En audiencia realizada ante el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, en el Palacio de Justicia, el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi se negó a ser extraditado a los Estados Unidos, de manera voluntaria.
El abogado Rafael Fernández, defensor de Mohamad Hijazi, dijo que un agente encubierto de los Estados Unidos ingresó al país con US$ 1.300.000 y que supuestamente entregó a dos hermanos para montar probar hechos contra el mismo.
El ciudadano brasileño está acusado de ser líder de una organización en la que estaría en funciones logísticas para lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales de crimen organizado en los Estados Unidos y Sudamérica, y que están conectados al narcotráfico.
Mohamad Hijazi fue detenido el 24 de agosto del año pasado, en Alto Paraná, en un procedimiento llevado a cabo por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán explicó que Kassem Hijazi no tenía una orden de detención de la Justicia paraguaya, sino que su captura fue ante una solicitud formal del gobierno de los Estados Unidos de América a Paraguay.
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Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.
Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.
Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.
La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Ecuador aprueba la extradición en referendo
La extradición en Ecuador impulsada por el presidente Daniel Noboa como medida de lucha contra el crimen organizado fue aprobada el domingo por un 72% de la votación en una jornada violenta, según un sondeo a boca de urna divulgado en vivo por el canal Teleamazonas.
El Sí a favor de la extradición, una de las once preguntas propuestas por Noboa, recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% de la votación total, incluidos blancos y nulos, según la encuesta a boca de urna de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno, de acuerdo con la televisora.
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Principales puntos
Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán “Sí” o “No”, serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.
Referendo
- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.
Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.
- Permitir la extradición.
La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.
- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.
- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.
En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.
- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.
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Consulta popular
- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.
Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.
- Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.
- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.
- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.
- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).
De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial. En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.
Fuente: AFP.
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Secuestros del EPP: piden a la Argentina otorgar la extradición de miembros del clan Villalba
“No son perseguidos políticos, no tienen partido, son criminales comunes”, afirmó este viernes el ministro del Interior, Enrique Riera, en referencia a los 4 miembros del clan Villalba retenidos en la Argentina, sindicados de formar parte del brazo logístico del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Asimismo, Riera extendió su agradecimiento a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del vecino país, quien el pasado fin de semana anunció que el gobierno de Javier Milei retirará el estatus de refugiados políticos a los hermanos María Rosa, Mirian Viviana, José Mariano Villalba Ayala, así como a Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba Ayala (detenida en 2020).
“Se portó, habló con nosotros, nos fuimos a verla y nos recibió muy bien. Está dispuesta a ayudarnos, a llevar adelante el cumplimiento de este objetivo. También agradecemos como institución al Senado paraguayo, que se solidarizaron con esta causa y felicitaron a la ministra Bullrich. En la Argentina no es un tema menor que un cuerpo legislativo, por unanimidad, se solidarice con las víctimas y felicite al Gobierno argentino”, comentó.
Las afirmaciones de Riera fueron respaldadas por los familiares y las víctimas de secuestros perpetrados por el EPP. “Queremos agradecer al gobierno argentino porque escucharon el reclamo, tanto de la Fiscalía y del Ministerio del Interior paraguayo. Todas las víctimas tenemos siempre ansia y dolor. Actúan con extrema crueldad, no muestran compasión hacia las personas”, dijo Diego Zavala, hermano del exsenador Fidel Zavala, quien también fue raptado por el grupo criminal y posteriormente liberado.
Asimismo, acotó: “queremos que se desmantele esto, queremos justicia. Hemos insistido, pero no tuvimos eco en otras administraciones anteriores, entendemos que debemos respetar la soberanía del vecino país, pero esta vez hemos tenido eco. Los responsables de los crímenes deleznables deben ser juzgados, traídos a Paraguay”.
Mientras que Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, quien aún permanece secuestrado por los criminales, indicó que ya no sabe “qué decir, bastante ya sufrimos. Se cumplieron 10 años (del secuestro de su hijo) en este 2024. Quiero agradecer a todas las autoridades que han luchado con nosotros, la lucha continúa y a lo mejor llegará el momento en que venceremos y esto renueva mis esperanzas”.
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Agregó, además, que “estos criminales no se colocan en nuestro lugar. Son 10 años de dolor, en que extraño a mi hijo, de llanto, cada día miro su foto. Había perdido la esperanza, pero ahora de nuevo la tengo porque las autoridades están con nosotros, esto es importante, me dieron un corazón nuevo”, dijo.
Seguidamente, indicó: “estoy llevando mucho sufrimiento como mamá. Queremos ver las caras de estos criminales, inútiles y que paguen la pena que merecen”, dijo la madre del suboficial secuestrado.
La exsenadora colorada Mirta Gusinky, madre de Cecilia Cubas, víctima del EPP, puntualizó que “el 21 de setiembre del año 2004 fue secuestrada (su hija), estamos luchando por la justicia, muchos están en la cárcel, pero aún siguen muchos fuera”, aseguró.
Recordó que el crimen de su hija fue horrible. “Mi hija fue encontrada en un túnel en la ciudad de Ñemby, ella fue enterrada viva. Estos sujetos a quienes enfrentamos son crueles, ante todas las calamidades que cometieron, pedimos que sean sometidos a la justicia paraguaya, que los juzgue y si tienen que ser condenados, que sea con las penas máximas”, pidió.
Gusinky afirmó, además, que no piden nada injusto. “Lastimosamente no tenemos en Paraguay la cadena perpetua, llegan a cumplir la mitad de sus penas y ya tienen derecho a salir. Nuestras vidas dedicamos a la justicia y a las ansias de justicia. No sé si es mejor tener esperanzas de poder recuperarlos o ya no recuperarlos nunca más (a los secuestrados) y solamente conformarse que sean castigados (criminales EPP)”, lamentó.
También participaron de la conferencia realizada por el Ministerio del Interior y otras instituciones del sistema de seguridad paraguayo, las hijas del exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis; y las del ganadero Félix Urbieta, ambos también secuestrados por el grupo criminal.