Durante la sesión de la Comisión Nacio­nal para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú Bina­cional, la fiscala general, San­dra Quiñónez, aseguró ayer que un equipo especializado de investigadores está traba­jando en forma coordinada con la Contraloría General de la República (CGR), respecto al perjuicio ocasionado al Estado paraguayo en el caso de la deuda de Itaipú. Mencionó que de la investigación surgirá si la causa está o no prescrita.

Quiñónez destacó que el equipo está cumpliendo 6 días de tarea de investiga­ción, y solamente la pes­quisa y el trabajo técnico que se irán realizando en forma coordinada entre la CGR y el Ministerio Público podrán finalmente determinar las causas penales. “Quiero dar­les total tranquilidad y segu­ridad de que la investigación será lo más eficiente, lo más objetiva. Son los documen­tos en este momento los que irán demostrando si es que está o no prescrita la causa”, expresó ante el plenario.

Por su parte, el fiscal Mar­celo Pecci, quien encabeza el equipo de investigación, destacó que el Ministerio Público, a disposición de la fis­cala general del Estado, inició una causa de manera proac­tiva, a partir de la eventua­lidad de que puedan existir conductas penalmente rele­vantes y por la importancia social que pueda tener el caso.

“A partir de ahí iniciamos una labor técnica por parte del equipo fiscal. Esa labor técnica consiste y tiene como punto inicial el examen espe­cial a la deuda de Itaipú Bina­cional. Acudimos a la Con­traloría a retirar el informe, y estamos en el proceso de una lectura minuciosa de ese informe. También hemos solicitado informes a la CGR para que remitan los docu­mentos respaldatorios de las conclusiones asentadas en el informe de examen a la deuda y todos los documentos que sirven de base para la con­clusión del informe”, precisó.

Por su parte, el contralor general, Camilo Benítez, rati­ficó ante el pleno de la comi­sión nacional que durante 13 años (1986-1997) Brasil pagó por energía más barata y Paraguay dejó de percibir unos US$ 1.700 millones, y le generó una deuda de US$ 4.193 millones, la cual con­sidera absolutamente ilegal.

El informe sostiene que, ante el enorme desequili­brio financiero en 1997 por la deuda por reducción al costo de energía para Brasil, se adquirieron más emprésti­tos y que el Paraguay los tuvo que pagar 50-50. Esto generó una deuda ilegal contraria al Tratado, sostiene Benítez. También generó una deuda vencida de US$ 4.193 millo­nes a 1997, por la reducción de la tarifa por debajo del costo al Brasil, en violación al pro­pio Tratado, aseveró el con­tralor paraguayo.