El ex fiscal general del Estado y abogado Óscar Germán Latorre instó a la ciudadanía a no dejarse confundir por los sectores políticos que impulsan un “falso libreto respecto a la criminalización de las luchas sociales”. El abogado sostuvo que durante el debate en el Senado se logró evidenciar claramente las “posiciones ideológicas marcadas y los objetivos radicalmente opuestos” que persiguen dichos sectores políticos, refiriéndose a la izquierda radical.
“Nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada y el Código Penal desde su entrada en vigencia en 1998 tipifica como hecho punible la invasión de inmueble ajeno. Siendo así, lo que la mayoría del Senado ha decidido en esta ocasión no es convertir una conducta permitida en un crimen”, indicó Latorre.
Al respecto, el abogado dijo que la invasión de un inmueble ajeno “siempre ha sido castigada por nuestra ley penal aunque también es verdad que algunos sectores políticos la han convertido en un esquema de permanente engaño a la clase campesina para ganarse adherentes y también para generar un estallido social que en un momento dado de este frágil proceso democrático provino del propio Gobierno”.
Agregó también que el mencionado sector político continuamente apunta al caos y al estallido social, así como a la permanente situación de pobreza de campesinos con el fin de poder “manipular y controlar”. En ese sentido, agregó: “Los que hoy nuevamente pretenden confundir a la opinión pública con el conocido y falso libreto de la criminalización de luchas sociales. Para estos sectores son perfectamente aceptables las invasiones de inmuebles siempre que sean ajenos y no los propios”.
“UN PLAN A NIVEL REGIONAL”
Latorre añadió que el Senado dio el pasado jueves un mensaje claro de que ningún “derecho puede ser adquirido recurriendo a hechos punibles”. Esto, citando que mientas se debatía la propuesta en la Cámara Alta en varias zonas del país grupos de campesinos e indígenas hacían violentos cierres de rutas con la intención de protestar contra el proyecto de ley.
“Esto parece ser parte de un plan a nivel regional donde el caos social resulta el mecanismo concurrente, debemos estar atentos para no revivir los eventos ocurridos en Chile y en Colombia, que han sido organizados y ejecutados con el indisimulado propósito de desestabilizar a sus gobiernos”, expresó.
Finalmente, el abogado mencionó que el Senado dio el primer paso para lograr un “país serio donde la Constitución y la ley sean respetadas”. Latorre sostuvo que en caso de que la iniciativa sea sancionada por el Congreso Nacional y posteriormente promulgada por el Ejecutivo no termine siendo “letra muerta” y que el Ministerio Público se encargue de hacerla cumplir.
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La ARP fustiga a políticos que satanizan la producción
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, destacó ayer la importancia del desarrollo social a través de la producción. Cuestionó también a los sectores políticos que pregonan el asistencialismo, el populismo y fomentando el enfrentamiento entre paraguayos.
“La riqueza y el desarrollo social vienen de la mano de quienes producen y de los gobiernos comprometidos. Para seguir en este proceso, necesitamos seguridad, seguridad física, sobre todo por la amenaza de los grupos terroristas y organizaciones criminales que tanto daño y dolor han causado a tantas familias paraguayas”, dijo el presidente de la ARP en un acto en la Expo de Mariano Roque Alonso.
Sostuvo que los productores apoyan todo el esfuerzo que están haciendo los organismos de seguridad del Estado y piden no escatimar recursos para poner fin a la amenaza de los grupos criminales y lograr la liberación de los secuestrados como Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.
Mencionó que el campo necesita la tan anhelada seguridad jurídica con la defensa de la propiedad privada y los bienes de las personas, a través del fortalecimiento de las instituciones y la regularización de la tenencia de las tierras, pero dejando de lado el discurso populista de ciertos sectores políticos, que solo fomentan el enfrentamiento entre paraguayos.