En Diputados buscarán que se trate en la próxima sesión el proyecto de ley que establece una multa de G. 44.000 a los ciudadanos que no voten en las elecciones. Prevé además que hasta tanto no abonen dicho monto ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), los afectados no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites ante varias entidades públicas.
Los legisladores de la Cámara Baja hasta ahora no trataron la media sanción que otorgó el Senado, en agosto pasado, por lo que el próximo 23 de noviembre dicho proyecto podría tener sanción automática o ficta.
En diversas ocasiones, desde setiembre pasado, los diputados aprobaron el aplazamiento del tratamiento, argumentando que sigue en estudio en las comisiones asesoras y se aguarda los informes. Hay que destacar que la propuesta se había presentado tiempo antes de las elecciones municipales pasadas, con el fin de que las sanciones sean aplicadas durante los comicios, en octubre pasado.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Indi y TSJE facilitan jornada de documentación a comunidades indígenas en San Pedro
Mediante un convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), facilitan el acceso a jornadas de documentación, capacitación cívico electoral e inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP), a las comunidades indígenas de los distritos de Yatayty del Norte y Guajaibí, del departamento de San Pedro.
Estas jornadas se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo próximo, en los distritos mencionados, en las comunidades nativas de Takua Poty, Virgen del Carmen, La Paloma, San José, Kupa’y, Javier Kue Rugua y Guavira Poty.
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En representación de la Justicia Electoral acompañarán dicha actividad las Direcciones del Registro Electoral, Identidad Electoral y la Coordinación de Asuntos Indígenas, así también la comitiva de funcionarios del Indi para facilitar el carnet indígena, funcionarios del Registro del Estado Civil de las Personas para la emisión de certificados de nacimiento y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, para la emisión de cédulas de identidad, primera vez o renovación.
De esta manera las instituciones mencionadas, a través de la Justicia Electoral se comprometen a seguir facilitando las herramientas necesarias para el acceso a documentaciones requeridas y garantizar la participación en los procesos electorales de los integrantes de los pueblos indígenas.
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Óscar Romero dio su versión sobre sanción
El paraguayo Óscar Romero del Botafogo fue separado del plantel por cuestiones disciplinarias, a horas de un partido clave por Copa Libertadores ante Universitario mañana.
En las últimas horas, el prestigioso medio Globo Esporte reveló el supuesto motivo por el que el paraguayo fue separado, lo mismo que su compañero, el uruguayo Diego Hernández.
“Diego Hernández y Óscar Romero, quienes comparten habitación en la concentración, rompieron el acuerdo. La dupla extranjera llevó mujeres al hotel”, explica el portal digital.
En entrevista con la 1080 AM, el paraguayo rompió el silencio y aseguró que se mostró sorprendido por la determinación que tomó la directiva junto al cuerpo técnico, informó Versus/ Nación Media.
“El club tomó la decisión que regrese a Río, la verdad que hubo un problema de convi-vencia en la concentración, se sacan las cosas de contexto y ahora mi familia está afec-tada. Aclaro que el club tomó la decisión, pasaron cosas en una concentración que no deberían suceder. Hay que acatarlo y estar listo para estar a disposición”, explicó el jugador, desmintiendo la ver-sión de los medios brasileños. Por último, señaló que espera resolver lo más pronto posi-ble este tema. “Se especula mucho con el término indis-ciplina, creo que se podía manejar de otra manera el tema, pero hay que acatarlo. A mí me informaron la deci-sión de volver a Río y quedé sorprendido, quizás cuando regresen los dirigentes y cuerpo técnico hablaremos y vamos a resolver”, concluyó el futbolista.
LA VERSIÓN DEL CLUB
“Botafogo informa que por motivos disciplinarios los atletas Romero y Diego Hernández no continuarán con la delegación de Fortaleza a Lima, donde Botafogo enfrentará a Universitario, el jueves (16), en la Conmebol Libertadores. Ambos regresan a Río y realizarán actividades separadas en los próximos días”, informó el club brasileño. Mientras que el diario Globo.com publicó que los dos jugadores metieron mujeres en la concentración, lo que desembocó en la separación de los futbolistas.
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Plantean crear fondo para inversión en tecnología del sector frutihortícola
El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que está en análisis de una iniciativa legislativa que apunta a crear un fondo que financie la ley de Agricultura Familiar Campesina y así posibilitar la inversión necesaria en tecnología que permita asegurar la producción frutihortícola durante todo el año, respaldando al sector contra las amenazas que sufren actualmente.
“Queremos que la agricultura familiar tenga financiamiento porque la ley n.° 6.286 es fantástica, queremos que se cree un fondo de financiamiento para innovación e inversión en infraestructura y tecnología para hacer una agricultura sostenible, para que todo el año pueda producir el pequeño productor que hoy está amenazado por varios factores y que genera un desabastecimiento frutihortícola que nos afecta a todos”, explicó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador liberal detalló que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuenta con un presupuesto de G. 2.500 millones, lo cual no le permite apoyar de manera eficiente al sector productivo, por lo que este proyecto de ley que será presentado el 21 de mayo, busca establecer una nueva forma de que el Estado obtenga los recursos necesarios.
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“Estoy proponiendo una herramienta legislativa que grave el impuesto al grano en su estado natural, el ánimo no es perjudicar a la agroexportación, pero queremos sensibilizar a ese sector porque hay otro que está sufriendo por la falta de tecnología y no tenemos de dónde sacar la plata”, sostuvo. El legislador indicó que prevé reunirse con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con el fin de exponerle su iniciativa.
Desde la perspectiva del diputado por Central, esta ley también generará un incentivo para que los exportadores de granos puedan industrializar sus productos, generando así un valor agregado y produciendo empleo, algo vital para el desarrollo económico del país.
“Con esto no vamos a tener problemas de desabastecimiento, no vamos a depender de otros países, la canasta familiar no va a sufrir variaciones, va a haber fuentes de trabajo porque lo que desarrolla el país es la agricultura familiar, muchas familias se dedican a eso y hoy no están pudiendo trabajar por falta de tecnología”, afirmó.
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