La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la apertura de una causa penal y la asignación de dos agentes fiscales que intervendrán en la investigación fiscal sobre el supuesto esquema de inversiones fraudulentas, que en el mundo de los negocios se conoce como Esquema Ponzi.

Los agentes fiscales de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, tendrán a su cargo la indagación de los hechos con relación a la presente causa, que se detectó en la ciudad de Encarnación y que tendría como víctimas a varios y reconocidos empresarios, con un perjuicio que ronda los 70 millones de dólares.

El Ministerio Público recibió el informe oficial remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acerca de este supuesto esquema de inversiones fraudulentas. El documento fue derivado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para su análisis.

Hace días comenzó a circular una extensa lista de potentados y reconocidos empresarios que habrían sido afectados por el mencionado esquema, que tenía como promesa una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado. Pero el sistema cayó y empezaron a darse juicios de privación de eficacia de los cheques diferidos. Las víctimas denunciaron ante la Justicia para que los bancos no lleguen a proceder al pago de estos cheques.

El fiscal Legal señaló que el principal acusado de liderar el esquema Ponzi que estafó a potentados denunció amenazas de muerte, presuntamente por parte de algunos de los estafados.

Admitió también que las aristas anexas que surjan de la pesquisa sobre el caso podría determinar la apertura de otros expedientes. Sería el caso de lo declarado por Arza, quien dio nombre de una persona específica que lo amenazó que iba a acabar como Mauricio Schartzman, empresario que había sido asesinado, meses atrás, por parte de sicarios que lo acribillaron al llegar a su residencia en la capital.