El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del res­peto de los roles propios de cada institución.

“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestio­nes de interés común insti­tucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judi­cial, que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la segu­ridad y al servicio de Justi­cia en nuestro país”, explicó.

El ministro detalló que el trabajo de las tres institu­ciones está vinculado, por lo cual se debe trabajar coor­dinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de tra­bajo de modo de armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Minis­terio Público y del Interior hagan lo mismo.

“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fisca­lía como acusador y los jue­ces como juzgadores impar­ciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se mue­van armónicamente debemos tener estas reuniones de tra­bajo”, manifestó a la 1080 AM.

La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesi­dad de incorporar la Fiscalía General del Estado y estable­cer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la inves­tigación y persecución de los delitos y crímenes.

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El documento incor­pora la electromovi­lidad en el sistema de transporte público, la gene­ración de nuevas fuentes de energía y su uso a nivel industrial. Miembros de la mesa energética se reunie­ron con el presidente de la República, Santiago Peña, para detallar sobre el plan energético que busca revo­lucionar al sector para que sea la base del desarrollo y de generación de empleo.

En conferencia de prensa anunciaron que dicha polí­tica será socializada una vez que el jefe de Estado firme el decreto correspondiente. La actualización ya fue apro­bada esta mañana por Peña.

La política energética tenía su plan al año 2040, y hoy se actualizó al año 2050. Según el viceministro de Minas y Energías, Mauricio Beja­rano, las metas fueron fija­das a corto, mediano y largo plazo. El documento consta de un total de 300 metas, de las cuales 200 son a corto plazo, que abarca la admi­nistración de Santiago Peña.

Uno de los ejes que tiene la política energética con miras al 2050 es la transforma­ción del transporte público de pasajeros mediante la incorporación de una flota de vehículos eléctricos para sumarse a la existente.

El nuevo plan energético establece diferentes escena­rios y desafíos que tiene el sector para darle una mayor participación a la energía eléctrica actual, poniendo además mucho foco en la generación de nuevas fuen­tes, además de promover la integración energética y gasífera.

“Vamos a trabajar en bioe­nergía para dar un rol pre­ponderante a eso, insis­tir con la reforestación con fines energéticos para que la industria no pierda compe­titividad y buscar la sustitu­ción donde se pueda. Los bio­combustibles tendrán un rol preponderante para evitar el consumo de combustibles fósiles, otro desafío a futuro es la búsqueda de hidrocar­buros nacionales para tener competitividad con nuestro gas natural, entre otros ejes”, comentó el viceministro.

Durante la penúltima semana de abril, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, y otras autoridades, entre ellas el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, mantuvieron varias reuniones con gerentes y directores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) para mostrar cómo avanza el país en el desarrollo económico y a la vez, concretar importantes acuerdos.

En el encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, Fernández Valdovinos y el presidente del BCP identificaron alianzas para potenciar a través del sector privado la productividad del país, al igual que en la reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde conversaron sobre cómo el FMI podría ayudar a fortalecer la política social y macroeconómica del Paraguay.

El ministro de Economía concretó un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar servicios de salud en San Pedro, donde 90.000 usuarios serán beneficiados con la construcción del Hospital General de San Estanislao. “Muestra del compromiso del Gobierno de mejorar el acceso a salud pública en todo el país”, afirmó.

Por otro lado, resaltó las reuniones que se suscitaron con altas autoridades del FMI encabezadas por Rodrigo Valdés, director del departamento del hemisferio occidental, donde analizaron las perspectivas de crecimiento económico para Paraguay. Asimismo, remarcaron la importante reunión con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, donde dialogaron sobre la evolución de la economía de Paraguay y la política medioambiental.

También realizaron una mesa de diálogo con la colectividad paraguaya en Washington. Encuentro donde se presentaron varios desafíos y oportunidades del Gobierno para avanzar hacia el crecimiento sostenible. En ese marco, en la reunión con el senador Marco Rubio, el legislador reafirmó el deseo de propiciar una alianza estratégica con Paraguay.

El día de ayer jueves se desarrolló una audien­cia pública con estu­diantes universitarios y varias autoridades del Estado, espa­cio que sirvió para que se pue­dan evacuar dudas respecto al financiamiento del Aran­cel Cero. El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, habló de la importancia de que quede claro que dicho programa no quedará desfi­nanciado, sino todo lo contra­rio, gana más peso al depender de los recursos del Tesoro.

“El programa Arancel Cero va a ir a un escenario seguro que lo convierte en una política de Estado y lo consolida”, ase­guró el viceministro, quien indicó que al hacer el cambio de fuente de financiamiento se logrará algo que hasta la fecha no se ha podido cum­plir, y es lograr la transferen­cia del 100 % de los recursos que se necesitan para solven­tar dicho programa.

El financiamiento del Aran­cel Cero provenía de los recur­sos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarro­llo (Fonacide), con la promul­gación de “Hambre cero”, el Fonacide queda sin efecto y el 80 % de esos recursos pasará a formar parte del Tesoro. De acuerdo a lo expuesto por Mora, este cambio de fuente solo da sostenibilidad a la vigencia de la conquista de los estudiantes, puesto que ahora se contempla el crecimiento de los beneficiados.

“Pasa a la fuente segura del Estado, que lo convierte en programa y al dar este paso gana estabilidad en el presu­puesto y ahí se consolida como política pública. Lo que se está haciendo con el Arancel Cero es elevarlo y graduarlo al nivel de política pública que es muy diferente a la fuente ocasio­nal que tenía; es más, porque era ocasional es que nunca se pudo transferir el 100 % de los recursos a las universida­des, que es lo que ahora se va a lograr”, afirmó a la 650 AM.

Asimismol, recalcó que la ley de “Hambre cero” no tiene incidencia en la vigencia del Arancel Cero y recordó que el articulado que contempla el blindaje para esta última ley fue llevada por él mismo junto con la rectora de la Univer­sidad Nacional de Asunción (UNA) y con siete presiden­tes de centros de estudian­tes, dado que la propuesta fue planteada por el mismo estudiantado.

El Arancel Cero en las universidades paraguayas ha sido sin dudas una de las grandes conquistas para el estamento terciario; se diría que es hasta una medida revolucionaria en el ámbito educativo de un país con claros déficits en ese segmento, un beneficio que no contaban generaciones de paraguayos anteriores. Su origen y fundamento entonces se remonta a la visión de un Paraguay que reconoce en la educación un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Se originó como respuesta a la necesidad de ampliar las oportunidades de formación académica de calidad para todos los paraguayos, sin importar su situación económica, aunque con énfasis en aquellos sectores más vulnerables.

“Hay un proyecto de ley para el cual fuimos convocados que habla del blindaje de algunos programas”.

El viceministro de Eco­nomía y Finanzas, Óscar Lovera, participó este jue­ves de la audiencia pública para tratar el proyecto de ley “que garantiza la con­tinuidad, financiamiento y ejecución de programas estratégicos vinculados a la salud, educación, investi­gación, primera infancia y establece obligaciones para el Ministerio de Economía y Finanzas”.

La normativa pretende dar un “reblindaje” a los pro­gramas financiados por el Fondo Nacional de Inver­sión Pública y Desarrollo (Fonacide).

“Sé que hay varias iniciati­vas, hay un proyecto de ley para el cual fuimos convo­cados que habla del blindaje de algunos programas den­tro del presupuesto que hoy está, muchos de ellos que tienen financiamiento dife­rente a lo que es el finan­ciamiento que está a través del Fonacide”, expresó en primer término el vicemi­nistro.

Lovera aseguró que todos los programas, incluyendo Arancel Cero, que actual­mente están financiados con el Fonacide, y que con la ley Hambre Cero pasan a otras fuentes de financia­ción, están garantizados desde el Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF).

El ministro remarcó que los recursos se encuentran totalmente asegurados, hasta tanto los proyectos se lleven adelante, como sí está previsto.

En la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados se desa­rrolló la audiencia pública convocada para escuchar las exigencias de estudian­tes universitarios que solici­tan mayores garantías sobre la Ley del Arancel Cero. “Hay una intención de conversa­ción y diálogo. Están dadas las condiciones para seguir traba­jando en equipo”, expresó al respecto el ministro de Educa­ción y Ciencias, Luis Ramírez.

“Fueron cinco horas de tra­bajo intenso, con un diálogo muy importante e intere­sante, escuchando todas las versiones y las propuestas. Este es el proceso que segui­mos para poder integrar las visiones y lograr así la tran­quilidad de los estudiantes porque el arancel cero no se va a tocar, ni se utilizará de otra manera que no sea la prevista ya en la ley”, expresó en el pro­grama “Tarde de perros”, por Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro remarcó que los recursos se encuentran total­mente asegurados, hasta tanto los proyectos se lleven adelante, como sí está previsto. El proceso restante actual­mente es seguir asegurando cada uno de los parámetros de la ley, hasta reposicionarlo y convergerlo como el pro­grama integral que se busca establecer sobre el mismo.