El presidente Mario Abdo Benitez reflotó un proyecto que ya había sido lanzado por el ex presidente Juan Carlos Wasmosy en 1995, por el que se aconseja a funcionarios del Estado, a utilizar prendas de aopo’i en las oficinas públicas.
El Decreto N° 6473 del Poder Ejecutivo “exhorta a la utilización en las entidades públicas de prendas confeccionadas en aopo’i, en especial los días viernes. Es con el fin de impulsar el uso del tradicional tejido, patrimonio histórico y cultural del país”.
La idea, según señalaron en el Palacio de López, es promover la cultura artesanal paraguaya, por un lado, así como contribuir a los que producen dichas prendas en el interior del país. El aopo’i sigue siendo importante fuente de ingresos para familias del campo que se dedican a ese rubro de confección. Y el decreto, al decir de voceros del Ejecutivo, es brindar una ayuda a las y los trabajadores de esa modalidad.
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El Poder Ejecutivo reglamenta ley de fomento a la lectura
El Poder Ejecutivo emitió la reglamentación de la ley N.° 7140/23 de “Fomento de la lectura y del libro”, con lo cual se da paso a la articulación de políticas que fomenten la industria editorial en nuestro país. Esta normativa fue celebrada por el sector cultural y señalaron que es una legislación que fue anhelada por años.
“Con la firma de este decreto se da un gran paso, sobre todo hacia una decisión de articular una política nacional de lectura y el libro tan necesaria para fomentar la industria editorial dentro del Paraguay. Queremos transmitir la intención del presidente de la República de que como paraguayos, demos pasos acelerados hacia ese mayor desarrollo en todos los aspectos”, expresó Paula Carro.
El anuncio del decreto fue realizado en conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga, y también asistió la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, además de escritores y otros referentes del sector cultural. En la oportunidad, la ministra señaló que esta ley se da luego de una lucha de más de 20 años.
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“Con este acto se abre la tapa de acción ejecutiva en la que la Secretaría Nacional de Cultura desarrollará la elaboración e implementación del Plan Nacional de Lectura en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas y la ayuda y cooperación de todas las instituciones culturales relacionadas al libro, la lectura y la promoción cultural del Paraguay”, señaló.
Asimismo, este decreto obliga a la instalación del Consejo Nacional del Fomento de la Lectura y el Libro y la nominación y elección de los representantes para integrar la misma, que provendrán de las entidades privadas y del sector público. A cargo de este órgano estará la elaboración del Plan Nacional de Lectura y ejecutará acciones para que se provea el fondo para la lectura y el libro a nivel nacional.
“Quiero destacar que esta ley ha tenido un largo proceso de corrección y perfeccionamiento con la amplia participación del sector cultural, editores, escritores, que hoy me acompañan, periodistas, referentes culturales del interior que se han unido a las mesas técnicas y los resultados expresa propósitos, expectativas y sueños de tan apreciado sector”, remarcó Ortiz.
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Ejecutivo reglamenta ley que establece como carrera la investigación científica
El Poder Ejecutivo firmó el decreto N.° 1.585 que reglamenta la ley N.° 7.064/2023 que crea el Sistema Nacional de Investigadores (Sisni), a través del cual se cual se establece la carrera del investigador científico. Así se anunció este jueves 25 en conferencia de prensa desde la Vocería del Gobierno, liderada por Paula Carro.
“Es una inmensa satisfacción que la carrera del investigador ya está plenamente vigente a partir de este momento, un sueño largamente anhelado y por el cual se ha trabajado muchísimo desde la Sociedad Científica del Paraguay y hoy se hace realidad. Con esta reglamentación implica que el científico paraguayo va a poder disponer de mejores herramientas para poder realizar su tarea y la carrera misma del investigador toma otro tipo de preponderancia”, explicó Benjamín Barán, presidente del Conacyt.
El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señaló que al crearse este sistema, se reconoce formalmente la carrera del investigador, lo cual representa una oportunidad de que las personas puedan dedicarse de lleno a esta actividad, puesto que hasta la fecha, la investigación científica era como un hobby o algo adicional.
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“Ahora existen los científicos en Paraguay, recuerdo cuando empezamos a trabajar con el Conacyt hace unos 10 a 15 años, había 40 científicos que publicaban revistas internacionales en el Paraguay, hoy tenemos 600 científicos nucleados que pasan automáticamente a formar parte de este Sistema Nacional de Científicos. Hay un incremento notorio del número de científicos y también hay un aumento del número de publicaciones científicas”, resaltó el doctor Antonio Cubilla, asesor científico de la Presidencia.
Este decreto firmado por el presidente Santiago Peña implica que se han sentado las bases estructurales y jurídicas, así como también los derechos y obligaciones a los que están sujetos los científicos para con la sociedad. “El mandatario nos ha entusiasmado para llevar adelante y nos ha apoyado para que esta ley sea una realidad y para que la comunidad científica tenga cada vez mejores condiciones para desarrollar ciencia en nuestro país”, manifestó Barán.
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Peña firmó el decreto que reglamenta Ley Hambre Cero
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto 1584, que reglamenta la Ley de Hambre Cero en las Escuelas.
El anuncio se dio por parte del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y varios gobernadores e intendentes.
“Hemos logrado hoy ya emitir el decreto reglamentario de la ley de alimentación escolar, un primer paso determinante que hemos estado trabajando estos días y con eso arranca el gran desafío de llevar adelante esto”, anunció el ministro Tadeo Rojas, presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae).
Las autoridades nacionales y locales se reunieron con el presidente Peña para abordar los principales puntos de la reglamentación de esta ley, que asegurará la alimentación de los alumnos en las escuelas y colegios. “En la reunión que hemos tenido con el presidente de la República, Santiago Peña, los gobernadores y algunos intendentes representantes, presidentes de consejos de intendentes de todo el país y los miembros del Conea, se tomó determinaciones muy importantes”, refirió Rojas.
Entre las determinaciones tomadas en esta reunión se anunció el inicio de la distribución de la alimentación escolar con la nueva ley a partir de los primeros días de agosto.
“Entre ellas, el objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar, prácticamente es un hecho, conforme al calendario que llevamos aprobado hoy, que sea proveído a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, informó el ministro Rojas.
Se determinó, además, iniciar con la distribución en 75 distritos de 7 departamentos, mientras que serán prioridad 22 localidades, según la reglamentación rubricada ayer miércoles.
“Se ha resuelto determinar, encarar el desafío en 75 distritos. Existen 7 departamentos que hoy están priorizados dentro del sistema de protección social; estos también tienen seleccionados 22 distritos, pero igualmente se han incluido 3 distritos de cada departamento”, indicó.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.