Diputados de diferentes bancadas lamentaron que el proyecto de reforma del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo haya quedado en meras intenciones, puesto que no prosperó en cuanto a su discusión para su posterior implementación.
“Lastimosamente, opyta opareípe (quedó en la nada)”, dijo el colorado Walter Harms, al mencionar que se había conformado incluso una comisión para el inicio de un proceso de diálogo, “pero pronto quedó en la nada”. A su vez, el diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), consideró como “uno de los muchos fracasos del Poder Ejecutivo en este tiempo”, el no haber promovido prácticamente ninguna reforma administrativa que ayude a mejorar el funcionamiento del Estado.
A su criterio, tras la pandemia, ya se hubiese trabajado en la promoción de una reforma de la salud, que logre que todos los paraguayos accedan de manera irrestricta a un sistema de salud. “Fue un gran desperdicio”, sostuvo el legislador.
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), también fue consultada sobre el punto y recordó que desde octubre del año pasado la comisión especial dejó de reunirse. Dijo que el presidente de la República “realmente engañó a la ciudadanía”. “Esto nunca más fue debatido y desde octubre del año pasado dejó de funcionar la comisión bicameral y el Poder Ejecutivo reculó mil pasos”, significó González, al coincidir con su colega patriaqueridista que “es una vergüenza porque que el Paraguay pospandemia no puede ser el mismo”.
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Viceministro buscará reforma integral del sistema
El economista Emiliano Fernández fue presentado como nuevo titular del Viceministerio de Transporte, y prevé enfocarse en dos áreas importantes incluso con las medidas ya vigentes. Apuntará a generar una reforma integral y se trabajará con la premura y la urgencia que necesita el ciudadano.
“Hay que poner con mucha fuerza el carril único para que se respete y que los buses anden más rápido. Otra gran área de trabajo es el diseño y el proceso de implementación de un sistema amigable para la ciudadanía”, remarcó en comunicación con La Nación/Nación Media.
Aseguró que la ciudadanía se merece un nuevo sistema y para esto se verán las experiencias de los países que ya lo hicieron, innovar, y trabajar con el sector de transportistas. “A las luces está que este sistema está fallando. Tenemos que hacer algo distinto, vamos a poner bajo escrutinio todos los elementos que tiene el sistema hoy y nutrirnos de las experiencias exitosas”, aseveró.
ACCIONES INMEDIATAS
Con respecto a las acciones más inmediatas dijo que se verificarán qué medidas están listas para implementarse y reevaluarlas para trabajar a corto plazo. “Sin dudas va a ser una serie de combinaciones, como la vía para ómnibus donde se queda, mejorar el horario nocturno y la frecuencia”, subrayó a LN/NM.
Se enfocará en lograr un sistema de transporte que dé los resultados lo más rápido posible. “Esto significa no irse a esperar el bus por más de una hora ni ir a subirse en uno con malas condiciones o viajar abarrotados, si uno trabaja de noche que venga el colectivo”, agregó sobre todas las acciones que deben tener un impacto en el bienestar del ciudadano.
Por otra parte, consideró que los desafíos en el sector apuntan al financiamiento, la flota de electromovilidad, regulación, utilización de rutas, tarifas, calidad del servicio, monitoreo de control, información online, entre otros.
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“La reforma agraria debe ser abordada de manera integral”
“Nosotros tenemos un país meramente agrícola hasta ahora, casi todo nuestro producto interno bruto (PIB) viene del campo, la ganadería, de la agricultura y los campesinos tienen cada vez menos oportunidades. El planteamiento de qué haremos con los campesinos tiene que ser un programa de Gobierno, de Estado y para esto también debe ser fortalecido el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, afirmó a los medios de comunicación.
Oviedo manifestó que los programas de asistencia técnica de la citada cartera deben tener un mayor enfoque en la agricultura familiar. Añade también que para mejorar las condiciones de vida de los labriegos y sentar las bases para aumentar y hacer más eficiente el proceso productivo en el campo se vuelve urgente impulsar una reforma agraria integral.
“Se debe abordar como tema la educación, producción, salud y la tenencia de tierras cuyo sistema de distribución es uno de los peores del mundo, el campesino no tiene tierras en comparación a los grandes productores. El problema campesino no se trata solo de dinero, se tiene un problema técnico, la situación debe ser analizada íntegramente”, indicó.
Añadió que el Estado debe garantizar a los campesinos la preparación adecuada para que puedan proveer alimentos de calidad, abrir mercados para la colocación de sus productos y facilitar, a la vez, el traslado de los mismos hasta la capital o incluso su exportación. “Hay modelos que se encuentran funcionando muy bien como el establecido en la localidad de Tembiaporã, que exportan bananas a Chile y Argentina, eso debe ser aplicado en todo el país”, refirió.
La movilización impulsada por la Federación Nacional Campesina (FNC) logró aglutinar a varios de sus dirigentes provenientes de las zonas de San Pedro, Caaguazú, Central y Paraguarí. Los mismos marcharon por las principales calles de la capital exigiendo a las autoridades mayor apoyo a la producción campesina.
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Desmienten que intención de enmienda o reforma será abordada en convención ANR
“En una convención de un partido no se resuelve una enmienda o reforma constitucional, solo lo dicen para crear algún tipo de inconveniente”, aseveró Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien desmintió que exista intenciones de abordar este tema en la convención del próximo 9 de marzo.
En diálogo con la 650 AM, González dejó en claro que no ha sido un tema en discusión la posibilidad de plantear una enmienda o reforma constitucional con miras a una reelección. Indicó que dicho tema ni siquiera forma parte de la agenda del movimiento Honor Colorado ni del propio partido, por lo que descartó totalmente esta posibilidad.
“Un tema de reforma o enmienda constitucional para una reelección jamás escuché. Yo no veo que en mi equipo político, en el partido o en el movimiento se haya planteado tal situación. Creo que son personas que quieren distraer o causar inconvenientes, hay que ver quiénes están instalando esto, porque no se le escuchó a algún referente de Honor Colorado hablar de eso”, sentenció.
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Desde la ANR se encuentran abocados en que la convención sea una “gran fiesta republicana”, aseguró González y afirmó que la intención detrás de estos rumores es instalar zozobra en la ciudadanía. Asimismo, indicó que la posibilidad de una reelección tampoco forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo.
“Yo veo al presidente de la República muy enfocado en su programa de gobierno, está trabajando arduamente en eso, nosotros estamos trabajando también en el partido bajo la conducción de Horacio Cartes en la gestión, programas de becas, apoyo al gobierno y conducción política”, expresó.
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Otra reforma estatal mediante una propuesta del Ejecutivo
Si hay una tarea a llevarse a cabo y de la que los ciudadanos desean que se realice y cuanto antes mejor, es la de ordenar al Estado para que cumpla con sus funciones establecidas en nuestra Constitución Nacional.
El ordenamiento estatal es fundamental en cualquier país. El mismo significa establecer reglas de juego claras sin privilegios para nadie para de ese modo consolidar el ingreso del ciudadano que desee ser parte del sector público donde prime la igualdad ante la ley y la meritocracia. El ingreso al sector público a la fecha tiene numerosas dificultades con leyes que lamentablemente no pudieron lograr aquellos propósitos antes señalados.
Así, por ejemplo, la Ley 1626 de la Función Pública que data del año 2000 fue objeto de un sin fin de inconstitucionalidades en su contra que, en vez de ordenar al sector estatal, terminaron por desorganizarlo al punto de perjudicar a aquellos funcionarios que de modo permanente realizan capacitaciones y desean convertirse en genuinos servidores públicos.
La Ley 1626, a raíz de las numerosas inconstitucionalidades planteadas en su contra ante la Corte Suprema de Justicia con sentencias a favor de los recurrentes, no logró sus objetivos e hizo finalmente que los ciudadanos más capacitados –que existen en nuestro país y en el mismo Estado– no cuenten con reglas no solo de ingreso a la función pública, sino tampoco tienen reglas claras para sus respectivos y justos ascensos. Es por ello que se requiere una legislación moderna con acuerdo a nuestra ley fundamental.
De ahí que una iniciativa como la que en estos días ha presentado el Ejecutivo denominada Proyecto de Ley de la Función Pública y el Servicio Civil se convierta en una importante propuesta de ordenamiento estatal, como dijo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en la presentación del referido proyecto ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El proyecto tiene por objetivo, entre otros, hacer posible que los paraguayos que deseen ser parte del Estado como funcionarios de carrera se encuentren protegidos de las contingencias propias de los intereses partidarios. Tengan la oportunidad, igualmente, de ser parte del sector público para que de esta manera la misma administración gubernamental logre elevar la eficiencia en su gestión, así como mejorar la transparencia en el uso de los recursos del gasto público.
En tal sentido, el derecho administrativo como parte del derecho público estudia y pone a disposición un importante arsenal de conocimientos para una mejor organización y funcionamiento del Estado, de las relaciones con los ciudadanos, así como la de garantizar el principio de legalidad constitucional.
Esta conceptualización del derecho administrativo se entiende todavía mejor si la expresamos como la manera en que el Estado se relaciona con el ciudadano, de modo que sus actividades se correspondan con calidad, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia, todo lo cual tiene un impacto positivo sobre la economía en su conjunto.
De lo que se trata en cuanto se refiere al servicio civil es que los recursos humanos en su relación con el Estado se encuentren amparados en un marco de seguridad jurídica de ingreso, permanencia y ascenso de los ciudadanos funcionarios públicos en las diversas reparticiones estatales sin tener que depender de los padrinos o amigos que terminan por radiar a los más preparados y honestos.
El ordenamiento estatal a través de este proyecto de Ley de la Función Pública y el Servicio Civil se viene a constituir, por tanto, en un avance más de propuestas concretas presentadas por el Ejecutivo y a ser analizadas por el Congreso, con el expreso objetivo de mejorar al Estado pagado por los contribuyentes, quienes se merecen que su dinero sea utilizado por el bien de la sociedad.