la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo.
Mientras que en Diputados surge la propuesta que pretende regular la moneda virtual, así como la creación de una divisa digital nacional y el régimen de los activos digitales. También se encuentra el proyecto que plantea penas de 6 a 10 años por el robo de energía para criptominería.
“Categóricamente la posición del Ejecutivo es que busquemos y analicemos la mejor manera en la cual tenga una acogida la inversión criptominería, no suspenderla ni satanizarla. Existen dos debates sobre la mesa, está la demanda de energía eléctrica que tienen estas empresas y, por el otro lado, está el debate financiero”, indicó Bejarano en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El viceministro señaló que la discusión que también involucra al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se centra “en qué condiciones queremos y cómo queremos que esta actividad de la criptominería venga a instalarse en el Paraguay, de aquí para el futuro en el corto, mediano y largo plazo”.
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IPS adquirirá un sistema para el control de gastos y medicamentos
El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa aplicando medidas para mejorar el control de gastos, así como de medicamentos. Señalaron que la previsional no invierte en sistemas informáticos desde hace 20 años, y hoy están en proceso de incorporar un software que les permitirá monitorear la ejecución de recursos e insumos.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no están ayudando y nos va a dar un soporte informático para tratar de evitar la fuga en cuanto a nuestros ingresos y medicamentos. El IPS no invierte hace más de 20 años en sistemas informáticos, que es la forma de controlar y ver optimizar los recursos y esa va a ser la primera medida”, expresó el doctor Jorge Brítez, presidente de la institución, a la 650 AM.
El IPS y el MEF tuvieron una reunión, en la cual el titular de dicha cartera le sugirió incorporar un sistema y se comprometió a dotarles de dicho soporte. La adquisición de este software, se da en el marco de la convocatoria a licitaciones de medicamentos, y un trabajo para mejorar los ingresos de la previsional.
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“La semana pasada aprobamos una licitación por vía de la excepción para cubrir los medicamentos que nos faltan hasta diciembre. La licitación grande, que va a ser por 24 meses, la estamos mirando con lupa porque así como tenemos que mejorar la recaudación diaria, también tenemos que optimizar el gasto, es la única forma que vamos a poder salir adelante”, detalló.
Asimismo, indicó que en los próximos días, se concretará una alianza con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de modo que pueda haber un intercambio de información entre ambas instituciones, y puedan acceder a ciertos datos de los aportantes, con el objetivo de mejorar la recaudación del IPS.
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Se debe revertir la situación económico-financiera actual del IPS
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Con la asunción del actual gobierno en agosto de 2023, en el IPS se han realizado cambios tanto en la presidencia del Consejo como de los consejeros que representan a distintas entidades y gremios de aportantes a la previsional.
La institución viene arrastrando importantes descalces financieros, en donde los niveles de egresos superan a los ingresos generados por diversos conceptos, atribuible a una deficiente administración durante el gobierno anterior, siendo los problemas de índole financiero los más acuciantes, llevándolos a adeudar a las industrias farmacéuticas proveedoras de medicamentos e insumos no menos de USD 400 millones, sin contar las deudas por otros conceptos trepando globalmente a aproximadamente USD 900 millones.
Si bien las industrias proveedores de medicamentos e insumos no han discontinuado hasta ahora su provisión, la deuda impaga lleva aparejada intereses moratorios y punitorios, que abultan cada vez más sus niveles de endeudamiento, sin que hasta ahora luego de más de 8 meses de gestión hayan podido delinear acciones estratégicas definidas, que les permitan ir amortizándolos en función a planes concretos de repago.
Alternativas financieras siempre las hay. Podrían recurrir a un préstamo de largo plazo dentro del sistema financiero (no sería la mejor opción), o bien directamente diseñar la emisión de bonos de renta fija en guaraníes (la opción más conveniente), en el que ellos mismos tendrán la posibilidad de estructurar junto con una casa de bolsa el prospecto de emisión y esquema de pago del capital e intereses a los inversionistas, en función a su capacidad generadora de fondos actual y proyectada, con la posibilidad de que dependiendo de la evolución de su situación económica-financiera a futuro, tengan la opción de realizar un rescate anticipado de los bonos emitidos antes de sus vencimientos, facilidad que ofrece el mercado de capitales, aparejado de costos financieros más reducidos al no haber ningún tipo de intermediación.
Se da la paradoja de que siendo el IPS a nivel país una de las entidades más importantes no pueda hasta ahora encontrarle una solución alternativa a esta coyuntura desfavorable por la que están pasando.
Independientemente al problema estructural suscitado, el económico-financiero es el que debería de insumir todas las energías de sus autoridades, arbitrando los mecanismos necesarios que les permitan hacer una reingeniería o reperfilamiento de pasivos, que les den un mayor “respiro financiero”, permitiendo una atención de calidad a los asegurados, y paralelamente combatiendo la gran informalidad de aportantes que oscilan en un 63 por ciento.
La problemática primaria que enfrenta el IPS no se remitiría solo a lo económico-financiero, afectando a la falta de medicamentos e insumos para una atención de calidad a los asegurados, sumado a otros de carácter organizacional/estructural que les permitan poder hacer frente en tiempo y forma a las necesidades y demandas puntuales de los mismos (activos, jubilados y pensionados).
Para la consecución de una mejor administración financiera de la institución, la persona que esté al frente del Consejo debería ser o un administrador o economista, pues la entidad cuenta con muchos profesionales médicos capacitados con quienes en equipo podrán abordar diversos aspectos que hacen a la problemática estructural y logística de la atención de la salud de sus asegurados, como parte de la división del trabajo, ya que hoy día ya no es posible seguir trabajando en compartimentos estancos.
Estamos en pleno siglo XXI, en donde el trabajo participativo, la capacidad innovativa y creativa de los integrantes del staff de nuestras organizaciones deberían estar ocupados por profesionales que puedan darle un mayor pragmatismo y celeridad a los problemas que se van suscitando en el día a día y lo económico, financiero y logístico en el IPS sigue siendo primario, para la buena marcha y performance de la institución en varios aspectos.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.