Con la concesión de viviendas a familiares de terroristas de la ACA-EP abatidos en los últimos enfrentamientos, el Gobierno está dando el mismo estatus que tienen familias de militares y policías asesinados por los criminales.
Es la idea mayoritaria que baja de las redes sociales tras conocerse el programa de ayuda con viviendas que dará el Ejecutivo a parientes de los marginales.
Aún sin explicación oficial por parte del Gobierno en torno al beneficio que obtendrán familiares de los abatidos epepistas y de la ACA, extraoficialmente se sabe que la misma apuntará a “cuestiones de carácter humanitario”.
Sin embargo, dentro mismo del entorno gubernamental surgen voces disidentes sobre el asunto, ya que otorgando el mismo estatus a miembros de la FTC caídos en combate contra los terroristas se estaría prácticamente a un paso de que se los admita como combatientes.
Esta categoría, como se sabe, les da a los criminales la posibilidad de mantener carácter de beligerantes con derecho a exigir respuestas del Estado, al que combaten con las armas.
En recientes declaraciones, el experto en seguridad Carlos Capurro señaló que bajo ningún modo se puede otorgar el estatus de beligerantes a los que activan en el EPP.
“Para que se pueda reconocer un estatus de beligerante, se requiere que el EPP tenga control total sobre una porción de territorio y ejerza funciones similares a las de un Gobierno, algo que no tiene”, aclaró el entrevistado.
En el derecho internacional, el reconocimiento como beligerante a un grupo armado sublevado contra el Gobierno consiste en otorgarle estatus internacional, siempre que el mencionado grupo o facción reúna unas condiciones mínimas e indispensables (control territorial, ejército, organización).
El grupo o facción que goce del estatus de beligerancia reconocida será considerado como sujeto de derecho internacional, pero solamente por lo que respecta a las operaciones de guerra y únicamente mientras dure la misma y la comunidad internacional es la que atribuye el estatus a los grupos en conflictos.