Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.

• Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará represen­tado por el defensor público Francisco Acevedo debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su repre­sentación legal.

Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dila­tar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a que­rer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abo­gado particular para que le asista y, por ende, la audien­cia oral se tendrá que pos­poner nuevamente.

Ahora el tribunal de sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.

El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron jui­cio oral y público.El exmi­nistro ocupó la titularidad del Ministerio del Inte­rior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue des­tituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy pro­cesado en Brasil.

Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espín­dola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos anti­balas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacio­nal, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

Los cuestionamientos a Giuzzio sobre sus supues­tos nexos con el narcotrá­fico incluyen el exponencial crecimiento de la narcoex­portación en Paraguay a raíz de la liberación en los puertos de los controles de la Senad cuando era su titular.

En mayo de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, Giuzzio firmó una resolu­ción con la cual se dejó “el arco libre” a los negocios ilícitos en el país, convirtiéndose Para­guay en un centro de acopio logístico para la comercializa­ción y exportación de grandes cargamentos de drogas con destino a Europa.

El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, imputado por siete delitos por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recusó a la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien días atrás admitió la imputación y a partir del lunes 25 de marzo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Con la recusación presen­tada por Giuzzio, ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si corresponde confirmar a la jueza Lovera en el caso.

El abogado Osvaldo Gra­nada, defensor de René Fer­nández; y Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, presentó un recurso de reposición y apela­ción contra la determinación adoptada por la jueza, quien admitió la imputación con­tra los exministros de Mario Abdo Benítez y algunos altos funcionarios.

También fueron imputa­dos por el mismo involucra­miento el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez; los exministros Carlos Arregui, extitular de Sepre­lad; Arnaldo Giuzzio, extitu­lar del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceminis­tra de Seprelad; René Fernán­dez Bobadilla, también exmi­nistro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, además de Daniel Farías Kro­nawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

El Ministerio Público imputó a los citados por los delitos de revelación de secretos de servi­cio, revelación de secretos pri­vados por funcionarios o perso­nas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simu­lación de un hecho punible, usurpación de funciones públi­cas y asociación criminal.

El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del expresidente de la República Horacio Car­tes, se refirió a los audios que fueron expuestos por el periodista Jorge Torres, en los cuales se escucha a Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) en ese momento, y su adjunta, Zully Rolón. En los audios se puede revelar cómo actuaron para perse­guir a Cartes, según el profe­sional del derecho.

“Las funciones dentro de lo que es el estamento del Poder Eje­cutivo, Senad, Seprelad, Minis­terio del Interior y Secretaría Anticorrupción tienen una función específica, dentro del ámbito de lo que la ley le marca que pueda hacer o los decretos pueden hacer, y la Senad tiene una función bien determinada que es perseguir los delitos de narcotráfico”, indicó en entre­vista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ovelar indicó que al escuchar hablar a Arnaldo Giuzzio y su adjunta, y otras perso­nas, sobre las empresas del expresidente Horacio Car­tes, “de cuánto factura Car­tes, de qué compra, dónde tiene lucro, dónde no tiene lucro, metiendo a un banco de por medio, te das cuenta de lo que estaban buscando era, entre todos juntos, aque­llo que decía Eduardo Petta”.

En este contexto, insistió en que el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez nombró a estas personas en estas instituciones, cita­das en la imputación, para perseguir a un adversario político. “Mario Abdo Bení­tez nombra a estas personas en estas instituciones, y les dijo, todos ustedes vayan detrás de Horacio Cartes, búsquenle la vuelta a Hora­cio Cartes, encuentren lo que sea”, ratificó.

El abogado mencionó que en el audio se escucha hablar a Giuzzio y a Rolón sobre ope­rativos contra casas de cam­bios, donde la línea era clara, de “buscar y encontrar algo”, mismo esquema que utiliza­ron con las firmas de Car­tes.”Así como se mencionó (en los audios), una casa de cambios, no hay nada contra ella, pero ya vamos a encon­trar. Esa era la actividad de ellos, buscar a Horacio Car­tes cómo perjudicarlo, en sus empresas, en sus nego­cios y que eso repercuta en el ámbito político”, sostuvo.

Ovelar explicó que esa “bús­queda” de las instituciones del gobierno de Abdo termina­ron en un informe de inteli­gencia financiera en el 2022, que finalmente no arroja nin­gún hecho que pueda compro­meter al expresidente Car­tes. “Absolutamente, ningún hecho conducente a probar un ilícito, o un hecho puni­ble, el contenido producido por el funcionario de Arnaldo Giuzzio, que el tío de Hora­cio Cartes está procesado por tráfico de drogas y que ese tío tenía relación con otro vincu­lado a Ultranza que es Sebas­tián Marset, que se le vendió a Unicanal cigarrillo, que es falso, que le vendió a Sara Cartes cigarrillos que es falso también”, sentenció.

Agregó que se dio un trata­miento superficial a las cues­tiones o situaciones totalmente lícitas, al que pusieron el título de lavado de dinero o de crimen organizado. “La gravedad está en la intención, la gravedad está en la ligereza que se toman estos temas, la gravedad está en que fuera del ámbito de com­petencia legal están tratando cuestiones contra un adversa­rio político”, puntualizó.