El diputado Eusebio Alvarenga propuso ayer en plenaria de Diputados una peculiar forma de presión a los responsables de entes públicos que se rehúsen a responder los pedidos de informes emanados del Congreso Nacional.
Dijo que hay una herramienta legal que se puede utilizar contra las autoridades reticentes a facilitar información, que constituye la intimación.
“La figura del informe lógicamente tiene motivadas preocupaciones y eso genera desazón y encono muchas veces. Porque se advierte de una deliberada ausencia de intención de responder. Es decir, muchas personas responsables de las instituciones requeridas no están compelidas y hay que reconocer aquello”, dijo el legislador.
Afirmó que de esta manera se podrá reforzar la posibilidad de obtener los datos e informaciones requeridas desde el ámbito legislativo. “La ley prevé la posibilidad de advertir a los responsables de las instituciones. Es decir, corresponde intimar a esas instituciones reticentes en aportar los datos y las informaciones requeridas desde el Congreso de la Nación”, explicó.
Alvarenga insistió en la necesidad de hacer uso de esta figura legal y reiteró que en “todos los casos en donde no tengamos respuesta a los pedidos de informes formulados desde nuestra cámara, le respondemos con la intimación”.
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Maduro plantea pena de muerte por corrupción
EUROPA PRESS
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó durante un acto público celebrado el sábado instaurar la pena de muerte para castigar delitos de corrupción y de traición y elevarla a nivel constitucional con una reforma de la Carta Magna.
“Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción e inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, planteó Maduro durante un acto para conmemorar el regreso de su predecesor Hugo Chávez al Palacio de Miraflores tras un intento fallido de golpe de Estado el 13 de abril de 2002.
Maduro recordó que “para reformar la Constitución hace falta el pueblo y yo lo convoco a este debate y a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel”, según recoge el portal Efecto Cocuyo.
“Caiga quien caiga”, advirtió Maduro, a la vez que pidió al fiscal Tarek William Saab que investigue todos los casos de corrupción. “Las puñaladas me las han dado por la espalda gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo”, declaró.
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UNA: Facultad Politécnica alcanzó máxima categoría en Ciencia, Tecnología e Innovación
Desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) decidieron otorgar la máxima categoría a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). De ahora en más la facultad se coloca con las tres instituciones en alcanzar este nivel de excelencia en todo el país.
Se trata de la máxima categoría de Institución de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) mediante la Resolución N° 102/24. “Este logro histórico coloca a la Facultad Politécnica como una de las tres instituciones en Paraguay en alcanzar este nivel de excelencia”, expresaron desde la facultad.
Esta categorización se realizó en el marco del Programa Nacional de Incentivos a la Investigación Científica y Tecnológica (PRONII), que se encarga de realizar las evaluaciones de calidad de las investigaciones como de la capacidad de formación de investigadores de las instituciones del país.
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“La Facultad Politécnica obtuvo la calificación de Institución de Investigación Consolidada (CVIN01-37), la categoría más alta dentro del sistema de categorización del Conacyt. Este reconocimiento es un hito para la facultad y el esfuerzo conjunto de los investigadores de la institución”, puntualizaron.
De esta forma la politécnica de la UNA consolida la posición de la unidad académica como líder en investigación científica y tecnológica en Paraguay. “Este logro permitirá a la Facultad Politécnica acceder a mayores recursos para fortalecer sus líneas de investigación y fomentar la formación de nuevos investigadores”, concluyeron.
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“Una institución no puede ser utilizada con otros fines”
El expresidente Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios e incluso un actual legislador fueron imputados en el marco de las investigaciones por filtraciones de informaciones confidenciales generadas a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Celebramos que esto vaya quedando a la luz, una institución no puede ser utilizada con otros fines más de lo que están establecidos en las leyes”, manifestó Preda en contacto con la 650 AM. El abogado es representante legal del presidente Santiago Peña, quien cuando aún era precandidato a dicho cargo, fue una de las víctimas de la difusión de datos confidenciales.
El actual diputado Mauricio Espínola, exsecretario del Poder Ejecutivo, había difundido los ingresos de Peña entre los años 2018-2021, tiempo en el que actual mandatario era director de una banca privada. Preda explicó que esta información era de carácter privado, por lo que no correspondía su publicación.
“Esa es una información privada, la información de cuánto factura está en Tributación, si Seprelad revela esos datos está cometiendo un hecho punible porque esa información está protegida por la ley n.° 125, expresamente dice que la información tributaria no puede ser revelada a terceros”, sostuvo.
Realizó un recuento cronológico de los hechos en los que Espínola difundió información confidencial de Peña y manifestó que todo indica que el actual diputado recibió los datos por parte de la Seprelad por fuera de los conductos legales. “Primero se publicó lo de Mauricio Espínola y el informe oficial que va al Ministerio Público recién estuvo elaborada en la tarde de ese día”, aseveró.
LA IMPUTACIÓN
De acuerdo a lo explicado por Preda, esta imputación del Ministerio Público reúne todas las denuncias realizadas por casos de filtraciones en el marco de la denuncia inicial realizada por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien accionó en contra de las divulgaciones de informaciones confidenciales por parte de entes públicos durante el gobierno de Abdo.
REFERENTE A PEÑA
Respecto a la divulgación de datos de Peña, el abogado explicó: “No guardaban relación con el contenido del informe de Inteligencia elaborado por Seprelad, parecía adrede que de la nada aparecían los ingresos de Santiago Peña. Básicamente era un informe que refería a una empresa donde Peña no cumplía una función y con relación a una persona que tampoco era accionista del banco donde trabajaba Peña; sin embargo, de la nada aparecía cuál era el ingreso de Santiago”, afirmó.
SEPA MÁS
Medios internacionales
La noticia de imputación del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, junto a otros ocho colaboradores cercanos de su gobierno, recorrió el mundo rápidamente, teniendo repercusiones en la prensa internacional tanto en el continente americano, llegando rápidamente al otro lado del mundo. La mayoría de las páginas de noticias internacionales señala que la imputación del Ministerio Público fue por revelar secretos y denuncia falsa.
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TSJE plantea reformas técnicas para el Código Electoral
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmaron que se ha culminado con la redacción de un borrador que prevé una serie de modificaciones técnicas al Código Electoral con miras a las elecciones municipales del 2026. La institución aclaró que estos cambios en la legislación no supondrán la reforma o enmienda constitucional.
“Hemos concluido algunas modificaciones al Código Electoral, específicamente a la Ley n.° 834 y a la n.° 635 que organiza la Justicia Electoral, garantizo que en estas dos leyes y las modificaciones que vamos a enviar al Parlamento, no existe absolutamente nada de corte político, ni menos que tenga que ver con enmiendas o reformas de la constitución”, aseguró Luis Alberto Mauro, asesor de la institución.
Las reformas en el Código que plantea el TSJE, tienen que ver con cuestiones técnicas, señaló Mauro, quien recordó que estas modificaciones ya fueron anunciadas en diciembre de 2023 por el ministro, César Rossel. Para este fin se conformó una comisión que se abocó a la redacción de las modificaciones al Código Electoral.
“Hemos terminado el trabajo y hemos entregado el trabajo a los tres ministros, así como también un informe. Como Justicia Electoral no nos vamos a meter a modificar artículos de corte político, exclusivamente de corte técnico”, ratificó Mauro en diálogo con la 730 AM.
Entre las modificaciones que había mencionado Rossel en conferencia de prensa mencionó la posibilidad de otorgarle más atribución a los fiscales en cuanto a delitos electorales. Añadió que se buscaría aplicar remuneración a los miembros de mesa en lugar de distribuirles comida, además de extender el periodo electoral a 170 días, de modo de garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento político.